Por Juan Natalizio*
Un correo electrónico filtrado del Pentágono volvió a agitar, como tantas veces en la historia argentina, la ilusión de que los Estados Unidos podrían modificar su posición respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas. La noticia, difundida con impacto mediático, sugiere posibles medidas contra aliados de la OTAN que no acompañaron determinadas decisiones estratégicas de Washington, y en ese marco aparece, casi lateralmente, la cuestión Malvinas. Sin embargo, lejos de tratarse de un giro geopolítico sustantivo, todo indica que estamos ante una operación más cercana al terreno simbólico que a una redefinición real del poder mundial.
Conviene, en primer lugar, dimensionar correctamente el hecho. No es lo mismo una línea interna escrita por un asesor del Pentágono que una decisión adoptada por la Casa Blanca. En política internacional, las jerarquías importan. Y, como bien se advierte en el análisis del propio documento, la existencia de “opciones” o “medidas posibles” no equivale a una política de Estado. En todo caso, el episodio revela tensiones dentro del sistema de poder estadounidense, pero no una voluntad concreta de alterar su histórica alineación con el Reino Unido.
En ese marco, el verdadero riesgo no es el contenido del correo, sino su utilización política. Porque en la Argentina contemporánea, atravesada por una política exterior de subordinación explícita, este tipo de señales puede ser leído —o peor aún, promovido— como un indicio de cercanía privilegiada con Washington. Y allí aparece la trampa: creer que la alineación automática puede traducirse en beneficios estratégicos para la causa Malvinas.
Como ha señalado el ex diplomático Guillermo Rossi, no existe una alianza estratégica real con Estados Unidos, sino una relación de dependencia acrítica. Y es precisamente esa lógica la que permite comprender por qué ciertos sectores del gobierno otorgan a este tipo de filtraciones un valor que no tienen en términos concretos. El problema no es el correo en sí, sino la expectativa que genera en una dirigencia que, una vez más, confunde subordinación con influencia.
En ese sentido, incluso los análisis periodísticos más cercanos al oficialismo reconocen que el vínculo con Estados Unidos excede lo económico y se proyecta sobre cuestiones geopolíticas sensibles, como la posible construcción de una base naval integrada en Ushuaia. Distintas fuentes gubernamentales admiten que ese proyecto cuenta con consenso en sectores del poder estadounidense y que las conversaciones se han reactivado en los últimos meses. Es decir: mientras se instala la idea de un eventual apoyo en Malvinas, se consolidan condiciones para una mayor presencia militar extranjera en el Atlántico Sur.
La historia argentina debería funcionar como antídoto frente a estas ilusiones. No es la primera vez que se promete lo que nunca llega. Arturo Frondizi lo relató con crudeza en 1989, al recordar que un general del Pentágono le anticipó la lógica que finalmente se impondría: estimular una acción argentina en Malvinas, apoyar a los británicos en el conflicto y garantizar así la instalación de una gran base militar en el Atlántico Sur. No se trata de una anécdota menor. Es, en todo caso, una clave de lectura sobre cómo operan las potencias en la periferia.
La propia conducción militar argentina en 1982 cayó en esa ilusión. Como reconoció el almirante Anaya en el Informe Rattenbach, existía la creencia de que Estados Unidos podría mantener una posición de neutralidad. Esa percepción no era abstracta: se apoyaba en experiencias concretas de interlocución con funcionarios norteamericanos, incluso en ámbitos tan sensibles como la política regional. Pero esa lectura, profundamente equivocada, fue uno de los supuestos estratégicos que condujeron al desastre.
El problema, entonces, no es nuevo. Es estructural. La Argentina ha oscilado, a lo largo de su historia, entre proyectos de autonomía y momentos de subordinación, y en cada ciclo dependiente reaparece la ilusión de que el alineamiento traerá recompensas. Hoy, bajo nuevas formas, esa lógica persiste. De Galtieri a Milei, lo que se mantiene es la creencia de que la cercanía con Washington otorga un lugar privilegiado en el tablero global. La realidad demuestra lo contrario.
En este contexto, resultan particularmente preocupantes ciertas lecturas que minimizan el rol histórico de Estados Unidos en la cuestión Malvinas. Daniel Filmus, por ejemplo, sostuvo que: “cada vez que el mundo discute Malvinas, el costo político para Reino Unido aumenta” y agregó que “Estados Unidos nunca tuvo una posición a favor de Reino Unido salvo en la guerra de Malvinas. La posición de Estados Unidos siempre fue neutral”.
Esa afirmación desconoce episodios fundamentales de nuestra historia. En 1831, mucho antes de 1982, Estados Unidos intervino directamente en Malvinas tras las acciones del gobernador Luis Vernet contra buques que operaban ilegalmente en la zona. La respuesta fue contundente: el ataque del USS Lexington a Puerto Luis, el saqueo de la población y el desconocimiento explícito de la soberanía argentina. No hubo neutralidad. Hubo intervención.
El propio presidente Andrew Jackson dejó en claro la posición de su gobierno al denunciar las acciones argentinas como una amenaza al comercio estadounidense y ordenar el despliegue de fuerzas navales en la región. La lógica era la misma que se repite hasta hoy: garantizar la libertad de acción de sus intereses económicos, sin reconocer derechos soberanos de los países periféricos.
Por eso, el verdadero debate no pasa por esperar un cambio de postura de Estados Unidos, sino por reconstruir una política nacional en el Atlántico Sur. La soberanía no se mendiga: se ejerce. Y para ejercerla, la Argentina necesita capacidades concretas —económicas, militares y políticas— que hoy están ausentes o debilitadas.
El Reino Unido no se sostiene en Malvinas por discursos, sino por poder efectivo. Controla el mar, explota recursos, otorga licencias pesqueras y proyecta presencia militar. Frente a eso, la Argentina responde con declaraciones diplomáticas y expectativas en organismos internacionales que, desde 1965, no han logrado modificar la situación de fondo.
Si realmente se quiere incomodar al Reino Unido, el camino no pasa por esperar señales desde Washington. Pasa por cortar los circuitos económicos que sostienen la ocupación, por recuperar capacidades navales, por ejercer control sobre los recursos y por construir una estrategia integral para el Atlántico Sur. Todo lo demás —incluidos los correos filtrados— es, en el mejor de los casos, distracción.
La historia ya mostró cómo operan las potencias. La pregunta es si la Argentina está dispuesta, esta vez, a aprender de ella.
(*) Investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Conductor de Malvinas Causa Central, los jueves 11 am en Radio Gráfica.
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