El gobierno de La Pampa sancionó, con 27 millones de pesos, a la firma Ferroexpreso Pampeano, cuando comprobó que había enterrado más de 400 bidones de agrotóxicos cerca de la localidad de Ojeda. Algunos de ellos aún estaban llenos. La denuncia fue anónima, y permitió que la Subsecretaría de Ambiente provincial actúe de oficio. Las graves consecuencias en los suelos están a la vista.
Por Juan Patricio Méndez (*)
El Gobierno de La Pampa multó con más de 27 millones de pesos a la empresa Ferroexpreso Pampeano, luego de comprobar que se habían enterrado más de 400 bidones de agrotóxicos (fundamentalmente Glifosato) en la zona de Ojeda. La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima realizada ante el Ministerio Público y la fiscalía en turno en el mes de agosto de 2020, y que permitió a la Subsecretaría de Ambiente actuar de oficio.
La firma pertenece al Grupo Techint, y es una empresa de transporte del sector ferroviario de capitales privados que posee la concesión, actualmente, sobre el manejo de la infraestructura y operación de trenes de carga de los ferrocarriles Roca, San Martín, Sarmiento y Mitre. Opera, fundamentalmente, en la red denominada “Corredor Rosario-Bahía Blanca”, y no es la primera vez que acciona de esta forma. A través de la Agencia Provincial de Noticias, el Gobierno señaló que “esta no es la primera vez que la empresa actúa de manera dolosa, ya que en dos oportunidades anteriores había sido sancionada por ilegalidades referidas a la misma temática”
Según las autoridades provinciales “la mayoría de los bidones ya estaban abiertos y usados, y otros llenos o incluso con gran cantidad de agrotóxicos”. A partir de la denuncia, se abrió un expediente administrativo para determinar responsabilidades por incumplimiento de la Ley Ambiental Provincial N° 3.195 (que prevé la implementación del desarrollo sustentable y la preservación de la diversidad biológica en el territorio de la Provincia de La Pampa), y a las leyes nacionales de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios y de Residuos Peligrosos (Ley 24.051 y 25.675).
En este sentido, y luego de determinarse en autos la responsabilidad de la empresa en los hechos denunciados, el Gobierno indicó que “la gravedad de la conducta realizada por Ferroexpreso Pampeano S.A.C al enterrar bidones y envases de fitosanitarios en el ejido de Vértiz, configura una conducta en extremo grave que atenta, real y potencialmente, contra la salud humana y ambiental”.
El efecto en el ambiente
El Gobierno aseguró que “las vías férreas constituyen importantes reservorios de gramíneas y herbáceas que constituyen refugios para especies nativas, algunas de ellas con problemáticas de conservación; y hábitat de comunidades de insectos polinizadores nativos, responsables de funciones imprescindibles en los ecosistemas”. Esta idea manifiesta la peligrosidad de atentar contra el equilibrio ambiental al afectar, severamente, a las especies nativas y a la flora y fauna fundamental.
También es un escenario de peligro para los suelos. La conservación de los mismos es fundamental para garantizar la vida de las especies, no solo de la flora. Su muerte lleva, de a poco, a su impermeabilidad y a las inundaciones, y consecuentemente, al desastre. Este tipo de químicos alteran el PH de los suelos volviéndolos inertes. Uno de los principales efectos ocasionados por plaguicidas o este tipo de fitosanitarios en los suelos son los cambios en los balances de la naturaleza, llegando a desequilibrar los sistemas ecológicos, lo que implica que el suelo contiene una multiplicidad de especies viviendo de él (como fauna microbiana). “La introducción de plaguicidas en el suelo ocasionan cambios a estas poblaciones, afectando así a muchos elementos biológicos del suelo”, destacó el ingeniero ambiental Sánchez Martín, en su estudio “Los plaguicidas: adsorción y evolución en el suelo”.
Es fundamental tener en cuenta que el drenaje de estos químicos puede afectar las capas inferiores de los suelos, provocando su desplazamiento por redes subterráneas de agua o cuerpos hídricos. En Mercedes, provincia de Buenos Aires, luego de la explosión de la empresa Sigma Agro S.A. en el 2019, miles de litros de agroquímicos se filtraron por la red de agua y por los conductos subterráneos, provocando graves consecuencias ambientales.
Podríamos señalar que estamos ante un nuevo escenario de catástrofe por el agronegocio y el extractivismo. Un modelo productivo que, en la búsqueda de maximizar su producción, daña severamente los ecosistemas, la salud humana, deja sin vida cientos de territorios, monopoliza prácticas de cultivo atentando contra la soberanía alimentaria de las poblaciones y de las sociedad, regula precios y establece la agenda del comercio internacional a costa de reproducir la desigualdad. Es por ello que la causa ambiental, es también una causa política.
Por último, la Subsecretaría de Ambiente le ordenó a la empresa que adopte “técnicas de manejo libres de agroquímicos para el mantenimiento de las vías férreas” y se puso a disposición para “colaborar con el organismo para implementarlas”. En este orden de cosas, impera la elaboración de políticas públicas que acabe, definitivamente, con estas prácticas destructivas para el ambiente y los ecosistemas.
(*) Columnista de Ambientalismo en Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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