Eduardo Barcesat: “El nombramiento de Rosatti no cambia la funcionalidad del Tribunal Supremo”

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, docente en la Facultad de Derecho y activista de derechos humanos, dialogó con Gabriel Fernández en Radio Gráfica sobre la designación de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia nacional y repasó aspectos de su trayectoria en el derecho constitucional. Además, el letrado señaló el aspecto positivo de la salida de Carlos Rosenkratz de la presidencia del Tribunal Supremo y mostró su preocupación ante el poco avance de la Reforma Judicial anunciada por el gobierno nacional.

GF: ¿Cuál es su opinión acerca de la designación de Horacio Rosatti al frente de la Corte Suprema?

EB: Primero, habría que darle la significación y la dimensión real que tiene el nombramiento del presidente en la Corte Suprema: no cambia la funcionalidad de ese Tribunal en nada, porque se trata de las funciones protocolares, no es que tenga un voto. No es más que un nombramiento, distinción honorífica, vale para quien lo considere así, no se le puede quitar el mérito. Pero de ahí a la funcionalidad de la Corte Suprema, no creo que introduzca un gran cambio.

Recordemos que estos 5 miembros de la Corte Suprema son los que tienen retenidos, sin pronunciamiento alguno, todos los expedientes e impugnaciones que refieren al “lawfare” o guerra judicial. Y que no han emitido ningún pronunciamiento desde hace más de 2 años, a pesar de que se ha recibido esa “catarata” de denuncias sobre las irregularidades que se prosiguen cometiendo. Lo que pasa, es que la que se están cometiendo ahora llegarán a la Corte en 2 o 3 meses. Actualmente tiene 30 causas sobre esos temas y no han brindado ningún pronunciamiento.

La Corte solamente se sintió animada a dictar una acordada -que tampoco es la medida correcta porque las resoluciones deben dictarse en causas- que emitió cuando divulgó una escucha telefónica que no refería a ningún pleito y que se tomó por todos los medios hegemónicos de comunicación: era un llamado telefónico entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli cuando todavía no era senador. Repito, no tiene nada que ver, pero como había un intercambio un poco fuerte, entonces les pareció que era útil para la causa desprestigiar a Cristina, y lo usaron. Entonces, la Corte sacó una acordada recordando “que solamente se pueden utilizar aquellos tramos que refieran a investigaciones judiciales y que hayan sido ordenados por jueces”. Es decir, dijo lo mismo que dice la ley, la norma procesal, pero en todo caso, puso un señalamiento para que no se repitiera un episodio tan bochornoso como el de las grabaciones. Que estaban custodiadas por la Corte Suprema, que tomaron estado público y en una función chabacana francamente.

Sobre el “lawfare”, ni en causa judicial ni por acordada ha hecho nada la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me animaría a pensar que tampoco va a cambiar mucho esta actitud, tan solo por el traspaso del bastón de Rosenkrantz a Rosatti. Creo sí que hay que celebrar por lo menos que Rosenkrantz no sea más el presidente de la Corte Suprema. Ha sido un bochorno su relación con los epígonos de la Mesa Judicial y todo lo que esto significa en cuanto a intrusión del Poder Ejecutivo en conocimiento y manejo de causas judiciales en trámite o restablecimiento de causas fenecidas. Esto lo prohíbe taxativamente el texto de la Constitución en su artículo 109. Y que querría pensar que en ese aspecto, un profesor de derecho constitucional, como es el Doctor Rosatti, va a tener mayores escrúpulos que los que evidenció su antecesor, que no vacilaba en encontrarse -un poco camuflado- en encuentros en bares con Pepín Rodríguez para tramar algunas de esas maniobras persecutorias que tanto han perjudicado a las víctimas, a la institucionalidad y a la credibilidad misma del Poder Judicial que está en su índice más bajo de la historia.

GF: Hace un rato, un periodista conocedor tanto del ámbito judicial como del político, nos decía que “hay dos Rosatti en esta historia y es la misma persona: una, que estuvo con Néstor Kirchner entre el 2004 y el 2005 y, otro, que aceptó una designación a dedo por fuera de toda institucionalidad desde Mauricio Macri”. Seguramente, este último tiene proyección hacia el presente. ¿Con cuál nos vamos a encontrar?

EB: Es muy difícil de definir. Todos respetamos el saber académico de Rosatti, las obras que ha publicado, podemos estar o no de acuerdo con determinados tramos, pero no hay duda que es un estudioso del derecho constitucional. Pero, efectivamente, tiene estas actitudes contradictorias cuando se trata, previsiblemente, de tener un beneficio personal. De modo que yo querría, pero no tengo elementos racionales para sostenerlo, apostar al Rosatti estudioso, tratadista, académico, conocedor del derecho constitucional y, por lo tanto, del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución. Él también fue convencional constituyente del año 94. Fue uno de los que aprobó con grado importante de unanimidad, creo, no sé si hubo algún voto en contra, de incorporación de esa cláusula de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución. En definitiva, que los únicos que se opusieron fueron los convencionales del MODIN (Movimiento por la Dignidad y la Independencia) que se levantaron y se fueron, es decir, no votaron ni a favor ni en contra.

Bueno, lo que tenemos que pensar para hablar seriamente de la Corte Suprema es un cambio, que puede hacerse por ley de la Nación, de su integración y funcionalidad. Yo adhiero a la propuesta que ha divulgado el Doctor (Eugenio) Zaffaroni, “de crear una Corte con mayor número de miembros, dividida en Salas por especialidad jurídica, y una de esas Salas tenga, exclusivamente, el control de constitucionalidad de las resoluciones emanadas de los otros poderes”. Esto podría oxigenar esta Corte y, sobre todo, sobrepasar ese atraso que hace que ya no sea justicia cuando se dicta un pronunciamiento. Porque la Corte recibe por año de 11 a 14 mil expedientes y lo que hace en el 80% de los casos o más, es estamparle lo que llamamos la “plancheta” del artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial, que la autoriza a desestimar los recursos extraordinarios sin dar fundamento, simplemente con una afirmación dogmática de que no reúne los requisitos del recurso extraordinario, y queda afuera. A esto se le tiene que poner fin. Obviamente, se puede por una modificación legal a este artículo 280 o suprimiéndola directamente, porque todos los jueces del Poder Judicial están obligados a fundar sus pronunciamientos y, sobre todo, a invocar las cláusulas constitucionales de aplicación.

GF: Por último, para no abandonar el tema, aquel anuncio de Reforma Judicial ha quedado en la nada o está solamente ralentizado. Piensa que va haber algún “apriete del acelerador” en algún momento por parte del gobierno nacional y los sectores que confluyen sobre él o esto va a seguir siendo así, con una justicia siempre sospechada.

EB: Yo temo que esto que llamamos “demora” termine en que pierda estado parlamentario la iniciativa que se aprobó en el Senado de la Nación. Temo que esto pueda ocurrir. En todo caso, quiero señalar que si vamos a hablar profunda y seriamente del Poder Judicial, el mecanismo es el de una nueva Constitución, donde se logre que el futuro Poder Judicial de la Nación sea representativo y republicano, como lo ordena el artículo 1° de la Constitución Nacional. Hasta el momento, el Poder Judicial que tenemos no es ni representativo ni republicano. De modo que este es la raíz del tema y la solución: “tomando el toro por las astas”. Repito, se puede lograr una gran impronta de mejora, modificando la composición y la funcionalidad de la Corte Suprema. Pero si vamos a ir para un examen totalizador, tiene que ser a través de la convocatoria a una Reforma constitucional.