Habiendo pasado más de dos meses, el ecocidio en las islas del Delta de Santa Fe continúa. A principios de abril, el humo comenzó a inundar la región, y hoy ya alcanzó al sector norte de la Provincia de Buenos Aires y a los alrededores de Rosario y Paraná. Se suma, a ello, unas 50 consultas diarias por afecciones respiratorias ocasionadas por las quemas. La emergencia ambiental declarada el 14 de junio por el Ministerio de Ambiente de la Nación implicó el ordenamiento del cese del fuego por 180 días. Sin embargo el agronegocio, lejos obedecer, sigue perpetrando el deterioro del ambiente y la salud.
Por Juan Patricio Méndez*
Antes de comenzar, hay que situarnos en espacio y tiempo. Desde abril, al día de hoy, los incendios continúan extiendiéndose desde la ciudad de Granadero Baigorria (en Santa Fe) hasta Baradero (en Buenos Aires). Más de 70 brigadistas, en apoyo con helicópteros y aviones hidrantes continúan trabajando para extinguir los intencionales focos que aún siguen en las islas del delta, frente a la localidad de Alvear. Por lo tanto, estamos hablando de una extensa porción del territorio mesopotámico afectada por lo acontecido.
Es necesario recordar que todos los ecosistemas mantienen su propio ciclo. En algunos de ellos, la misma naturaleza genera incendios por el movimiento de los vientos y la sequedad de los pastizales. Al ser de origen propio, también son “autoregulados”, y es por ello que la misma dinámica de la flora, fauna, clima y entorno pueden mantenerse en una virtual armonía ambiental. Lo que aquí estamos viviendo es otra cosa, muy distinta a la simbiosis natural del espacio que comparten las especies en los humedales del delta.
Los incendios son intencionales. A los fines de acelerar los tiempos productivos de los campos, y así también expandir la frontera agrícola y agropecuaria, los pastizales son quemados voluntariamente. De esta forma, lo que se multiplica es la productividad del suelo, que es inversamente proporcional a la salubridad del mismo. Sistemáticamente, a medida que el fuego avanza, el suelo va muriendo y perdiendo la capacidad de absorción, y por lo tanto, el humedal deja, de a poco, de cumplir su función.
Clave para mantener la humedad del clima, así como de regular las temperaturas de los territorios y de oxigenar amplios espacios, los humedales constituyen una de las columnas vertebrales del medio ambiente en todo el territorio nacional. A su vez, su permeabilidad permite acumular agua (proveniente de las precipitaciones), y funcionar como una esponja. De esta manera, no se producen anegamientos ni inundaciones terreno hacía abajo, y el sistema de riego en la región se mantiene natural. Así como peligra la situación ecológica en Laguna de Rocha, en la zona de Esteban Echeverría, hoy la perpetuación de los incendios apunta a terminar en una catástrofe ambiental.
Es por eso que hoy debemos hablar de “ecocidio”. Las denuncias y comunicados de organizaciones, vecinos y asambleas de Paraná y Santa Fe, aludieron a la urgencia del tratamiento de una Ley de Humedales (el día miércoles 5 de Agosto se debatió en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Humedales presentado por el diputado nacional Leonardo Grosso), al ecocidio generado en la región y a la gran cantidad de especies de animales incineradas y muertas. Los reclamos apuntan a una conocida consigna en el espacio de lucha ecológico: “Basta de Agronegocio”.
El proyecto de la Ley de Humedales
Leonardo Grosso es, además, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. El proyecto de Ley de Humedales presentado fue debatido el miércoles 5 de agosto, y contempló medidas penales y civiles a quienes lleven adelante prácticas que alteren los ecosistemas húmedos de la región, así como el establecimiento de sanciones penales por los actos perpetrados.
“Se contemplan multas de hasta 840 millones de pesos y se propone la creación de un Consejo Asesor compuesto por organizaciones sociales y ambientales”, sostiene el diputado del frente de todos. A su vez, explicó que “hay un avance de la frontera del agronegocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad, en este contexto llegamos a elaborar un proyecto de esta magnitud para ponerle un freno a la destrucción de los humedales”.
“Hay un avance de la frontera del agronegocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad”
Hubo participaciones destacadas en debate. Por ejemplo, Elba Stanich, asesora de agua y ordenamiento territorial del Circulo de Políticas Ambientales, indicó que “no es una ley antiproducción ni de las actividades que se están haciendo, sino adecuar ordenamientos de la ley para mantener el ecosistema”. Por su parte, Cesar Mackler, ingeniero químico y docente de la universidad Nacional de Rosario señaló que este es “un proyecto de conservación, protección, uso razonable y sostenible de los humedales”.
Los diputados de los distintos bloques y bancadas acompañaron las convocatorias y las intervenciones de los distintos organismos especializados en cuestiones ambientales. En este sentido, asumieron la responsabilidad de encontrar los consensos necesarios para elaborar una ley lo suficientemente amplia como para afrontar la dimensión de la problemática en cuestión.
La medida cautelar
La emergencia ambiental se declaró el pasado 14 de junio por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y en base a esta medida, se ordenó el cese del fuego por 180 días a través de una medida cautelar emitida por la Justicia Federal. En este contexto, el ministro Juan Cabandié, junto a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe Erika Gonnet, y el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld se expresaron a favor de la normativa, debido a la avanzada degradación de los suelos, la expansión de la frontera sojera, la proliferación del monocultivo y del avance del humo en toda la zona mesopotámica.
El Juez Federal de Paraná, Daniel Alonso, resolvió, mediante la medida cautelar mencionada, “la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, en la zona de las islas del Delta”. Así lo aclara el fallo, cuyos considerandos se apoyan en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, cuya declaración es relativa al derecho ciudadano de vivir en un ambiente saludable. Cabe aclarar que la demanda fue interpuesta por las asociaciones “Cuenca Río Paraná” y “Foro Medio Ambiental”, que tuvo en autos como demandados a un grupo de propietarios, por el delito de daño ambiental y en contra de la salud pública.
Esta medida, al día de hoy, no ha sido acatada. Y los incendios continúan. La Secretaría de Protección Civil de la provincia estimó que ya son 500 mil las hectáreas afectadas, cuya vegetación y fauna fue incinerada. Las autoridades ministeriales (tanto locales como gubernamentales) ya declararon “ecocidio” a la problemática. Si vamos a lo concreto, el concepto está bien aplicado, ya que se trata de la sistemática matanza de los territorios y los suelos, que desemboca en un atentado contra la biodiversidad. El coordinador de Bienestar Universitario, Jorge Nidd, declaró, en entrevista con “El Federal”, que “los arrebatos que se provocan en la naturaleza en orden de un supuesto progreso, impactan en la salud de las personas. Sin ir más lejos, el coronavirus es un claro ejemplo del avance humano sobre nichos ecológicos”.
“La Secretaría de Protección Civil de la provincia estimó que ya son 500 mil las hectáreas afectadas, cuya vegetación y fauna fue incinerada”
Esta relación ya ha sido planteada por Juan Cabandié, al momento de abrir la primera reunión del año de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. “La pandemia y el ambienten tienen una relación cercana”, señaló. En este sentido, indicó que es necesario repensar los esquemas productivos a los fines de luchar contra la avanzada de los agroquímicos y de las prácticas que, en vez de fomentar la biodiversidad, terminan afectándola.
En sus redes sociales, Cabandié señaló que “los responsables de estas quemas tan brutales tienen que pagar por lo que han hecho. Esperamos que la justicia actúe como corresponde”. En concordancia, el ministró celebró la resolución de la fiscalía federal de Entre Ríos de pedir la detención de diez propietarios de terrenos en las islas: “Celebramos la decisión del fiscal federal de Victoria, que imputó y pidió la detención de propietarios de lotes en los que se produjeron quemas intencionales en el Delta del Paraná”.
Los ciudadanos de la región comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación, afecciones respiratorias y algunas lesiones cutáneas, debido a la falta de oxigenación. El consultorio médico de la Universidad Nacional de Rosario, habilitado hace dos semanas, realizó un informe y señaló que recibió un promedio de 50 consultas diarias por estas razones, las cuales se deben al humo perpetuado de los focos incendiarios.
Asimismo, desde hace unos días, la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana amanecieron con humo sobre el horizonte. Tanto el diputado Grosso como distintas agencias meteorológicas advirtieron que se trata de los residuos que provienen de la quema de las islas del Delta. Puntualmente, el Servicio Meteorológico Nacional explicó, a través de sus cuentas de Twitter, que “amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires registra visibilidad reducida por presencia de humo”. Por su parte, la Secretaría de Ambiente de la Ciudad informó que “el reporte de calidad de aire de la mañana determina que, en base a las quemas producidas en el noroeste de la Ciudad, se están analizando los valores reportados y se detecta que los mismos se encuentran por debajo de los límites admisibles”.
Esto quiere decir que el nivel de oxigenación que tiene el aire, que respiramos cotidianamente, se encuentra por debajo de los valores de calidad establecidos o aptos para el ser humano. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas del 2016, la contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental para la salud en el continente americano, “siendo que una de cada nueve muertes en el mundo es resultado de condiciones relacionadas a la contaminación del aire”. Sobre esto, los indicies propuestos por el organismo internacional sobre la calidad de aire es de 20 gramos por metro cúbico de material particulado grueso (PM10). Según reportó la Secretaría de Ambiente, el material particulado comenzó a subir, “aunque hay que esperar la evolución de estos valores durante estos días”.
Las organizaciones movilizadas
En este escenario, la Multisectorial por la Ley de Humedales encabezó, el pasado 1 de agosto, el tercer corte en el puente Rosario-Victoria, en reclamo por la perpetuación de los incendios. Si bien la convocatoria salió de las organizaciones, muchos vecinos, autos y asambleas acompañaron al colectivo, que se aglutinó en una gran columna con mensajes como “Basta de Quemas, Ley de humedales Ya”, y “Que no me falte el aire”.
Por su parte, el colectivo Centro de Protección de la Naturaleza emitió un comunicado de prensa en donde indicó que “los incendios en zona de islas (humedales) conllevan graves riesgos ambientales, sociales y sanitarios generando, en oportunidades, irreversibilidad del daño”. Añadió, además, que “la quema de pastizales en humedales es una práctica habitual del sector productivo ganadero”, el cual ejecuta estas prácticas destructivas a los fines de “despejar el ambiente isleño de los pajonales de “cortaderas”, y los varillajes del “duraznillo de la isla”, dejando paso a una colonización herbácea palatable para el ganado”.
En este mismo sentido, distintas agrupaciones, organizaciones y redes se nuclearon para convocar el urgente tratamiento de la ley de humedales y el cese del fuego en las islas del delta. Las adhesiones desde distintos lugares del país no tardaron en llegar. En redes se convocó a un twitazo masivo, con el hashtag #LeyDeHumedalesYa.
El agronegocio y el extractivismo, creciente y consecuente con la pandémica crisis ambiental, continúan perpetuándose y reproduciéndose como políticas productivas. En consecuencia, los desastres ecológicos aparecen constantemente. Hoy, como ya lo hemos mencionado, urge la sanción de una Ley de Humedales que permita la protección y promoción de los espacios húmedos del país. La magnitud de la urgencia es concomitante al avance de los procesos avasallantes que sufre el territorio nacional y la ciudadanía, traducidos en términos de pérdida de soberanía de suelos y alimentaria. La actualidad nos está marcando la necesidad coyuntural del establecimiento de una normativa que regule y cuide a los espacios. Basta de quemas, y basta de ecocidio.
(*) Columnista de Ambientalismo de Abramos La Boca / Radio Gráfica 89.3
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