Por Juan Natalizio*
Hay hechos que no admiten neutralidad. El 2 de mayo de 1982 no fue un episodio más de la guerra: fue el momento en que el poder imperial decidió, con plena conciencia, clausurar la posibilidad de una salida diplomática y transformar un conflicto en una guerra sin retorno. El hundimiento del ARA General Belgrano no fue un acto de combate. Fue una decisión política. Y como tal, debe ser juzgada.
Porque el dato central —el que el discurso oficial británico intenta diluir— es que el Belgrano no estaba atacando. No avanzaba sobre la flota. No representaba una amenaza inmediata. Se encontraba fuera de la zona de exclusión y en maniobra de repliegue. En cualquier estándar serio del derecho internacional, esto desarma la justificación básica de la legítima defensa. Sin inminencia, no hay defensa. Sin defensa, hay agresión.
Pero la gravedad del hecho no se agota en la situación táctica del buque. El Belgrano fue hundido en el momento exacto en que la paz era posible. Mientras avanzaban las negociaciones impulsadas por el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, mientras la Argentina había ordenado el repliegue de sus fuerzas y suspendido operaciones ofensivas, Londres tomó la decisión de golpear. No para defenderse, sino para impedir la paz.
Aquí aparece el verdadero núcleo del problema. La guerra no se “desató”: fue empujada. El gobierno de Margaret Thatcher, junto a su gabinete y sus asesores militares, modificó las reglas de empeñamiento para habilitar el ataque. Esto no es un detalle técnico: es la prueba de que la acción no respondía a una necesidad militar urgente, sino a una decisión estratégica. Si el peligro hubiera sido real, no habría hecho falta cambiar las reglas. Las reglas se cambiaron porque la guerra ya estaba decidida.
Y esa decisión tiene responsables. No es una abstracción histórica. Fue adoptada por una dirigencia política que eligió la escalada antes que la negociación. Fue ejecutada por una estructura militar que actuó bajo órdenes precisas. Y fue sostenida por una narrativa posterior que intentó justificar lo injustificable: presentar como defensa lo que fue, en esencia, una agresión.
Desde el punto de vista del derecho internacional, los elementos son contundentes. Se violó el principio de necesidad, al atacar un buque que no representaba una amenaza inmediata. Se quebró el principio de proporcionalidad, al provocar la muerte de 323 tripulantes sin justificación militar concreta. Y se ignoró el principio de no agravamiento del conflicto, al ejecutar el ataque en pleno proceso de negociación. No hay eufemismo posible: esto configura un crimen de guerra.
Pero hay una precisión que no es menor. Quienes dieron su vida en el ARA General Belgrano no son simples víctimas: son héroes de la patria, hombres que asumieron conscientemente la defensa de la Nación. Pero ese reconocimiento no atenúa en lo más mínimo la responsabilidad de quienes ordenaron el ataque. Por el contrario, la agrava. Porque no se trató de una fatalidad de la guerra, sino de una decisión política consciente que envió a la muerte a marinos que no representaban una amenaza inmediata. El heroísmo de los argentinos no absuelve el crimen británico: lo expone con mayor crudeza.
Pero la historia no se agota en la decisión imperial británica. Porque si el Belgrano fue hundido por una voluntad política extranjera, su impunidad fue garantizada por una voluntad política local. La dirigencia argentina —con raras excepciones— eligió no investigar, no denunciar y, en última instancia, no confrontar. No llevó el caso a los tribunales internacionales, no construyó una ofensiva diplomática sostenida y no transformó el hecho en bandera jurídica. Esa omisión no fue inocente: fue la expresión concreta de una estructura de subordinación que atraviesa la historia nacional.
A esta cadena de responsabilidades hay que agregar un eslabón decisivo: la institucionalización de la impunidad. Los llamados Acuerdos de Madrid no fueron un gesto diplomático ingenuo, sino una capitulación política. En la declaración conjunta de 1989 se estableció que ninguna de las partes reclamaría por los hechos ocurridos durante la guerra. Traducido al lenguaje real: la Argentina renunciaba a investigar los crímenes cometidos en el conflicto. No fue olvido. Fue decisión.
Así, lo que no habían logrado los torpedos británicos lo terminó de sellar la firma de la dirigencia argentina. Las denuncias sobre violaciones al derecho internacional humanitario —incluyendo el propio hundimiento del Belgrano y hechos contra prisioneros de guerra— existían, estaban documentadas e incluso motivaron leyes que ordenaban investigar esos crímenes. Pero esas normas, como tantas otras en la historia nacional, quedaron en el papel. Décadas de vigencia sin aplicación no son desidia: son política de Estado. Una política que garantizó que el crimen no solo no fuera juzgado, sino que ni siquiera fuera plenamente investigado.
En lugar de colocar el hundimiento del Belgrano en el centro de una estrategia internacional, la Argentina lo relegó al terreno de la conmemoración. Se lloró a los muertos, pero no se exigió justicia. Se evocó el sacrificio, pero no se señaló con nombre y apellido a los responsables. Así, lo que podía haber sido un caso emblemático de denuncia contra el uso ilegal de la fuerza por parte de una potencia colonial, quedó encapsulado en el ámbito de la memoria, desprovisto de eficacia política. Es la vieja tragedia de los países dependientes: incluso sus derrotas son administradas por la lógica del sistema que los somete.
Y esa continuidad histórica no se ha roto. Las declaraciones del actual presidente Javier Milei, manifestando admiración por Margaret Thatcher, no son un exabrupto aislado: son un síntoma. Expresan una concepción del mundo en la cual el poder imperial no es cuestionado, sino admirado. En ese marco, Malvinas deja de ser una causa nacional para convertirse en una incomodidad diplomática, un residuo del pasado que debe ser administrado con prudencia, es decir, con resignación.
Más grave aún es cuando esa lógica se filtra en el propio aparato estatal. Que un ministro de Defensa caracterice el hundimiento del Belgrano simplemente como un “acto de guerra” no es una precisión técnica: es una toma de posición política. Porque al reducir el hecho a su dimensión bélica, se elimina del debate su carácter ilícito. Se borra la discusión sobre el crimen de guerra y se naturaliza la violencia como parte de una normalidad histórica. Dicho de otro modo: se legitima, desde el propio Estado argentino, la narrativa del agresor.
Así se completa el cuadro. De un lado, una potencia que viola las reglas cuando le resultan incómodas. Del otro, una dirigencia que renuncia a denunciarlas cuando le corresponde hacerlo. Entre ambos, la verdad histórica queda atrapada en un limbo donde ni se juzga ni se olvida, pero tampoco se transforma en acción política. Y sin acción política, no hay justicia posible.
Porque el Belgrano no fue solo hundido por los torpedos del HMS Conqueror. Fue hundido también —y esto es lo más grave— por la incapacidad de una dirigencia para asumir plenamente las consecuencias de ese hecho. Mientras no se rompa esa lógica, Malvinas seguirá siendo no solo una herida abierta, sino también una lección no aprendida. Negarse siquiera a investigar si se trató de un crimen de guerra no es un gesto de prudencia ni una estrategia diplomática: es una decisión política. Y en ese gesto se revela una continuidad histórica incómoda, donde la renuncia a ejercer soberanía en el plano jurídico acompaña la aceptación tácita del poder de las potencias. Porque cuando un país no se anima ni siquiera a indagar, no está eligiendo el silencio: está administrando la impunidad.
*Periodista e investigador de la Causa Malvinas. Conductor de Malvinas Causa Central (Jueves de 10 a 12 hs.)
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