Medio ambiente y la agenda comercial de economía digital

Por Sofía Scasserra*

La digitalidad nos atraviesa en un mundo cada día más conectado. Y así como la economía digital se expandió desprovista de normas y envuelta en un halo de comodidad y satisfacción, los problemas ante la falta de regulación comenzaron a hacerse ver. Temas como sesgos raciales y de género, discriminación, exceso de poder, falta de privacidad, extractivismo, son algunos de los tantos problemas que se discuten hoy día y que llevan a pensar que la gobernanza del mundo digital es necesaria. Dicha gobernanza apenas podrá comenzar a poner orden en un mundo desregulado, maximizar los beneficios, que son muchos, y mitigar los efectos negativos, que tampoco son pocos.

La agenda medioambiental se ha vuelto necesaria y urgente para el mundo. Apremia un cambio de dirección urgente si no queremos sufrir las consecuencias del cambio climático, el extractivismo desmedido, la extinción de especies de flora y fauna, entre otros efectos. En ese sentido, así como la agenda de género debe atravesar todas las decisiones, la problemática medioambiental también debe estar presente en todas las discusiones que se lleven adelante en la sociedad.

Al referirse a la economía digital, actualmente se encuentran en negociación dos modelos de gobernanza: por un lado el Pacto Global Digital de Naciones Unidas que busca una suerte de adhesión a principios básicos para regular o poner orden en la esfera digital, hasta tanto los Estados regulen de forma interna o regional. Por otro lado, las normas de comercio en la OMC y otros tratados bilaterales y plurilaterales, que buscan regular de forma vinculante la economía digital con una visión netamente de ganancia empresarial.

En este artículo nos preguntamos ¿cómo puede impactar la agenda comercial digital al medioambiente?

Alternativa ecológica… ¿o no?

No vamos a profundizar aquí sobre lo que implica la producción de hardware, baterías de litio y la obsolescencia programada de la mayoría de los dispositivos que utilizamos hoy día: solamente teniendo en cuenta este aspecto, el balance medioambiental de la tecnología comienza a tambalear en caída libre. Algunos de los impactos negativos son un extractivismo desmedido del litio que lleva a la contaminación del agua, basura tecnológica que a veces resulta imposible de reciclar y energía cada vez más necesaria para conectar dispositivos y volverlos “wireless” cuando no necesitan serlo. El consumo tecnológico se volvió parte de la cotidianidad y parece que todo aquello que está conectado a internet es un producto de vanguardia, moderno y especial.

Más allá de eso, lo que nos interesa aquí es entender qué implica el modelo de gobernanza digital propuesto por la Iniciativa de Declaración Conjunta (JSI) sobre comercio electrónico que se está negociando en la OMC y si realmente estamos avanzando hacia una economía verde o no.

Las cláusulas del JSI de comercio electrónico

Las negociaciones en torno a la economía digital en la OMC tratan de generar un modelo económico más acelerado, donde el comercio tenga menos trabas, donde los procesos se agilicen y el intercambio de bienes se dé sin trabas en las cadenas de valor. Si bien se puede pensar que esto es valioso para la economía, podemos pensar que esta aceleración del comercio internacional deviene indudablemente en una aceleración logística: más envíos, más aviones, más autos, camiones, y movimiento de paquetes. La revolución digital es, ante todo, una revolución logística, que busca un movimiento puerta a puerta de paquetes y comercio minorista de forma casi instantánea, reduciendo los tiempos, y por ende acelerando ese canal de venta por sobre otros canales, como el comercio presencial tradicional. Así, el modelo P2C (peer to consumer)[1] resulta en un modelo que necesita un desarrollo logístico que demanda más energía y combustible, entre otros recursos.

Por otro lado, la digitalización de los procesos comerciales trae menos papel, pero más datos. Hoy día poco se habla de los data centers y la contaminación que generan. No solo se precisa agua para su refrigeración y mucha energía para funcionar, sino que además generan problemas habitacionales en grandes ciudades, donde están situados los puntos de intercambio para la telecomunicaciones. Es decir, los data centers se sitúan de forma estratégica en los nodos donde mayor conectividad existe al día de hoy, que casualmente son ciudades fuertemente pobladas, donde ya existen problemas urbanos de difícil solución. La instalación de data centers solo agrava una situación que ya existe.

Por otra parte, el programa de comercio electrónico indica explícitamente en la sección B.2, “Flujo de información”, que no se pueden imponer restricciones sobre la localización de dichos datos, prefiriendo una localización a otra. La pregunta que subyace es ¿qué sucedería si existiesen países que logren desarrollar formas más amigables con el ambiente para almacenar los datos? quedaría prohibido eventualmente obligar a las empresas a almacenar datos con determinados estándares o en determinados países que cumplan dichos estándares medioambientales. Esto no es un tema menor: se sabe que el almacenaje de datos consume energía, consume agua, contaminando el medioambiente de diversas formas. Garantizar que los estados puedan regular en favor de las mejores prácticas resulta estratégico y necesario en un escenario donde la dataficiacion de la vida lleva una acumulación de datos impensada hace décadas atrás. Esto estaría prohibido bajo las reglas de la OMC.

Algoritmos y código fuente

Pero esta no es la única cláusula que afectará el medioambiente. Hay otra que resulta particularmente problemática. La sección C.3 bajo el epígrafe “Confianza empresarial” establece la prohibición de transferir el algoritmo y el código fuente asociado. Esta cláusula resulta problemática por dos motivos fundamentales:

• Primero, las transferencia o acceso al código fuente puede ser pedida por temas de transferencia tecnológica. Es sabido que en temas medioambientales, las mejores son aquellas que menos contaminan y, a su vez, las más avanzadas en diseño, evaluación e infraestructura requerida. En este sentido se podría argumentar que a más tecnología, menos contaminación. Por este motivo es que para los países en vías de desarrollo muchas veces es muy difícil invertir en energías verdes o sistemas tecnológicos menos contaminantes: porque incorporarlos de la noche a la mañana implica una desinversión en tecnologías soberanas que lleven a incentivar el desarrollo de industria nacional. Por ese motivo muchas veces prefieren realizar una transición tecnológicas más lenta pero soberana. En ese sentido, se necesita una transición justa en temas medioambientales y energéticos que necesariamente implica una transición justa en términos tecnológicos. Pensado así, podría resultar beneficioso que en determinadas inversiones y contratos, los países del Sur Global puedan acceder a tecnología, obligando a las empresas a dicha transferencia tecnológica si desean invertir en sus países. Y esto puede implicar el acceso al algoritmo o código fuente asociado.
• Segundo, existe un consenso hoy día que la inteligencia artificial y los sistemas de automatización de decisiones deben pasar por determinados estándares éticos. La propia norma europea ahora en discusión pone en evidencia esta necesidad. En este sentido, se necesita espacio para la política pública que permita a los estados regular cómo se hará dicha auditoría. Esta auditoría debería considerar los estándares medioambientales y derechos fundamentales como valores primordiales a preservar. Un buen ejemplo de esto se puede ver en las plataformas de delivery. Dichas empresas tienen un algoritmo que asigna tareas a los trabajadores. Imaginemos por un momento que dicho algoritmo tenga en su instrucción que sólo asignará tareas si los trabajadores están en movimiento, de tal manera que se promueve una movilidad activa del trabajador a fin de generar publicidad para la empresa, dado que los trabajadores se mueven por la ciudad con sus mochilas. Esto genera riesgos de salud y seguridad laboral pero también medioambientales, al estar el trabajador que va en moto en constante movimiento aun sin llevar pedidos. Si una autoridad tuviera la capacidad de chequear ese algoritmo antes de que salga al mercado, rápidamente pediría a la empresa que modifique esta orden a fin de poder operar en una ciudad. Que el trabajador reciba pedidos aún estando en descanso sentado en una plaza implica menos accidentes de tránsito, menos exigencia física, y menos contaminación en las ciudades. De esta forma con un ejemplo, se puede apreciar como probablemente sea buena idea tener una autoridad de aplicación que audite los productos tecnológicos antes de que salgan al mercado, cuidando de que sean respetuosos del ambiente y los derechos fundamentales, y no solamente cuidan de la privacidad y los sesgos discriminatorios.

En muchos casos, como en la cláusula de localización de los sistemas y bases de datos, el acuerdo de OMC dice que pueden plantearse contradicciones siempre y cuando sea para la persecución de un objetivo legítimo. Estas palabras prestan confusión ya que no se aclara si la protección del medioambiente es un objetivo legítimo, exponiendo a los Estados a grandes costes en términos de juicios para demostrarlo en caso de hacer uso de esta excepción. El resultado final tiende a ser un efecto enfriamiento en las decisiones asumidas por los Estados a fin de no exponerse a mayores costes y demandas. Realmente, ¿realmente queremos un mundo donde los reguladores prefieran no hacer nada antes que actuar frente el cambio climático y las consecuencias medioambientales de la digitalidad?

Recursos financieros

Finalmente, el acuerdo de comercio electrónico determina en la sección B.3 “derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas”, que no se pueden cobrar impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas, algo que ya existe en la OMC desde el año 1998 pero que tambalea ministerial tras ministerial, ya que los Estados se están dando cuenta la enorme cantidad de dinero en términos fiscales que se están perdiendo de recaudar por esta “moratoria” que se renueva cada 2 años aproximadamente. En este sentido es necesario comprender que para abordar la crisis climática se necesita recursos de forma urgente, para invertir en energías renovables, para fortalecer a los Estados en su capacidad de control y auditoría, para hacer campañas de toma de conciencia, entre otras cuestiones. Todo esto precisa de recursos tan necesarios sobre todo para los países del Sur Global que todavía deben resolver problemas tan básicos como el acceso a la educación, la salud y bienes básicos como el agua potable a sus ciudadanos. En un contexto de emergencia no podemos esperar, debemos darle a los estados los recursos necesarios para enfrentar el cambio climático. Quitarles una potencial fuente de financiación que puede resultar no solamente abundante, sino que también fácilmente contabilizable a través de las transacciones electrónicas, no parece una medida muy prudente en un mundo que no puede esperar respuestas. Un documento reciente de The South Centre estimó que en el período 2017-2020, los países en desarrollo y los PMA perdieron 56.000 millones de dólares de ingresos arancelarios, de los cuales 48.000 millones fueron perdidos por los países en desarrollo y 8.000 millones por los países menos adelantados[2].

Conclusión

El mundo necesita respuestas urgentes y la digitalidad es una esfera que no solamente nos envuelve en la actualidad, sino que también crecerá exponencialmente en los años por venir. Pensar dejar lugar para que los estados regulen y obliguen a las empresas a tener mejores prácticas, verificando su cumplimiento, aun desacelerando la economía si fuera necesario, parece ser un camino prudente a seguir.

(*) Economista, investigadora y columnista en Feas, Sucias y Malas, sábados de 10 a 13 hs por Radio Gráfica. 

[1] El negocio de compras en línea a través de plataformas puede denominarse peer-to-consumer (de igual a em>igual) porque se trata principalmente de una empresa realmente pequeña o simplemente de una persona que publica productos en línea para venderlos y añade ganancias a su presupuesto mensual. Si la empresa que vende online es grande, debería llamarse B2C (business to consumer), y si hay artículos de segunda mano, debería llamarse C2C (consumer-to-consumer).

[2] https://www.southcentre.int/research-paper-157-3-june-2022/

Artículo también publicado en TNI.