Por Úrsula Asta*
Actual fiscal general en Córdoba, Carlos Gonella estaba a cargo de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) el 5 de febrero de 2014. Aquel día, se quemaron los sectores 7 y 8 del depósito de Barracas de la empresa Iron Mountain. En el intento de apagar el incendio, 10 personas fallecieron, y otras dos perdieron la vida después.
Ante el requerimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la posibilidad de que el incendio haya guardado vinculación con la comisión de uno o más ilícitos vinculados a la criminalidad económica, la PROCELAC realizó una investigación preliminar. Consultado por Radio Gráfica, Gonella contó lo obtenido en aquel informe. “Dimos con varias sorpresas”, planteó.
La investigación evidencia las colaboraciones e información remitida tanto con la CNV, como con otros órganos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) durante aquel año. En el caso de Gonella, desde 2016 ya no forma parte del organismo.
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-¿Qué pasaba en allá por 2014? Sabemos que hubo investigaciones en distintos organismos en relación a la criminalidad económica y, a priori, sabemos bien que Iron Mountain es una empresa que se dedica a la guarda de documentación de otras empresas, que son sus clientes y que efectivamente tenían documentación en el depósito que se incendió. Entonces, a ustedes les requieren cursar una investigación al respecto.
-Carlos Gonella: Nosotros iniciamos una investigación a raíz de una presentación que hizo la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es el organismo regulador del mercado de capitales, a raíz de que dentro de sus empresas controladas había alguna información almacenada en Iron Mountain. Entonces se detecta que varias empresas que emitían acciones, títulos y valores, es decir, que pertenecían al universo de control (de la CNV), guardaban información allí. Por ese motivo y a los fines de tener mayores detalles, la CNV hace una presentación en la Procuración de la Nación y nosotros iniciamos un legajo de investigación tendiente a tener mayores detalles sobre ese punto.
Y, además, nosotros dijimos bueno puede ser que alguna que otra empresa o personas física que hubiera sido investigada por nosotros, la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (PROCELAC), también guardara información allí. Entonces iniciamos una investigación con ese objetivo.
La investigación se nutrió de mucha información que requerimos al Banco Central de la República Argentina, información complementaria a la CNV, información a la AFIP, información a las empresas. Pudimos reconstruir un gran acervo de información con una enorme cantidad de cajas y algunos elementos parciales acerca de lo que contenían esas cajas y dimos con varias sorpresas. Pudimos armar una lista en donde teníamos qué empresa o qué banco encabezaban el archivo de almacenamiento de información.
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Como cuenta Gonella, la PROCELAC logró reconstruir, a partir de la información requerida a Iron Monutain, que eran 43 empresas las que habrían tenido mayor cantidad de documentación quemada, es decir, la que estaba ubicada en los sectores 7 y 8 del depósito de Barracas de la empresa.

Como se evidencia, Banco Patagonia y HSBC son las dos entidades con mayor caudal de documentación perdida. Para el caso de la primera, según el reporte, fueron afectados prácticamente el 50 por ciento de los documentos que posee. Para el caso de la segunda, las 26.326 cajas que figuran en los sectores incendiados, no tienen concordancia con la información aportada por el Banco Central, según la cual la se habrían destruido 30.732 cajas del HSBC.
Además, la PROCELAC cruzó información y constató que para ese momento había al menos 29 investigaciones que ya estaban en curso previamente y que, de alguna manera, se vinculaban con algunas de estas empresas clientes de Iron Mountain. Las causas involucraban presuntos delitos contra la administración pública, evasiones de pago de impuestos nacionales, lavado de activos y fraudes económicos y bancarios.
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-Al mismo tiempo había otras investigaciones en curso, por lo cual se cruzó información. ¿Es así? Quizás el caso más públicamente conocido era el de las 4.040 cuentas no declaradas que tenían al banco HSBC como principal ejecutante de esa transmisión de dinero al exterior.
-CG: Efectivamente. No solo el HSBC, a raíz de las cuentas offshore, que es a lo que vos te referís, que es una causa que se inició por una presentación de AFIP donde se descubrió que el HSBC prestaba servicios financieros para derivar fondos ilícitas a subsidiarias existentes en “paraísos” fiscales.
También está el caso de JP Morgan, que es un banco global que fue investigado en nuestro país y condenado en Estados Unidos con fuertes multas por facilitar circuitos para la fuga de dinero. También, el BNP Paribas, que es una causa en la que actualmente participo y vamos a ir a juicio oral en Comodoro Py en los próximos meses por maniobras de facilitación de fuga de dinero y lavado de activos.
Había muchas empresas. Entre otras encontramos la Sideco Americana, que era una empresa de propiedad de Franco Macri, que nos llamó mucho la atención porque en el contenido de las cajas encontré un rótulo que decía Sideco Americana “coima” General Perú y al lado el nombre de una empresa proveedora de servicios eléctricos. Eso nos hizo saltar la alarma, remitimos esa información a la Justicia Federal de Buenos Aires y desconozco el destino de esa información.
Pero en el desarrollo del entrecruzamiento de datos, como vos mencionas, que fue básicamente la actividad que nosotros hicimos, surgieron este tipo de situaciones, lo cual nos permitió a nosotros tener mayor claridad y apuntar a esas empresas para ver si efectivamente la información destruida podía ser útil para nuestras investigaciones y/o servir a la investigación madre donde se trata de averiguar si fue un hecho intencional. Evidentemente todos estos condimentos son útiles a la Justicia para determinar si el hecho fue intencional porque había algo que destruir, o no. Eso fue lo que nosotros hicimos.

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En la actualidad, Gonella participa del equipo de la fiscalía, junto con la fiscala Gabriela Baigún, la causa del BNP Paribas, que está elevada a juicio y en espera de comenzar el debate oral. “Es un caso realmente muy grande, se investiga una fuga de mil millones de dólares. Nuestra hipótesis es que el BNP Paribas, que es un banco francés, facilitó mecanismos para que clientes, personas físicas y jurídicas que tenían dinero sin declarar en nuestro país, la sacaran asegurando su anonimato a distintas subsidiarias de este banco en varios paraísos fiscales”, sostuvo.
En otro orden, en relación a la información obtenida por la documentación aportada por la CNV a la PROCELAC en 2014, surgió que la empresa Sideco Americana S.A. habría depositado una caja de documentación en Iron Mountain que estaba rotulada bajo la leyenda “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”. Con fecha 7 de abril de 2014, la PROCELAC libró oficio a Iron Mountain con el fin de identificar los detalles de la ubicación de la documentación rotulada. Guillermo Rivarola, el apoderado en Argentina de la empresa que se incendió en varias partes del mundo informó que la caja de referencia no se encontraba en la planta de Barracas, sino en la planta sita en el barrio de La Boca. Ese mismo mes, se remitieron los antecedentes a la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, por entender que podrían dar cuenta de la existencia de un delito de acción pública.
Asimismo, de la lectura minuciosa de información sobre los rótulos de las cajas que guardaban información, se observa, por ejemplo, que el JP Morgan tenía documentación cuyos títulos indican las palabras “offshore” o “AFJP”, así como “lavado de activos” en las de HSBC. Lo consultamos con el ex titular de PROCELAC.
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-Además de Sideco, que vos mencionas el rótulo “coima”, también particularmente del banco HSBC había rótulos que decían “lavado de activos” y de JP Morgan, otros que hablaban de “offshore“, por ejemplo. Y sobre otros rótulos era muy difícil identificar algunos elementos porque a veces tenían algún número o rótulos que no necesariamente significaban una palabra que a priori llamara la atención, ¿verdad?
-CG: En un análisis más semántico de eso, que efectivamente como vos decís al menos llamó la atención, en el caso de los bancos, por recomendación del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), que es un organismo internacional que genera los estándares globales para combatir la criminalidad económica y entre otras el lavado de activos, los bancos utilizan con frecuencia esos términos para hacer referencia al cumplimiento de deberes contra el lavado de activos. Por ahí la sorpresa que genera a alguien que lee eso, inmediatamente te lleva a una connotación delictiva. Pero el banco aplica estos deberes de prevención contra el lavado, entonces se resume de esa manera.
Cosa distinta a lo que pasa con el término “coima”, porque ahí directamente tiene una connotación delictiva porque no hay deberes estandarizados institucionales, como reglas para combatir la coima. Es el sentido común. La coima es algo que está mal. Entonces, la práctica en contra de la coima es apegarse a los procedimientos éticos de transparencia y de información. Todo eso generó nuestra inquietud.
Algo que es importante, desde el punto de vista contextual, es que existe un deber legal de preservar información. El GAFI en sus recomendaciones dice que los Estados tienen que asegurar que la información de bancos, de empresas que tienen el deber de luchar contra el lavado de activo y otras manifestaciones de criminalidad económica tienen la obligación de preservar información que pueda ser útil para las autoridades, sobre todo a las autoridades investigativas, sobre todo a la Justicia.
-¿Son 10 años?
-CG: Sí, porque pueden haber pruebas relevantes. Nosotros eso lo tuvimos en cuenta y fue uno de los motivos por lo cual impulsamos nuestra investigación. Nuestras conclusiones efectivamente indican que no se cumplió debidamente con este deber de preservar la información en relación a las condiciones de almacenamiento y en relación a la forma en que se organizaba la información que luego se mandaba a la forma de archivos. Descubrimos grandes falencias en este sentido, que atentaban contra este deber de preservar y por eso nosotros lo pusimos en conocimiento de los organismos públicos para que sean más estrictos en cuanto al cumplimiento de esta obligación.
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Entre las conclusiones, se establece el “impacto de las consecuencias del incendio en las investigaciones en curso o futuras, que de algún modo involucren a los clientes de IMSA (Iron Mountain S.A.) o a la documentación de éstos que allí se resguardaba”, por lo que “digitalizar tal información, así como también conocer y describir la práctica que se vincula a la forma de almacenar documentación relevante, por parte de los sujetos obligados, personas físicas y jurídicas” es de vital importancia.
El deber de resguardar material relevante es evidente que no se garantizó, por lo que en la investigación de PROCELAC se postuló la necesidad de definir nuevos estándares de guarda y custodia para evitar que situaciones como esta “impacten de manera negativa en las investigaciones frustrando la intervención de la justicia o impidan el ejercicio acabado de control y/o fiscalización por parte de autoridades”.
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-¿Qué otros elementos pudieron obtener hacia el final de la investigación?
-CG: A medida que surgían cuestiones que llamaban la atención y que tenían connotaciones delictivas, las remitimos. Detectamos estas falencias, citamos como testigos a personas que trabajaban en organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires. El ingeniero Edgardo Castro, que fue una de las personas que salió a reclamar porque había hecho un informe previo y había detectado e informado al organismo de control de condiciones de seguridad e higiene del trabajo, donde había referido que había detectado algunas falencias, y no le habían dado bolilla. Eso no era algo que tenía estrictamente que ver con el objetivo de la investigación nuestra en función las competencias de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica, pero sí es algo que quedó registrado en nuestra investigación y se lo hicimos saber por ese motivo a la fiscal Sánchez que, en ese momento, que llevaba a su cargo la investigación de las causas de este incendio.
-¿Cómo siguió esto? Porque después de la investigación en la causa ustedes podían volver a ser requeridos para investigar información. Es decir, se supone que en el curso del tiempo se va avanzando. ¿Qué sucedió después?
-CG: La investigación nuestra, con ese objetivo y con estos alcances a los que me referí, duró poco, duró un mes. Ahora sí sirvió, como decís, como información para requerimientos de otras actividades. Yo me fui de la PROCELAC en mayo del año 2016, y la verdad que ya desconozco cuál fue el destino. Pero sí he ido viendo a partir de las noticias, sobre todo del reclamo de los familiares de víctimas para impulsar la investigación judicial, y calculo que eso también habrá generado un intercambio. Pero yo no participé más porque me fui.
-Resumidamente, a partir de todo lo que se halló, parece ser muy difícil efectivamente poder establecer algo concreto sobre lo que tenemos una presunción: que el incendio, el cual la Policía Federal dijo que fue intencional, tiene conexión con quienes guardaban documentación allí y que se querían eliminar algunos archivos. Es decir, esa conexión, de la que tenemos una presunción, no se ha establecido.
-CG: Sería irresponsable de mi parte esbozar una hipótesis en cuanto a las causas bases. Lo que sí te puedo decir, porque lo confirmó nuestra investigación, es que había cosas muy importantes almacenadas. Para hacer un paralelismo, en el caso de las explosiones en la fábrica de Río Tercero de 1995, una causa en la que me tocó intervenir como fiscal, pasó algo similar, salvando las diferencias. Explotó una unidad de fabricación militar. Al principio se dijo que fue un accidente y un hecho involuntario, pero después se descubrió que se habían traficado armas a Ecuador y a Croacia, cuando eso estaba prohibido internacionalmente y esas armas habían pasado por esta fábrica militar. Entonces, después, a raíz de una pericia nos dimos cuenta y lo comprobamos judicialmente, y hay sentencia condenatoria de que se hizo explotar para ocultar un faltante de armas.
Esto en este tipo de causas se va descubriendo a partir de las pericias, a partir de testimonios, presunciones. Pero ojalá que en esta causa se avance rápidamente para poder darle una respuesta a los familiares de las víctimas. Se ha cobrado muchas vidas, es un acontecimiento muy triste y las víctimas, los familiares, merecen una respuesta de la Justicia. Ojalá llegue lo antes posible.
(*) Conductora de Feas, Sucias y Malas, sábados de 9 a 12 hs, por Radio Gráfica.
Desgrabación con la colaboración de Carolina Ocampo.
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