Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
“Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país, gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente Constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que esto significa para mí”.
Palabras cargadas de emoción y de historia. Pedro Castillo abrió una nueva etapa para Perú y promete ser un eslabón importante para la integración regional.
La Gráfica anticipó esta semana, que Argentina asumirá la presidencia de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2022. La política exterior de nuestro país tuvo más aciertos que errores, entre los que vale mencionar el temprano reconocimiento de Castillo. Junto al México del AMLO se interviene buscando mantener un equilibrio con el Norte, mientras se vuelve al carril de acuerdos mínimos entre las diferentes “patrias chicas”.
Lula Da Silva lo sintetizó en una entrevista esta semana: “Si actuamos en bloque, estableciendo una asociación, sin la hegemonía de un país sobre otro, podemos crear un bloque extraordinario, económicamente fuerte, de más de 400 millones de seres humanos”.
Por su parte, en un gran discurso Andrés López Obrador, pronunciado en el Castillo de Chapultepec a propósito de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, planteó: “Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía, con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”, a la vez que definió que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”.
Como siempre proponemos desde este medio, es fundamental debatir el escenario internacional para volver al local, “mirar el bosque” suele decir un conocido analista tripero…
Por esto que contamos, el Frente de Todos tiene que ganar las elecciones.
Pero volvamos a Castillo: el eje de su discurso giró sobre la condición necesaria para avanzar en el programa que lo llevó al gobierno, una nueva Carta Magna.
“Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva Constitución Política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado”, afirmó en su discurso el rondero.
El modelo que seguramente va a mirar mucho Castillo es el de Bolivia, denominado “modelo económico, social, comunitario, productivo”, cuya medida más importante “fue sin duda alguna la nacionalización de los hidrocarburos”, según explicó Luis Arce Catacora a Radio Gráfica en octubre de 2019 (cuando visitó Argentina como ministro de Economía en la campaña electoral, previo al golpe).
En aquella nota Arce Catacora detalló: “Bolivia en el año 2005 era un país que tenía la tasa de pobreza más alta: 38% de pobreza, o sea de cada 100 bolivianos, 38 vivían con menos de un dólar diario, no había trabajo. La tasa de desempleo era una de la unas más altas de Latinoamérica. Había exclusión, marginación y la brecha de desigualdad entre ricos y pobres era de 140 veces (…) Le quitamos a las trasnacionales el poder de decisión sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro gas. Y Bolivia toma el mando de esos recursos que son nuestros y empezamos a construir la Bolivia que hoy tenemos. Una Bolivia donde la tasa de desempleo es la más baja de la región, donde somos la economía donde más ha reducido la brecha entre ricos y pobres, donde el coeficiente de Gini es el que más se ha reducido: de 0,60 a 0,47, donde la esperanza de vida ha subido 10 años hasta 73 años de edad, donde la gente tiene educación. Bolivia en el años 2008 recibió de la UNESCO el título de ser un país libre de analfabetismo, como quizás muy pocos en la región”.
Arce definió en aquella charla con este medio que “en algunos años la dependencia de Bolivia se va a desvanecer”. Pero vino el Golpe, como en Argentina ganó Macri.
En la presentación de la lista del Frente de Todos, Alberto Fernández recordó un spot electoral de la campaña de 2007, en el que niños y niñas responden “¿Qué es el FMI?”. Ninguno responde correctamente y una voz en off concluye: “Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI“. ”Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos vengan a invertir cada vez más“, finalizaba el mensaje de campaña rememorado por el Presidente en el acto de lanzamiento de los precandidatos para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de las elecciones 2021.
El macrismo fue eficaz y logró hundirnos en un hiper-endeudamiento que pone en riesgo la gobernabilidad. Allí radica el desafío de la coalición de gobierno que deberá ratificar sus promesas en noviembre. Sergio Massa habló de la “pausa” que significó la pandemia, expresando que ahora se debe avanzar con el programa de campaña.
“Tierra, techo, trabajo” es la consigna que va a volver a aparecer en la calle el próximo sábado 7 de agosto “desde Liniers a Plaza de Mayo y con jornadas de movilización en todo el país”, anunciaron desde la UTEP. Se espera una concentración de 150 mil personas (según informaron los organizadores), con acto de cierre en el que, hasta ahora, sólo hablará la conducción de este nuevo sindicato que busca poder ingresar formalmente a la CGT.
El dirigente de UTEP Gildo Onorato planteó sobre la convocatoria que “en un contexto difícil que dejó el macrismo y nos deja hoy el Coronavirus, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular volvemos a salir a la calle por primera vez como sindicato único del sector, para proponer una salida de la pandemia desde abajo con un Salario Básico Universal (SBU) que garantice un piso de dignidad para toda la economía popular”.
El contexto es difícil y el campo popular está apoyando al gobierno, sin brindar un cheque en blanco. El segundo tramo de la gestión de Fernández anticipa fuertes debates sobre el rumbo a seguir.
“No vamos a poder destinar los USD4.300 millones que recibiremos del FMI a recuperar la economía“, planteó Cristina Fernández en la presentación de la lista del Frente. Según el economista Horacio Rovelli, esa sola frase explica que se haya calmado la corrida del dólar. La pregunta es ¿hasta cuándo?
Se trata de los DEG, los “Derechos Especiales de Giro” que el Fondo está repartiendo a todos los países, a una tasa de interés mínima, para paliar las consecuencias de la pandemia. El debate interno del gobierno estaba en usar esos fondos para pagar los intereses o volcarlos hacia el pueblo.
El 13 de mayo el Senado había aprobado una declaración impulsada por Cristina para que esos U$S 4.300 millones en DEG fueran aplicados a “la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo”.
Sin embargo, la vicepresidenta al anunciar el sábado pasado la imposibilidad de definir como país para qué usar esos fondos, no argumentó mucho más. Pareció una descripción de nuestra dependencia al mismo tiempo que volvió a expresar en su discurso la necesidad de discutir “¿Quién la va a pagar?”
De allí que dentro del Frente de Todos parece estar el espacio para debatir qué hacer con la estafa macrista. Quizá sea el sindicalismo y los movimientos populares los sujetos sociales que deben impulsar una gran campaña que favorezca al propio gobierno en una negociación muy complicada.
Además, visibilizar el fraude del endeudamiento externo resulta imprescindible para que no se olvide el origen de tanta malaria, que jamás puede naturalizarse en un país tan rico como Argentina.
Finalmente, la consigna de campaña “la vida que queremos” es un gran punto de partida para discusiones de fondo sobre el Proyecto Nacional y Popular que necesita de organización y liderazgo. Porque la posibilidad de avanzar hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación implica grandes disputas para las cuales debemos prepararnos.
EMPLEO JOVEN
El gobierno nacional lanzó esta semana en el Parque Industrial de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, el programa “Te Sumo”, con el objetivo de “promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas de todo el país y estará a cargo de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”.
Para darle contexto a la medida, la franja etaria donde el desempleo golpea con mayor fuerza es en menores de 29 años. Según el INDEC la tasa de desempleo general correspondiente al primer trimestre del año fue del 10,2%, pero al poner la lupa en los más jóvenes el dato es alarmante. Entre los varones alcanza el 24,2% y en las mujeres el 25%.
Este programa según el anuncio “cubrirá entre el 70 y el 90 por ciento del salario inicial por 12 meses, el aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa, será de $18.000 en las micro, $14.000 en las pequeñas y $11.500 en las medianas”. A su vez, es un plan que va en línea con las “políticas de género”: “La reducción de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias, y será del 90% para los varones”.
Consultado para este Panorama, Héctor Amichetti, dirigente gráfico y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores opinó sobre el anuncio:
“Es un programa que aporta a un proyecto nacional y popular en la dirección correcta que es aquella que establece como prioridad el crecimiento de la producción y la creación de trabajo digno, registrado y con la protección que brinda a cada trabajador y trabajadora el sistema de seguridad social en Argentina, con derecho a tener un convenio colectivo y a sindicalizarse. Gobernar es crear Trabajo y es bienvenido que el Estado Nacional intervenga con recursos que pertenecen a todo el pueblo para favorecer la contratación por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas -habría que agregar al cooperativismo de trabajo- en una situación de carácter excepcional con creciente desocupación”.
También Amichetti contrastó este programa con la política del gobierno anterior: “No olvidemos que durante el gobierno de Macri, mientras cerraban las pymes y se perdían decenas de miles de puestos de trabajo, le otorgaban a la multinacional Mc Donalds dinero para pagar parte de los salarios a sus empleados, ya de por sí, precarizados”.
Finalmente, el dirigente marcó lo que falta: “De poco serviría el programa si no se ataca paralelamente el fogoneo inflacionario que provocan los monopolios y oligopolios formadores de precios y que impiden que los ingresos de la familias trabajadoras recuperen poder adquisitivo reactivando el mercado interno para así multiplicar genuinamente la capacidad de consumo y creación de trabajo. En lo que respecta a la cuestión impositiva es imprescindible la ejecución de políticas desde las distintas áreas de fiscalización del gobierno que impidan con una acción agresiva la evasión y elusión fiscal por parte de los grandes grupos económicos nacionales y multinacionales, para que esa enorme masa de recursos que queda en la caja de las grandes empresas para luego fugarse a las guaridas fiscales, pueda ser volcada enteramente al desarrollo económico y social de nuestro país potenciando la inmensa riqueza nacional hasta generar pleno empleo en condiciones de justicia y dignidad”.
Por su parte, Enrique Martínez, del Instituto para la Producción Popular expresó en redes sociales: “Con el plan para trabajo juvenil el Gobierno se juega a bajar el costo para los empresarios existentes. Habrá que evaluar los resultados. Se debería comparar con programas de atención de necesidades comunitarias, que generen nuevos emprendimientos con trabajo joven en ellos”.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo en el primer día sólo se inscribieron 50 empresas y 4000 jóvenes.
Finalmente, si “gobernar es crear trabajo” no debería limitarse esta problemática a programas aislados o anuncios de campaña.
PARITARIAS SANIDAD Y SMATA OBTUVIERON AUMENTOS, UOCRA Y COMERCIO NEGOCIAN
La principal novedad de la semana fue el acuerdo de la paritaria de Sanidad tras dos meses de negociaciones. La cifra pactada con los prestadores de salud privada fue del 45% que se hará efectivo en cuatro tramos: 15% (julio); 15% (septiembre); 10% (noviembre) y 5% (febrero 2022). Un número acorde a las paritarias firmadas en el último tramo y donde el sector empresarial también logró su objetivo.
El conflicto venía escalando con dos conciliaciones obligatorias, un paro realizado de cuatro horas por turno y otro anunciado con movilización para el próximo 4 de agosto previendo solo guardias mínimas. Cuando la cuerda comenzaba a tensarse demasiado, el Gobierno jugó la carta pedida por los prestadores privados de salud con Claudio Belocopitt a la cabeza: otorgar aumentos de los servicios habilitando un incremento del 36% en cuatro tramos del 9% acumulativos entre agosto, septiembre, octubre y enero de 2022. Además, de una actualización de las prestaciones que brindan a otras instituciones como el PAMI, entre otras.
Un dato, los prestadores privados de salud previamente ya habían recibido la autorización para aumentar un 3,5% en marzo, un 4,5% en abril y 5,5% en mayo por lo cual cual año va a redondear (contabilizando que son acumulativos) un 47,8%. Sumado a ello tendrán un 9% extra apenas comenzado el 2021. Esto sin recordar los aportes del Estado durante la pandemia, que entre otros aspectos, involucró el pago de parte de los salarios con los ATP y, posteriormente, REPRO. Sin dudas, una innegable efectividad por parte del lobby empresarial con un aumento por encima del recibido por los trabajadores. Es decir, una tasa de ganancias que se mantiene o crece en contexto de pandemia.
La paritaria de Sanidad alcanza a 320.000 trabajadores a nivel nacional, un sector que lleva más de un año con duras condiciones laborales y golpeado por la pandemia en vidas de trabajadores y trabajadoras de la salud así como en la exposición de sus familias. Un sector con un atraso en materia de ingresos, hoy mayoritariamente por debajo de la canasta básica y, que lleva en muchos casos al pluriempleo.
SMATA, ¿PASA EL 50%?:
Otra paritaria importante en la que hubo novedades es la de SMATA (mecánicos) que acordó un incremento del 11,3% para el tercer trimestre del año redondeando para el tramo que comprende los primeros nueve meses del año una suma de 43,2%. Un aumento que agrega tensión a otros acuerdos porque la perspectiva es que cierre el año por arriba del 50%. Una cifra que quiebra el actual 45% de referencia para el conjunto de las negociaciones.
Desde hace más de una década la organización que lidera Ricardo Pignanelli pactó llevar adelante una actualización salarial trimestral con las terminales automotrices como respuesta a un período de alta inflación. La justificación es que esa modalidad permite mayor previsiblidad a los trabajadores frente a la suba de precios y, también, a las propias terminales. La relación, en términos mecánicos, es aceitada entre sindicato y patronal, en un momento donde el sector viene en franca recuperación y sumando empleos tras la debacle macrista y el impacto inicial de la pandemia. Hoy el principal problema comienza a ser el cuello de botella de algunas terminales para dar respuesta a la demanda.
La pregunta que deja este acuerdo es ¿hay posibilidades de una suba por arriba del 45% para el común de las paritarias? Aún sin el dato concreto de julio, la estimación es que la inflación acumulada en el año arañará el 29%. Economistas de diverso pelaje coinciden en que superará holgadamente el 40%, los más agoreros, también operadores inconfesables, la ven más cerca del 50%. El tiempo dirá, pero lo cierto es que todas las paritarias contienen cláusulas de revisión, aún las que ya fueron revisadas.
Por lo pronto, esta semana el INDEC difundió el índice de salarios correspondiente al mes de mayo donde estos se incrementaron un promedio (privado, estatal e informal) un 2,8% frente a una inflación en el mes del 3,3%. Solo el sector privado estuvo por encima de ese número con un alza del 3,5%, en el caso de los estatales por debajo con un 2,9% y el no registrado un sumamente preocupante 0,9%.
Al comparar con similar mes de 2020 la suba salarial promedio fue del 40,7% con una inflación del 48,8% lo que muestra que aún falta un largo trecho para recuperar los niveles de prepandemia donde ya había un evidente deterioro. La recuperación salarial pareciera ser un camino largo, como dice el dicho popular, despacito y por las piedras.
También la UATRE anunció con bombos y platillos una mejora salarial del 48,63% pasando los ingresos a $51,660 a partir del 1º de agosto y a $59.450 a partir del 1º de octubre. Una suba importante al ver el número final, pero con ingresos aún por debajo de la línea de pobreza como reflejo de la precariedad del sector.
LOS PEDIDOS DE REAPERTURA: La demanda por adelantar las discusiones salariales es una constante del presente. Hay dos de relevancia numérica que viene desarrollando negociaciones en los últimos días, una es la de Comercio, la otra es la de la UOCRA.
Comercio firmó una (muy floja) paritaria en abril que contempló una suba del 32% a hacer efectiva en cuatro tramos largos: 8% (mayo); 8% (septiembre); 8% (enero) y 8% (febrero). El gremio reclama un incremento extra que permita de mínima alcanzar un piso del 40% y de máxima llegar al 45%. En ese rango marcha la negociación.
El viernes hubo una reunión con las tres cámaras del sector que no llegó a un acuerdo, el lunes se volverán a reunir para intentar alcanzar un acuerdo. La perspectiva es que habrá una mejora de lo acordado, de hecho la mesa de negociación está abierta. Como ocurrió con el cierre de la paritaria en octubre de 2020 las dilaciones en la negociación sirven para que el sector empresario gane un mes a la recomposición.
También la UOCRA, que encabeza Gerardo Martínez, se encuentra próximo a cerrar un adelantamiento. En abril acordaron un incremento del 35,2% en cuatro tramos: 12% (abril); 10% (julio); 7% (octubre) y 6,8% (febrero). El objetivo también es acercarse al 45%.
La construcción es hoy uno de los sectores más dinámicos de la economía con crecimiento y creación de empleo, apuntado por el gobierno nacional como uno de los motores de la recuperación económica general.
Por otro lado, esta semana, el ministro de Educación, Nicolás Trotta anunció que se convocará a la Paritaria Nacional Docente el lunes 9 de agosto, y el 12 comenzará la negociación salarial con los docentes y no docentes de las Universidades Nacionales. A comienzos de año habían alcanzado una recomposición del 34,6%.
“PIDAN AUDIENCIA”
-”¿No hay ningún funcionario que pueda atendernos? Nosotros también hicimos mucho para sacar a Macri. Hace un año y medio nos rebajaron el salario”.
– “No, tienen que solicitar una audiencia”.
Este diálogo se dio en la puerta de la Casa Rosada entre el delegado metalúrgico José Villa y una trabajadora de “Documentación Presidencial”, de nombre Belén.
A José lo esperaban sus compañeros metalúrgicos de Tenaris Siat que están dando la pelea con paciencia. No contra cualquiera, se trata del MISERABLE de Paolo Rocca. Ese que en Italia no cerró sus fábricas sin protocolo en pandemia y hubo múltiples contagios. Ese que en su planta de Colombia el año pasado dejó de pagar los sueldos y le propuso a sus obreros brindarles fondos en forma de crédito y que al volver a trabajar se los descontaría.
Ese que en Argentina despidió 1450 trabajadores de la construcción a fines de marzo del 2020 como respuesta al decreto anti-despidos del gobierno nacional (fue cuando Alberto lo llamó miserable, una pelea en la que no se escaló).
El conflicto de Tenaris lleva dieciséis meses. Techint de modo arbitrario dejó de pagar el “premio de producción” que son cerca de 30 mil pesos. “En cien que somos son 3 millones de pesos que es lo que vale uno de los caños que hacemos”, apuntó un laburante en diálogo con Gráfica que agregó que ahora se está en la “temporada alta, está habiendo mucha producción”.
El conflicto lo viene siguiendo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero con poca capacidad de acción. Rocca junto a Magnetto de Clarín, tiene un gran poder económico y político desde la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y juega de local en las oficinas públicas que hace décadas favorecen sus negocios.
A sabiendas de eso y con un evidente hartazgo, después de terminar el turno que va de las 6 a las 14 horas en la planta de Valentín Alsina, los metalúrgicos fueron a Plaza de Mayo. Además de la cobertura de Gráfica lograron la presencia de Canal 7.
Pero no lograron que ningún funcionario bajara, al menos a recibirles el petitorio que entregaron, como un gesto. Lo mismo ocurrió en el Ministerio de Trabajo: “No hay nadie acá”, explicó el policía.
Este conflicto es un botón de muestra de una situación muy desfavorable para quienes viven de su trabajo, la mayoría. Si quienes producen caños sin costura para los gasoductos de Vaca Muerta están cobrando “por debajo de la línea de pobreza”, ¿qué esperar de otras actividades?
YAPA. REPRESENTACIÓN SINDICAL EN EL CONGRESO
El cierre de listas llegó en las horas finales en las cuales se escribía este Panorama Sindical. Una pregunta para hacerse es: ¿va a ampliarse la representación gremial en el Congreso?
Antes de avanzar, decir que en diciembre concluye en la Cámara de Senadores el mandato de Daniel Lovera, dirigente mercantil de La Pampa y que no va a buscar renovar por lo cual no habrá en la Cámara Alta representación gremial.
Repasemos ahora la situación actual en la Cámara de Diputados. Los dirigentes de extracción sindical actualmente en el Congreso son: Hugo Yasky, Vanesa Siley, Walter Correa, Claudia Ormachea, Carlos Cisneros, Patricia Mounier, Carlos Ponce, Pablo Carro, Carlos Ortega y Pablo Ansalini que tiene como origen la UATRE, de la cual fue recientemente expulsado . A ellos hay que sumar a María Rosa Martínez de larga militancia política, pero cercana a la Corriente Federal de Trabajadores, y Facundo Moyano, que últimamente hace declaraciones como si fuera del sector patronal, pero pertenece a una familia de innegable protagonismo gremial. Suman en total 12.
En diciembre vencen los cargos de Yasky, Siley, Correa, Mounier, Ortega y Ansaloni, la mitad. Repasando las listas tienen asegurado su ingreso a la Cámara Baja (dentro del marco de una elección previsible) el bancario Sergio Palazzo (una de las sorpresas de las listas); Siley y Yasky que integran la lista del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor presencia de dirigentes gremiales.
Están en una posición expectante Pablo Carro e Ilda Bustos (gráficos) en Córdoba que ocupa el tercer y cuarto lugar, respectivamente, de la lista del Frente de Todos en una provincia esquiva para el peronismo no cordobesista. Situación similar ocurre con la dirigente de SADOP santafesina Patricia Mounier que va en el cuarto puesto de la lista que tiene como referente a Agustín Rossi, en la álgida interna del Frente de Todos en esa provincia.
En el caso de Walter Correa precisaría que el Frente de Todos coseche en provincia de Buenos Aires una cantidad de votos cercana al 50%, un caudal que no pareciera que en principio sostuviera el Frente de Todos tras un año y medio de pandemia cuando a nivel global los oficialismo han sido impactados en las urnas. El FdT obtuvo en la elección de 2019 el 51,64% de los votos por el cual ingresaron 19 diputados.
Es cierto que en muchas ocasiones hay casos en los cuales existen diputados que no asumen o renuncian posteriormente porque toman un cargo ejecutivo como principal motivo. En el último período asumieron de ese modo Mounier y Ortega.
Con otras características e introduciendo los debates sobre la representación de trabajadores en provincia de Buenos Aires, también integra la lista Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, en el puesto 16.
Es decir, de los doce actuales, inicialmente, pasarían con seguridad a nueve, pero con perspectiva sumar alguno más de forma directa.
Al analizar los sectores gremiales con mayor reconocimiento en las listas allí talla otra vez la Corriente Federal de Trabajadores como principal espacio y en segundo lugar la CTA de los Trabajadores. En esta ocasión el moyanismo no logró colar ningún candidato, tampoco la conducción de la CGT. Otro dato, bancarios obtendrá una tercera banca de dirigentes de sus filas con Sergio Palazzo, sumando a Claudia Ormachea y Carlos Cisneros. Un hecho inédito en tiempos recientes que una misma organización tenga a tres de sus referentes en forma simultánea en el Congreso.
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