Por La Alameda
El origen del conflicto: ajuste, privatización y traición electoral
La chispa que encendió la actual rebelión fue el Decreto Supremo 5503, mediante el cual el gobierno eliminó los subsidios a los combustibles. El resultado fue inmediato: aumentos de hasta un 162% en el precio del diésel y la gasolina, disparando el costo de vida y profundizando una inflación ya fuera de control.
Rodrigo Paz Pereira justificó la medida afirmando que el Estado ya no podía sostener subsidios que consumían miles de millones de dólares anuales. Pero para millones de bolivianos el problema no fue solamente económico. Lo que explotó fue la sensación de una profunda estafa política. El gobierno llegó prometiendo estabilidad y diálogo, y terminó aplicando un programa clásico de ajuste neoliberal: reducción del gasto público, apertura al capital privado y señales de privatización en sectores estratégicos como hidrocarburos, litio y servicios públicos.
La población percibió rápidamente que detrás del discurso de “modernización” se escondía una transferencia de riqueza desde las mayorías populares hacia las élites financieras y empresariales. Bolivia, un país con una larga memoria de luchas contra el saqueo de recursos naturales, reaccionó con fuerza.
El impacto social: hambre, inflación y desesperación
Las consecuencias sociales del ajuste fueron devastadoras. El aumento de combustibles impactó directamente en los precios de alimentos, transporte y productos básicos. La escasez de dólares paralizó importaciones, debilitó la actividad productiva y generó incertidumbre generalizada.
En los barrios populares de El Alto y La Paz, la bronca creció a medida que las familias perdían capacidad de compra y comenzaban a faltar alimentos y medicamentos. Mientras tanto, los sectores empresariales exigían “mano dura” para despejar rutas y garantizar exportaciones.
La crisis dejó al descubierto una contradicción brutal: mientras el gobierno hablaba de equilibrio fiscal, el pueblo hablaba de supervivencia.
Las organizaciones populares y la conducción de la resistencia
La rebelión boliviana no surgió espontáneamente. Tiene organización, historia y conducción política y sindical. La Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por Mario Argollo, pasó de exigir aumentos salariales y soluciones económicas a reclamar directamente la salida del presidente.
Junto a la COB aparecen actores históricos del movimiento popular boliviano: los Ponchos Rojos, organizaciones campesinas, sindicatos mineros, maestros rurales, transportistas y movimientos indígenas del altiplano.
Dirigentes como Jaime Condori y Bernabé Gutiérrez Paucara se transformaron en referencias de la resistencia territorial, especialmente en los bloqueos y cercos sobre La Paz. La llamada “Marcha por la Vida” unificó distintos sectores sociales bajo una consigna común: detener el ajuste y derrotar al gobierno.
Detrás de esta articulación también aparece la influencia política de Evo Morales, quien conserva fuerte inserción en sindicatos campesinos y cocaleros, aun en medio de la persecución judicial y las órdenes de captura impulsadas por el oficialismo.
Del reclamo económico al “que se vaya”
Toda gran rebelión popular tiene un punto de inflexión. En Bolivia, ese momento llegó cuando amplios sectores dejaron de reclamar solamente medidas económicas y comenzaron a exigir la salida del presidente.
La lógica popular fue simple: si el ajuste es inseparable del gobierno, entonces el problema ya no es una ley o un decreto, sino el poder político que los sostiene.
La represión aceleró este proceso. Las muertes de manifestantes, las detenciones masivas y la judicialización de dirigentes sindicales radicalizaron el conflicto. Lo que inicialmente era una protesta contra el aumento de combustibles terminó convirtiéndose en una crisis de legitimidad del régimen político.
La fractura en el poder: el vicepresidente rompe con Paz
Uno de los elementos más explosivos de la crisis es la ruptura interna en el gobierno. El vicepresidente Edmand Lara tomó distancia pública de Rodrigo Paz y pasó a respaldar abiertamente las movilizaciones.
Lara denunció la represión, cuestionó las medidas de ajuste y llamó a abrir un diálogo sin condiciones. Pero su movimiento no es solamente moral o institucional: expresa una fractura real dentro del bloque de poder.
En Bolivia, históricamente, las divisiones en las fórmulas presidenciales han anticipado cambios de ciclo político. Lara parece intentar construir una alternativa apoyándose en el desgaste del presidente y en la presión popular de las calles.
La posibilidad de una sucesión constitucional ya no parece una hipótesis lejana.
Estados Unidos, Israel y la derecha regional cierran filas con Paz
El respaldo internacional al gobierno boliviano no es casual. Estados Unidos ve en Rodrigo Paz Pereira a un aliado estratégico para consolidar un giro conservador en la región y garantizar condiciones favorables para las inversiones privadas y el control de recursos estratégicos.
En ese marco, Washington denunció las protestas como un intento de “desestabilización”, mientras gobiernos de derecha de la región cerraron filas con La Paz. También crecieron las denuncias sobre apoyo logístico externo para reforzar los aparatos de seguridad bolivianos particularmente de parte del gobierno de Milei.
El alineamiento geopolítico es evidente: detrás de la defensa del gobierno no solo está la preocupación por la estabilidad institucional, sino el temor a que Bolivia vuelva a convertirse en un ejemplo de resistencia popular contra el neoliberalismo.
El miedo al efecto contagio
Ese es el verdadero fantasma que recorre a las derechas latinoamericanas. Si el pueblo boliviano logra derrotar un programa de ajuste mediante la movilización popular, el impacto regional podría ser enorme.
En un continente atravesado por inflación, endeudamiento, pérdida salarial y políticas de ajuste, Bolivia puede transformarse en una referencia política para otros pueblos que también enfrentan ataques contra sus condiciones de vida.
Por eso las élites económicas observan con preocupación cada bloqueo, cada marcha y cada señal de debilidad del gobierno. No temen solamente perder Bolivia: temen que el ejemplo se multiplique.
Los posibles escenarios
Hoy Bolivia parece encaminada hacia tres posibles desenlaces.
El primero es una salida institucional mediante la renuncia de Rodrigo Paz y la asunción del vicepresidente Edmand Lara, quien buscaría desactivar el conflicto restituyendo subsidios y frenando privatizaciones.
El segundo —y quizás el más probable— es una larga guerra de desgaste. El gobierno apuesta a quebrar la resistencia popular mediante el desabastecimiento, el cansancio y la presión económica. Los movimientos sociales, por su parte, buscan volver ingobernable el país hasta forzar la caída presidencial.
El tercer escenario es el más peligroso: una salida represiva abierta mediante estado de excepción y militarización total. Ese camino podría derivar en una espiral de violencia con consecuencias imprevisibles para Bolivia y toda la región.
Un punto de inflexión para América Latina
La lucha boliviana excede las fronteras nacionales. Lo que está en juego es una discusión mucho más profunda: quién paga las crisis económicas y quién controla los recursos estratégicos de nuestros países.
Si el pueblo boliviano logra frenar el ajuste y derrotar un proyecto de saqueo neoliberal, se abrirá una nueva etapa política en América Latina. No porque Bolivia tenga una solución mágica, sino porque demostraría algo fundamental: que incluso en condiciones extremadamente difíciles, los pueblos organizados pueden enfrentar a gobiernos respaldados por las grandes potencias, los grupos económicos y los aparatos represivos.
Bolivia vuelve a recordarle al continente una vieja verdad latinoamericana: cuando los pueblos se ponen de pie, ningún poder parece eterno.
- Artículo publicado originalmente en Somos Alameda
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