Por Leonardo Martín
“Creación del Registro Nacional, Único y Obligatorio para Trabajadoras y Trabajadores de Plataformas en Aplicaciones”, es el nombre del proyecto de ley presentado por la diputada del Frente de Todos, María Rosa Martínez, y que tiene el acompañamiento de los legisladores de extracción sindical. Un proyecto que busca sentar las bases para comenzar a regularizar un modo de empleo, el delivery, que se ha masificado en los últimos años, dominado por un puñado de empresas, en un contexto de total precarización y ausencia de derechos laborales.
“La creación de un Registro Nacional posibilita un punto de partida fundamental, de información y determinación de estas nuevas formas y fuentes laborales para promover la formulación e implementación de políticas públicas que garanticen derechos laborales y protección social para estos trabajadores y trabajadoras”, expresa en los fundamentos el proyecto de ley de María Rosa Martínez.
El mismo fue presentado este jueves en una reunión conjunta con legisladores bonaerenses. Entre los que asistieron estuvieron Vanesa Siley (titular de la Comisión de Trabajo) y Hugo Yasky, integrantes de la Cámara Baja a nivel nacional y los legisladores bonaerenses Omar Plaini, Soledad Alonso y María Reigada. Vale destacar que Omar Plaini tiene un proyecto en la misma dirección presentado en la Legislatura Bonaerense.
“Nosotros creemos que las leyes se construyen dando batallas con los representantes de los trabajadores organizados. Este es un paso hacia una transformación más importante“, afirmó la diputada María Rosa Martínez.
En los últimos años, la actividad del delivery, se ha concentrado en un puñado de empresas (Pedidos Ya, Glovo, Uber Eats) con trabajadores que llevan adelante “tareas de forma precarizada e informal, siendo víctimas de la flexibilización laboral y desprovistos de derechos laborales”, argumenta el proyecto de ley.
“No poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones económicas por ello. Tampoco cuentan con licencias laborales, límite a la jornada laboral, aguinaldo, vacaciones. En otras palabras, los/las trabajadores/as de este sector no cuentan con protección por parte del Estado”.
“Recorren las ciudades sin ningún tipo de seguro contra accidentes de trabajo, sin derecho a enfermarse, sin protección en materia previsional, sin el derecho al descanso, a licencias, a la desconexión, a vacaciones pagas, sujetos a las lógicas de la inmediatez que proponen las plataformas para sostener sus trabajos”, añade el texto del proyecto.
El despliegue de estas empresas es parte de una etapa del capitalismo “con nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que se ha intensificado el comercio digital por medio de plataformas virtuales y canales de venta informáticos”, contextualiza el proyecto.
Otro aspecto al que se refiere es la necesidad de regular “la gestión algorítmica” que “dispone de fuerzas de trabajo sin contrato de ningún tipo, sin garantizar por supuesto el derecho de sindicalización ni a la negociación colectiva, previstos en la Constitución Nacional, Convenios 87 y 98 de la OIT, y demás tratados internacionales”.
Estas empresas, puntualmente en nuestro país, irrumpieron con fuerza durante el gobierno de Mauricio Macri con la prédica del “emprendedurismo, de ser tu propio empleador, de manejar los tiempos, del fácil acceso” mientras paralelamente se deterioraba el mercado laboral por las políticas que implementaba el gobierno de la alianza Cambiemos. Con la pandemia creció exponencialmente al calor de las restricciones y de la necesidad de trabajo en un contexto sumamente difícil para aquellos que estaban en la informalidad o sin empleo.
En los comienzos del gobierno del Frente de Todos, el entonces ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había comenzado a esbozar un proyecto de ley que regulara el trabajo a través de las aplicaciones, que con irrupción de la pandemia quedó detenido. Posteriormente no fue retomado.
“Como puede observarse, estas formas encubiertas de relaciones laborales quedan fuera de la estructura del derecho laboral y sin ninguna posibilidad de ingresar a la esfera regulatoria, ni permiten el ejercicio de derechos laborales. Resulta necesario entonces la existencia de políticas públicas e iniciativas legislativas que reconozcan estas formas de empleo, produzcan marcos jurídicos de protección para sus trabajadores/as, a fin de reconocer e incorporar expresamente a la normativa laboral estás relaciones de trabajo”, concluye el proyecto.
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