Por Juan Patricio Méndez (*)
Volver a redactar algunas líneas vinculando una crisis de representación con una crisis de la democracia no es algo normal. Su emergencia nace de su necesidad de discusión. Este marco narrativo explica la conflictiva contextual del proyecto de Zonificación Minera, rechazado por la amplia mayoría ciudadana de Chubut, e igualmente aprobado por 14 legisladores el día 15 de diciembre. Coyuntura que no puede ser puesta en debate si no se tiene en cuenta que, lejos de representar a la ciudadanía, los intereses que han sido velados y cuidados fueron siempre los de las empresas.
La intención de aprobar este proyecto es de larga data, y se mete dentro de una histórica lucha, marcada por la resistencia popular y de las asambleas ambientalistas y sociales, donde la megaminería ha intentado avanzar sobre los territorios. Durante el 2020 y el 2021 varias fueron las veces que se ha llamado a sesiones extraordinarias para tratar la propuesta de la Zonificación Minera.
El periodista de Fabricio Cardelli, en diálogo con este medio, comentó el desarrollo del conflicto en la Legislatura chubutense: “Es una resistencia difícil de entender si no se presta atención. Trasciende las organizaciones, los partidos. Esta defensa del agua está arraigada en cada ciudad donde se debata en la provincia de Chubut. 19 años resistiendo, y de un día para el otro metieron la Zonificación Minera, es decir, aprobaron la megaminería”. “La gente salió autoconvocada a la calle inmediatamente luego de darse a conocer los resultados. Hay registros de policías infiltrados, hay registros de pibes cagados a palos”, continuó el periodista. “Desde aquel plebiscito que se dio en Esquel con el 82%, donde luego se sancionó una ley que prohibió la megaminería, la gente lo ha hecho propio, hasta que llegaron los diputados y votaron al revés”, concluyó.
“Esta defensa del agua está arraigada en cada ciudad donde se debata en la provincia de Chubut. 19 años resistiendo, y de un día para el otro metieron la Zonificación Minera”
El escenario político y social se armó para sostener los intereses de la megaminería. En conjunto, los tres poderes del estado unieron estructuras para montar esta avanzada en contra del pueblo, limitando por un lado el acceso a la justicia, y por otro lado yendo en contra de los intereses de la ciudadanía.
Sin pausa y con mucha prisa, el gobierno provincial buscó acelerar los tiempos para concretar el proyecto con el cual la minera Pan American Silver tendrá el camino libre de trabas para explotar la meseta y las regiones de Gastre y Telsen. El gobernador de la Provincia de Chubut Mariano Arcioni, y el diputado provincial y presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados Carlos Eliceche, ejercieron presión para convocar a los legisladores para votar a favor de la enmienda parlamentaria.
Pero esto no ha sido solamente un juego de convocatorias. Han aparecido documentos que alertaron sobre la posibilidad de que se concrete un plan de esta índole. El crítico informe de la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CONICET puso en evidencia el entramado político y ambiental, así como también las posibles consecuencias en caso de aprobarse la iniciativa, que van desde el desastre a la inexistencia del recurso, como ya lo hemos comentado en Radio Gráfica hace un tiempo.
Por un lado, informó que “esta actividad aumenta las probabilidades de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos”. Por otro, aseveró que “en este contexto, la megaminería representa un escenario de amenaza frente a un sistema ambiental vulnerable”. Y concluyó que “es necesaria una gestión equitativa de un recurso tan valioso como el agua, en contextos de cambio climático, desertificación, expansión de actividades y aumento de la población, deben estar acompañados por estudios transdisciplinarios”.
Sin embargo, y pese a las continuas movilizaciones de las asambleas y de las comunidades, de los reclamos efectuados por las agrupaciones sociales y ecologistas, luego de haberse rechazado por amplia mayoría el proyecto de ley de Zonificación Minera, la legislatura igualmente lo aprobó. Los 14 funcionarios que votaron por el sí fueron: Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau, del bloque oficialista de Chubut al Frente; Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut) y Adriana Casanovas y Monica Saso (Frente de Todos).
Represión hacia los manifestantes
Vale aclarar que la votación se dio con una marcada presencia de las fuerzas de seguridad que rodearon el recinto legislativo. Este llamamiento de protección marca la pauta de que lo que fue puesto en debate no fueron otra cosa que negociados. Votar una ley a espaldas del pueblo tiene este tipo de repercusiones, entre las cuales (fundamental como derecho), está la manifestación.
Sin embargo, la contestación de la provincia, lejos de ser la escucha, fue la represión. Y no cualquiera, sino que fue brutal. Se trató de una cacería de asambleístas y manifestantes en manos de grupos cuyo comportamiento fue paramilitar. Los primeros comentarios que llegaron desde la Patagonia fueron de “detenciones y heridos” a cuadras de la Legislatura de la provincia.
La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) emitió un comunicado en su sitio web al respecto, donde señaló que se trata de “más de 20 años de lucha, plebiscitos y movilizaciones. Es un atropello y una traición a la voluntad popular. Un gobernador que ganó haciendo campaña contra la minería, ahora promueve su aprobación un 15 de diciembre, en una de esas sesiones en las que se votan los temas controversiales”. Asimismo, el pronunciamiento recalcó la violencia institucional y repudió “la zonificación y la represión que hubo ayer en las movilizaciones fuera de la Legislatura chubutense”.
“Es un atropello y una traición a la voluntad popular. Un gobernador que ganó haciendo campaña contra la minería, ahora promueve su aprobación”
Asimismo, desde la Plataforma Socioambiental también emitieron un comunicado, donde repudiaron “la aprobación de la zonificación de la megaminería de la mano de 14 legisladores dentro de la legislatura de Rawson en la provincia de Chubut. Nos solidarizamos con las asambleas compañeras que se manifestaron y fueron brutalmente reprimidas por parte de la policía que custodia los intereses de las empresas y los legisladores que entregan el agua”. Por su parte, el Concejo Deliberante de Puerto Pirámides declaró personas no gratas en la localidad a los 14 legisladores que votaron por la aprobación de la Zonificación Minera.
Durante el día de ayer continuó la represión a distintos manifestantes, asambleístas, compañeros y compañeras que marcharon hacia la Casa de Gobierno de Chubut, quienes la describen como una “verdadera cacería”. “Entregaron el agua del pueblo para las empresas y para el negocio. No es No. Basta de megaminería en los territorios”, es la consigna que baja en cada una de las avenidas patagónicas y de las distintas columnas de manifestantes. Para el día de hoy se convocaron marchas hacia la Casa de Gobierno de Chubut y en distintos puntos de la provincia para exigir la derogación de la normativa.
En tiempos de gran crisis hídrica de una provincia avasallada por el extractivismo que dejó una profunda secuela a nivel ecológico y social, de una conjunción de políticas orientadas al beneficio empresarial, con la desestimación de las peticiones del pueblo ante el advenimiento de un proyecto altamente nocivo para la sustentabilidad, y en el marco de una necesaria reforma ambiental, la aprobación de esta normativa no puede entenderse de otra forma que no sea el lobby.
Distintas firmas y CEO’s se aseguraron que el proyecto debía ser aprobado en la legislatura para seguir explotando los suelos y los territorios que son de todos. Lamentablemente nos acostumbraron a este tipo de conductas fraudulentas en cada uno de los recintos legislativos provinciales, dejando en evidencia que el tipo de gobernanza ejercida no es democrática ni civilmente representativa, sino que por el contrario vislumbra la cercanía con instituciones del ámbito privado.
La aprobación de esta normativa no puede entenderse de otra forma que no sea el lobby
Y también esta actualidad debe llevarnos hacia una reflexión sobre el carácter de la real democracia representativa. Se evidencia un tratamiento altamente perjudicial para el institucionalismo y el sistema de gobierno con la aprobación de un proyecto que ya fue rechazado por los pueblos.
Basta de megaminería en los territorios. No pasarán.
(*) Periodista y Columnista de Ambientalismo de Abramos la Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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