Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
La despedida de Evo Morales de la Argentina con un emotivo acto en La Quiaca y Villazón estuvo cargada de simbolismo. Como escribió el pensador Jorge Abelardo Ramos “Somos un país porque no pudimos ser una Nación y somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos”. El desafío sigue vigente y es el que orienta nuestro pensamiento.
Alberto Fernández estuvo el domingo pasado en la asunción de Luis Arce y David Choquehuanca en La Paz, Bolivia. El enorme agradecimiento popular en las calles por haber salvado a Evo sorprendió al mandatario argentino, que hizo su aparición con un poncho al estilo federal. La imagen de Evo y Alberto atravesando en una caminata fraterna la frontera fue el punto de partida de una histórica caravana de más de 1000 kilómetros que llevó al ex presidente y dirigente cocalero al Chapare.
Paralelismo. El acto final en Chimoré puede compararse con esa vuelta de Perón en 1972. Las imágenes impactan con el millón de personas recibiendo a su líder. De origen aymara, dirigente sindical, Evo hizo la mejor presidencia de la historia de Bolivia con crecimiento económico, justicia social y un desarrollo autónomo.
Morales no será parte del gobierno, pero va a encabezar al movimiento social que es muy poderoso: “Somos mayoría carajo”, es un cántico que expresa la potencia de ese “subsuelo de la patria sublevado” que está “unido y organizado”. La formación de cuadros sindicales y políticos está planteada como la tarea principal tanto para Evo como para Álvaro García Linera. Sin embargo, no descartamos que se proyecte en el plano internacional.
El MAS-IPSP en Bolivia nacionalizó los hidrocarburos y vuelve a plantear un modelo económico que Argentina merece discutir. ¿Por qué en nuestro país la pampa húmeda está en manos de un grupo reducido de propietarios aliados al capital financiero, que producen y exportan casi sin control estatal? ¿Por qué el comercio exterior de granos sólo es manejado por un puñado de empresas extranjeras? ¿Por qué todos los puertos siguen privatizados? ¿Por qué la minería sigue en manos transnacionales? ¿Se encarará otra experiencia con el litio a partir del ejemplo boliviano?
Un proyecto de país con soberanía política, independencia económica y justicia social tiene que dar el debate y accionar sobre esos puntos estratégicos. El movimiento obrero tiene en su historia los programas políticos de la Resistencia Peronistas como La Falda, Huerta Grande, CGT de los Argentinos, como también los 26 puntos de la CGT en los ´80.
Es necesaria la reflexión acerca de estos interrogantes en la política nacional. Porque se está llevando adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional y se definió un “acuerdo de facilidades extendidas” que implica “reformas estructurales”.
RUIDOS. Una semana con ruidos políticos de superestructura. Por un lado la Mesa de Enlace de Militares y Policías. Ante todo, podemos ahora definir el hecho como la construcción mediática de un escenario ficticio (operado por el PRO, Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón vinculada a los servicios de inteligencia yanquis e israelíes).
Vale destacar que el general retirado del ejército argentino Fabián Brown que preside la Federación de Mutuales Militares pudo “ordenar” y al otro día del “lanzamiento” todas las instituciones se corrieron de esa convocatoria. Entrevistado por Gráfica, Brown que es parte del Directorio del INAES opinó que en Argentina no hay posibilidad de un golpe militar. Planteó que fue una “emboscada” donde se convocó a una reunión informativa y se salió con un documento, rápidamente desmentido. Hubo un gran reflejo del ministro Agustín Rossi y de organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos salieron al cruce con el grito NUNCA MÁS.
Pero hubo otro ruido para el gobierno, con interpretaciones varias. Nos referimos al documento del Consejo Directivo de la CGT que criticó por “las restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales”. También reclamó que el Gobierno asuma el costo de la vacunación contra el Covid-19, dada la mala situación financiera que atraviesan las obras sociales.
Desde espacios críticos a la conducción como el moyanismo o la Corriente Federal, primero marcaron la pasividad del por entonces “triunvirato” durante el macrismo. Por otro lado, reafirmaron la necesidad de apoyar al gobierno y apostar a los canales de diálogo abiertos.
“Cuando nosotros estábamos en la calle contra el gobierno anterior no era tan crítico como con este gobierno”, afirmó Pablo Moyano en diálogo con la Gráfica, y agregó que “pueden haber algunos sectores que hayan sido perjudicados, pero creo que el gobierno ha hecho todo el esfuerzo necesario para que los trabajadores no pierdan parte de su salario. Creo que en este momento, si bien algunas medidas pueden ser antipáticas, son necesarias”. También Moyano declaró que “un gobierno peronista, por más que venga el FMI, no va a entregar los derechos de los trabajadores, no va a perjudicar a los jubilados”.
Por su lado, Héctor Amichetti, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, también entrevistado por Radio Gráfica, marcó distancia del comunicado de la CGT: “Si hubiera otra estrategia se podría actuar de otra manera. Pareciera ser ese viejo estilo de sacar un comunicado, que es difundido por los medios enemigos para presionar al gobierno sin negociar antes. No es la estrategia de la CGT que necesitamos. Necesitamos estar sentados en una mesa con el Gobierno en representación del conjunto del movimiento obrero, pequeños y medianos empresarios productivos industriales y rurales, cooperativos y organizaciones de la economía popular”.
Decíamos interpretaciones varias de ese documento porque se avecina la disputa por la futura conducción de la central obrera. De no extenderse la pandemia, a mediados de 2021 debería darse la renovación del Consejo Directivo.
REFORMA TRIBUTARIA. La discusión política central está en la cuestión económica y en los desafíos del gobierno para responder a su base social.
Primero vayamos al diagnóstico, con un aporte del economista Horacio Rovelli: “El INDEC estima que este año 3,7 millones de argentinos perdieron sus empleos. Esto se debe a una caída del 16% de la actividad económica, que produjo un deterioro de los ingresos de casi de un 20%, con una inflación acumulada del 26,9% hasta octubre. La consecuencia fue una ampliación de la desigualdad, ya que los ingresos que más caen son los de los sectores más postergados. En síntesis, la pobreza alcanza a más de 20 millones de personas, entre ellas, mayoritariamente niños y ancianos”.
En este contexto, el accionar del Estado que “reconvirtió y aumentó fuertemente el gasto en salud pública y en asistencia a las provincias, a las empresas y a la población. Como resultado financiero de esa política, el déficit fiscal de la Administración Nacional acumulado hasta octubre del año 2020 supera los 2 billones de pesos (2 millones de millones de pesos que, al tipo de cambio oficial de $ 85 por dólar, son unos 23.500 millones de dólares). La tercera parte del gasto estatal nacional no se paga, arrastra deuda que devenga intereses que tampoco se pagan”.
El economista tucumano finalmente propone: “La única manera que tenemos de revertir la situación es con un Estado presente y fuerte y cobrando impuestos a los que pueden pagar. Esto es, debe discutirse públicamente que se hace con un déficit de un tercio del gasto público, quién lo paga y cómo. Debe plantearse una profunda y amplia reforma tributaria que haga posible cumplir las metas planteadas en el presupuesto nacional 2021 de un aumento del 44% en la proyección de recaudación de los gravámenes, pero que el mismo sea pagado por los que tienen manifiesta capacidad adquisitiva y no al consumo y a la actividad”.
El aporte extraordinario de los ricos que obtendría media sanción el próximo martes es un punto de partida para debatir una reforma tributaria fundamental para el gobierno. Se espera que un proyecto de ley que estaría presentando próximamente el ministro de Economía, Martín Guzmán.
“ACCIDENTE LABORAL” El martes se conoció la gravísima noticia: tres jóvenes trabajadores fallecieron tras haber quedado atrapados bajo el cereal en uno de los silos de la planta Saforcada de la multinacional COFCO ubicada en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires
Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina denunciaron: “Una vez más se repite el peor escenario posible. Una vez más, trabajadores pierden la vida por tener que afrontar sus tareas cotidianas en condiciones precarizadas por la flexibilización laboral, bajo el sistema de contratistas. La responsabilidad es en primer lugar de las patronales que priorizan su rentabilidad en desmedro de la salud y la integridad de las personas que trabajan en sus plantas. Son estas mismas grandes empresas las que han sido beneficiadas durante los últimos años por amplias medidas económicas y administrativas, especialmente por el anterior gobierno; a las que se suma la reciente baja de retenciones, tanto general como particular, que aumenta sus ya extraordinarias ganancias”.
A su vez la Federación que conduce Daniel Yofra planteó que “también le compete responsabilidad al Estado en sus distintos niveles, que no ejerce sus funciones de control de acuerdo al mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas de labor y la salud de las trabajadoras y los trabajadores. En el marco de la Emergencia Sanitaria en la que nos encontramos transitando debemos reafirmar más que nunca que la salud debe ocupar el lugar central y prioritario de toda la sociedad y de la clase trabajadora en particular, incluyendo los riesgos del trabajo”.
Finaliza el comunicado expresando que “es imprescindible cumplir con el Artículo 14 Bis de nuestra Constitución Nacional que ordena garantizar la protección de la integridad psicofísica de las trabajadoras y los trabajadores, y evitar más muertes obreras. Si es evitable, no es accidente”.
La seguridad y salud laboral son temáticas que aparecen relegadas en tiempos de crisis, de allí que es un deber del Estado junto al movimiento sindical ponerlas en el tapete. Desde este Panorama retomamos el planteo del querido Dr. Jorge Rachid: “Las medidas de higiene y seguridad y la ley vigente implican que los accidentes no son tales. Se deben a falta de inversión, capacitación y de control por parte de las empresas y de las ART surgidas de ese mamarracho jurídico llamado ley 24.557, que creó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que debería ocuparse de defender la vida de los trabajadores, pero se ocupa en especial de sacarle responsabilidad a las aseguradoras, asegurando ganancias, antes que de protegerlos”.
AERONÁUTICOS. Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (Apta-Apa-Apla-Uala-Upsa-Atepsa) realizaron una caravana con casi 500 vehículos el pasado 11 de noviembre desde el aeropuerto de Ezeiza hasta los ministerios de Transporte y Trabajo.
“Falta una verdadera política aérea que permita superar la crisis generada por la fracasada ´revolución de los aviones´”, denunciaron desde los gremios con fuertes críticas a Meoni de Transporte y Moroni de Trabajo, por “su pasividad e insensibilidad ante el conjunto de problemas que afectan a la situación laboral de miles de empleados/as de las empresas LATAM, Andes, Avian, ANAC y EANA“.
La pandemia llevó al sector a una crisis inédita, pero los gremios venían advirtiendo la situación crítica previa al brote de Covid-19 con el cese de operaciones de las aerolíneas más pequeñas. En plena pandemia se sumó el cierre de la filial local de LATAM y una serie de incumplimientos laborales ante la pasividad de los ministerios de Trabajo y Transporte.
“Le pedimos a los ministerios que hagan cumplir la ley respecto al holding. Muestran buenas intenciones que nunca se concretan”, expresó Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), disparó contra el ministro de Trabajo Claudio Moroni, “en el conflicto de LATAM no intervino y tiene una información totalmente equivocada. No pudo hacer cumplir la decisión de que paguen todos los salarios, ni hacer que las autoridades se sienten en una mesa de diálogo”.
También contra Mario Meoni, a cargo de Transporte: “Se comprometió a eliminar cuestiones del gobierno anterior como la posibilidad de que los pilotos extranjeros vengan a volar en Argentina, así como la implementación de la banda tarifaria para que no haya política desleal o que las empresas low cost se pongan al día con los convenios colectivos de trabajo”.
A su vez el espacio intersindical apunta contra la Directora Nacional de Sindicales, Gabriela Marcello, designada durante el macrismo, pero que llamativamente se mantuvo en el cargo con la llegada del Frente de Todos. Denuncian “connivencia con la empresa LATAM en todas las situaciones de conflicto” cuando era funcionaria de Dante Sica y Lucas Fernández Aparicio.
“Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos hemos luchado y contribuido para que el triunfo del proyecto nacional y popular pudiera erradicar las políticas del neoliberalismo que tanto daño y sufrimiento han causado al pueblo argentino. No pensamos abandonar esas banderas”, concluyeron los gremios.
No hubo respuesta del gobierno ante la medida de unidad sindical, cuyo próximo paso será un pedido de reunión a los ministros.
CONVENIO 190. Se convirtió en Ley la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La votación en la Cámara de Diputados fue el 11 de noviembre, que se recordaba la primera elección en que pudieron votar las mujeres (1951).
El Convenio “es el primer instrumento internacional que aborda específica y exhaustivamente la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Además, define las responsabilidades que le caben al Estado y a los particulares, parámetros que refuerzan el marco jurídico presente, al abonar y reforzar la voluntad de ampliar derechos y reconocer obligaciones estatales”, explica la periodista de Gráfica Úrsula Asta. Que también destaca que “las Mujeres Sindicalistas participaron del proceso de debate y fueron protagonistas de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2019, en su centésima octava reunión, donde nació el Convenio”.
CORTAS Y AL PIE.
PROHIBICIÓN. Lo confirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La prohibición de despidos “sin justa causa” se extenderá hasta el próximo 31 de enero, al igual que la doble indemnización (establecida en diciembre de 2019) que será hasta el 28 de febrero.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales afirmó: “Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias. Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor”.
ALIMENTAR. El ministro de Desarrollo Social anunció esta semana la duplicación del monto de la tarjeta Alimentar, a través del cual las madres o padres con un niño o niña menor de 6 años pasarán de recibir 4.000 pesos mensuales a 8.000; y las madres o padres con más de un niño o niña menor de seis años, de 6.000 pesos a 12.000, para comprar alimentos.
Daniel Arroyo explicó que buscan “incentivar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras“, que antes de la pandemia “tenía un porcentaje de compra del 60%, pero que ahora es menor”.
A su vez indicó que el presupuesto del ministerio este año “termina con 80% para asistencia alimentaria y 20% para trabajo” y sostuvo que “el año que viene va a ser 50% y 50%”, a través del plan “Potenciar trabajo”, que busca la inserción laboral de quienes cobran la mitad del salario mínimo en la construcción, producción de alimentos, textil, cuidado de personas y reciclados.
IFE. “No es momento” definió Guzmán para otro subsidio de 10 mil pesos dirigido a casi nueve millones de personas que fundamentó la decisión en que “hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”. Reconoció que “hay una situación muy dura pero hay equilibrios muy importantes que mantener para que haya estabilidad” afirmó el ministro con un protagonismo en crecimiento, “pero nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa”, dejó planteado.
FÓRMULA. El Gobierno Nacional definió cómo será la nueva fórmula de actualización para las jubilaciones. La propuesta, que se enviará al Congreso, no incluirá la tasa de inflación en la ecuación y establece aumentos de acuerdo a los salarios y a la recaudación del Estado, tal como ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Miguel Fernández Pastor, especialista en Previsión Social. en diálogo con Gráfica apoyó la propuesta aunque hizo un apunte: “Tengo una sola observación, que creo que en el debate parlamentario se podría zanjar: La nueva fórmula utiliza un índice, el RIPTE, para medir el incremento salarial. Y la vieja, la de Amado Boudou, de la época de Cristina, decía RIPTE o un índice que midiera más alto”.
La fórmula del 2008 al 2017 permitió mejorar los ingresos de las jubilaciones. La que sancionó a fuerza de represión la alianza Cambiemos hizo perder a esos mismos jubilados, 19% de sus ingresos en apenas dos años. El debate sobre la fórmula de movilidad también pasa por cómo recomponer en modo urgente jubilaciones mínimas que hoy son de 18.129 pesos.
La propuesta del gobierno es que esta tome 50% de la evolución salarial de los sectores registrados y 50% de la recaudación. En un contexto de caída económica los ingresos acompañan ese curso, por lo cual frente a la necesidad de una recomposición urgente y una economía en retroceso preocupa el corto plazo, pero hay valoración de una fórmula que mostró ser virtuosa en un período previo.
PAGINA/12. La comisión gremial interna del diario perteneciente al Grupo Octubre que dirige Víctor Santa María, profundizó el conflicto: “A más de un mes de ese pliego surgido de la asamblea, la empresa no sólo no ha dado ninguna respuesta a esos pedidos concretos, sino que en los últimos días anunció que recurrirá nuevamente a la excusa de la no homologación del ‘acuerdo’ paritario para no pagarla”, expresó en un comunicado al convocar a un cese de tareas por 48 horas.
TECHINT. Esta semana los metalúrgicos de Tenaris Siat, empresa del Grupo Techint, hicieron una acción en la Plaza Constitución de Valentín Alsina para visibilizar su conflicto: “El 50% de nuestro sueldo está compuesto por un premio de producción que es histórico, está establecido hace más de 50 años. Cuando arrancó la pandemia en marzo, la empresa dejó de pagarlo. Nos roban una parte muy importante de nuestro salario. Nos deja con salarios de pobreza, en una situación muy precaria”, explicó el trabajador Norberto Negrín a Radio Gráfica.
CANNABIS. Esta semana el gobierno reglamentó la Ley 27.350 que habilita el autocultivo de cannabis con fines medicinales y expendio de aceites en farmacias. La producción pública se abre como horizonte como también la privada. Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, es el impulsor del primer parque industrial dedicado a ese cultivo que se instalará en la localidad bonaerense de San Pedro y cuenta con el apoyo estatal. Un dato a destacar: por hectárea el Cannabis genera 16 puestos de trabajo mientras la soja genera un empleo cada 50 hectáreas.
YAPA. SE VIENE EL 17. El Frente Sindical para el Modelo Nacional convocó a un Caravanazo para el próximo martes para conmemorar la vuelta del General Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972. Ese mismo día se espera que la Cámara de Diputados de media sanción al aporte extraordinario de los ricos, entre otras leyes, en una sesión especial.
Se tardó algunos meses en encontrar el método para copar las calles y como ocurrió el 17 y 27 de octubre, este martes el centro porteño será inundado por la mística nacional y popular.
Además del Frente Sindical, gremios de la Corriente Federal y organizaciones políticas ya se sumaron a la convocatoria que vamos a analizar a fondo en el próximo Panorama.
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