Por Leonardo Martín
Al calor y la necesidades de la campaña electoral el gobierno nacional aceleró una serie de medidas para recomponer ingresos, reactivó proyectos de ley para el mundo del trabajo, algunos de los cuales venían siendo impulsados desde sectores gremiales, y quedaron planteadas otras que buscan comenzar a regular las nuevas realidades del mercado laboral y el avance de las nuevas tecnologías.
En el último período, tanto desde Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza vienen proponiendo una agenda que incluye una flexibilización laboral, modificaciones en las indemnizaciones, fin a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, injerencia en la vida gremial como la limitación de mandatos de sus dirigentes, también una legislación que lleve las protestas sindicales al campo de la justicia penal.
El gobierno del Frente de Todos avanzó poco y nada en materia de ampliación de derechos para el mundo del trabajo hasta el presente. Una excepción fue la Ley de Teletrabajo sancionada a mediados de 2020 cuando la pandemia obligó masivamente al trabajo en forma remota. Una ley que puso un marco general para que luego cada actividad discuta particularmente y establezca las pautas en su convenio colectivo y con una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo que recibió críticas del mundo sindical.
La necesidad de mostrar una agenda propositiva, contrapuesta a los planteos de los principales espacios de la oposición, aceleró una serie de proyectos dormidos y otros que venían demorados en su tratamiento. Bienvenido sea que el debate no solo pase por quitar derechos.
LAS MEDIDAS POSPASO: La devaluación del 22% del día después deterioró los salarios al trasladarse inmediatamente a los precios. Para tener alguna chance electoral el gobierno debía mover palancas de la economía para restañar ese poder adquisitivo tan castigado desde hace por lo menos ocho años.
La suma fija/bono de $60.000 a cobrarse en dos tramos de $30.000 con los salarios de agosto y septiembre a cuenta de negociaciones paritarias fue esa primera medida. Con un alcance limitado fue especialmente útil para que aquellos que no tenían una negociación paritaria establecida para el corto plazo.
También hubo un anuncio bastante magro para que los monotributistas categorias A, B, C y D pospongan el pago de la parte tributaria de septiembre, octubre y noviembre a marzo, abril y mayo de 2024. En el mejor de los casos la inflación licuará esos montos. El gobierno buscará que como parte de la agenda parlamentaria se exima finalmente de ese pago a monotributistas para el 2024.
Un anuncio que sorprendió por su profundidad fue la devolución del IVA de los productos de la canasta básica para aquellos que cobren salarios hasta $712.000, todas las categorías del monotributo, trabajadoras de casas particulares y AUH es una muestra más contundente y reparadora para los ingresos de las grandes mayorías. Pueden recuperar hasta $18.800 en reintegros que Massa anunció que será automático y en 48 horas.
Paralelamente envío al Congreso un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría de dicho tributo y establecer pautas nuevas por el cual el rebautizado “impuesto a los altos ingresos” alcanzará solo a salarios muy altos acordes a los que pueden cobrar Ceos, gerentes o directores.
Bajo la consigna de que “el salario no es ganancia” el reclamo viene desde el segundo mandato de Cristina Kirchner donde creció fuertemente la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto. Macri, pese a sus promesas de campaña, llevó de 1,1 millones a 2,4 millones, y durante el gobierno del Frente de Todos se fue reduciendo gradualmente hasta los actuales 800 mil.
En el último año algunos gremios habían logrado en forma particular que quedaran exentos del cálculo del impuesto algunos ítems. El bancario Sergio Palazzo había presentado un proyecto de ley para limitar su impacto en noviembre de 2022, pero entre algunas medidas parche del gobierno y una oposición poco interesada en su tratamiento quedó congelado su tratamiento.
Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con la expectativa de que la próxima semana pueda ser debatido en el recinto en una sesión especial.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL. Sorprendió a comienzos de semana que la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, planteara este tema para la agenda del mundo del trabajo. Actualmente es de 48 horas semanales según lo regula la ley 11.544 sancionada en 1929. De ciertos sectores políticos y empresariales se suele remarcar la antigüedad de algunos convenios colectivos de trabajo que en algunos casos y engañosamente dicen que datan de los años ´70, pero hacen mutis por el foro por un ley con la que se reguló la jornada laboral un siglo atrás.
En 2021 hubo al menos tres proyectos de ley para reducir la jornada laboral presentados por Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Claudia Ormachea. Kelly Olmos explicó en una entrevista que el objetivo es una reducción a 40 horas semanales, a tono con el proyecto de Yasky, en forma gradual. Primero bajar a 44 horas semanales y luego a las 40. Obviamente manteniendo los mismo niveles salariales.
Es cierto que es un debate en que la coyuntura más urgente pareciera a destiempo, pero importante frente a la agenda antiderechos laborales planteada desde las principales espadas opositoras. Es un debate que también está habilitado por el crecimiento exponencial de la productividad a lo largo del siglo con la automatización, robotización y digitalización en los procesos productivos. Desde los impulsores de la medida destacan también que serviría para crear una mayor cantidad de puestos de trabajo.
Entre otros aspectos también explican con evidencia a nivel internacional que crece la productividad, se reduce la cantidad de accidentes y enfermedades laborales, además del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores al disponer de mayor tiempo de descanso.
AMPLIACIÓN DE LAS LICENCIAS PARENTALES: El 23 de agosto pasado logró dictamen el proyecto de ley que busca saldar deudas en la materia. Las mujeres gestantes pasarían a tener 126 días respecto a los 90 actuales y para los no gestantes de los dos días vigentes pasarían a ser 45. También contempla licencias por adopción, violencia de género, por técnicas de reproducción asistida y la novedad de que también existan beneficios para monotributistas y autónomos.
TRABAJADORES DE PLATAFORMAS: Hoy los repartidores de las diversas plataformas que existen para los deliveries son parte de una geografía urbana omnipresente. Se estima que hay más de 100 mil trabajadores que no cuentan con el más mínimo derecho ni cobertura social ni del que tampoco hay registros oficiales.
En los comienzos del gobierno del Frente de Todos, el ex ministro de Trabajo Claudio Moroni manifestó que se encontraban trabajando en un proyecto de ley para su regulación, pero la pandemia y la falta de voluntad política aplazaron esa discusión. Un sector que no cuenta con una negociación colectiva ni representación sindical. El sueño de unos cuantos.
Kelly Olmos manifestó que se encuentran en la elaboración de propuestas, pero no profundizó sobre el tema. Dentro de los aspectos a avanzar están en primer lugar tener una radiografía de la actividad más clara y una posterior registración para que puedan contar con una ART, aportes a la seguridad social y salud, además de poder conocer con mayor precisión la “gestión algorítmica” de las plataformas.
En las justificaciones de la ley expresa que “la creación de un Registro Nacional posibilita un punto de partida fundamental, de información y determinación de estas nuevas formas y fuentes laborales para promover la formulación e implementación de políticas públicas que garanticen derechos laborales y protección social para estos trabajadores y trabajadoras”.
MONOTRIBUTO PRODUCTIVO: También hubo modificaciones los 188 mil trabajadores y trabajadores que son parte de la economía social, no registrada. Allí se bajan las alícuotas del 5% al 1% de la facturación durante los próximos 3 años. Desde la AFIP expresaron que el objetivo es “otorgar a más personas trabajadoras la posibilidad de incorporarse al circuito formal de la economía” y que buscan alcanzar el millón de trabajadores inscriptos bajo esta modalidad.
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