A fines de marzo, y durante una reunión del Consejo Económico y Social, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz anunció que el Gobierno trabajaba en “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales (para) que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.
El programa, a partir de la adhesión de Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, busca “abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público”.
Según el funcionario, se buscará “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común” con la participación de “40 universidades de la Argentina”.
Radio Gráfica dialogó con Esteban Magnani, periodista especializado en tecnología, y Agustín Espada, Doctor en Ciencias Sociales, sobre el dilema de la libertad de expresión y la regulación de las plataformas digitales.
“Cada vez más gente se informa por redes y hay algoritmos seleccionando noticias a la medida de las personas, no están para hacernos pensar, si no para reforzar lo que ya pensamos, y eso genera burbujas informativas. Ahí surge la toxicidad, porque se va empujando a la gente a los extremos”, explicó Magnani, al tiempo que señaló que la discusión a nivel global respecto del control de las grandes empresas de plataformas es compleja, aunque se avanzó en ciertos aspectos: “En cuanto a lo económico, maso o menos se sabe qué hacer, pero en cuanto a los contenidos, y a la gestión de las comunicaciones en el mundo, no. Acá se discute qué hacer por ejemplo, con las noticias falsas”.
“Hay algoritmos seleccionando noticias a la medida de las personas, no están para hacernos pensar, si no para reforzar lo que ya pensamos, y eso genera burbujas informativas”
Por su parte, Espada remarcó: “Acusar a las redes sociales de ser toxicas para la democracia implica obviar un costado positivo, que es que son una vía de expresión para distintas voces. La contracara es el funcionamiento económico, y como en torno a las expresiones se construyen algoritmos que exacerban ciertas emociones. La toxicidad tiene que ver con la parte del negocio, con la economía de la atención que fundan los medios de comunicación y que las plataformas llevan a la máxima potencia, es decir, tener la mayor cantidad de tiempo de los usuarios disponibles para sacar datos de comportamiento, perfil y personalidad y mostrar mayor cantidad de publicidad”.
“Acusar a las redes sociales de ser toxicas para la democracia implica obviar un costado positivo, que es que son una vía de expresión para distintas voces”
El bloqueo de la cuenta personal de Twitter del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó el debate sobre la libertad de expresión en redes sociales: “Estamos en un escenario de dominio de 4 o 5 empresas que deciden sobre lo que se puede o no se puede hacer”, sostuvo el especialista en ciencias sociales, al tiempo que explicó que “eso llevó a acelerar las discusiones en torno a qué hacer con las plataformas. Hay una discusión que es la que mejor camino va recorriendo, porque afecta los bolsillos de muchos países y organismos, que es la parte impositiva. Están desfinanciando a los países más pobres, sino también a la UE, EEUU, Australia. Las grandes empresas transnacionales, y en particular las de plataformas, son las que tienen negocios en todo el mundo y tributan incluso perjudicando a su casa matriz, que es Estados Unidos”.
¿Cómo desintoxicar las redes sociales sin dañar la libertad de expresión?
Diálogo con @AgustinEspada y @estebantecno7 pic.twitter.com/760Wp3sdfz
— Lucas Molinari (@lucasmolinari1) April 14, 2022
A su vez, subrayó que “en Europa la ley de Mercados Digitales impone ciertas reglas de juego un poco más específicas al funcionamiento de ese mercado, no solamente se trata de pagar impuestos. La UE tiene poder de regulación sobre los países que la conforman. Es lo que no pasa acá, hay que ir país por país congreso por congreso, y no es lo mismo que Google se siente con el Parlamento de Uruguay, de Argentina, Paraguay, Brasil, a que lo haga con los parlamentarios de la Unión Europea que tienen otro poder político y representan a una porción económica del mercado sobre el que ellos trabajan”.
Por otro lado, aclaró que “en el sistema Interamericano de Derechos Humanos la veracidad no es una condición para circulación de expresión porque eso sería muy lesivo. En materia de libertad de expresión no siempre hay que revertir los daños, a veces cierto nivel de daño se admite porque revertirlo sería peor todavía. Atar la circulación de expresión a la condición de verdad pondría un freno a determinado tipo de expresión que no necesariamente tienen que ser arbitradas bajo el principio de veracidad”.
“En el sistema Interamericano de Derechos Humanos la veracidad no es una condición para circulación de expresión, porque eso sería muy lesivo”
Respecto del proyecto presentado por Gustavo Belíz, sostuvo: “Es un programa muy voluntarioso, un pacto donde partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, plataformas, medios de comunicación se reúnan y acuerden puntos a respetar y así desintoxicar las redes”. Por el momento, lejos se está de avanzar en algún tipo de regulación normativa que apunte en este sentido.
A modo de conclusión, el especialista subrayó la importancia de las plataformas digitales en el debate público: “Son una parte importante del debate público, la salud de ese debate es condición necesaria para la democracia. Atacar las condiciones tiene que ver con repensar la relación entre los algoritmos, que terminan definiendo qué circula, por dónde y cómo, y darle mayor poder a los usuarios en el diseño de esos algoritmos, en tener más claro que datos están dando y poder negarse a entregar información”.
- Entrevista realizada en Punto de Partida por Lucas Molinari y Leila Bitar
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