Por Horacio Rovelli
El gobierno de Macri volvió tras la crisis cambiaria de abril de 2018 al FMI que le concedió un crédito del cual llegó a girarle en efectivo en DEG que ronda los 49.000 millones de dólares, del que solo se pagan los intereses (en torno a los 300 millones de dólares por trimestre) y el capital debería, según lo firmado por el gobierno de Cambiemos, empezar a pagarse desde septiembre de 2021. El Ministro Martín Guzmán volvió a afirmar el miércoles 11 de noviembre 2020 que la idea no es esa, sino comenzar a amortizar el capital de esa deuda dentro de cuatro años y seis meses, para el año 2025, e igual trato se le dispensaría a la deuda con el Club de París cuya acreencia asciende a unos 10.800 millones de dólares, que devenga intereses a una tasa del 4% anual.
La apuesta es fuerte, tan fuerte como la que le presentó a los fondos privados y terminaron aceptando cuando vieron que la Argentina no tenía capacidad de pago y que la propuesta del equipo económico nacional no estaba alejada de la triste realidad, agravada por la pandemia del Covid-19.
El INDEC estima que en el año 3 millones 700 mil argentinos perdieron sus empleos resultado de una caída del 16% de la actividad económica, en el marco de un deterioro de los ingresos casi de un 20% con una inflación acumulada, medida por el IPC (Índice de precio al Consumidor) hasta octubre 2020 del 26,9%, con ampliación de la desigualdad, ya que los que más caen son los ingresos de los sectores más postergados. En síntesis, pérdida de empleo, caída de los ingresos y ampliación de la desigualdad, por lo que la pobreza alcanza a más de 20 millones de personas, entre ellas, mayoritariamente niños y ancianos.
En medio de la pandemia del covid -19 el Estado Nacional reconvirtió y aumentó fuertemente el gasto en salud pública y en asistir a las provincias, a las empresas y a la población. Como resultado financiero de esa política, el déficit fiscal de la Administración Nacional acumulado hasta octubre del año 2020 supera los 2 Billones de pesos (2 millones de millones de pesos, al tipo de cambio oficial de $ 85.- por dólar, unos 23.500 millones de dólares), la tercera parte del gasto estatal nacional no se paga, arrastra deuda que devenga intereses que tampoco se pagan. Es más, de cobrarse el llamado aporte solidario que es el impuesto a la riqueza y que alcanza, según la AFIP, a 9.298 personas humanas, la recaudación podría alcanzar los $ 307.898 millones. O sea que aunque se pague este año ese ingreso extraordinario, el déficit es de un billón setecientos mil millones de pesos, unos 20.000 millones de dólares.
Obviamente que para llegar a ese acuerdo el FMI va a tratar de imponer condiciones que le aseguren cobrar la deuda en un plazo para ellos razonable, pero que con su lógica implica ajustar el gasto público, y de esa amanera, se limita el rol imprescindible del Estado nacional en apuntalar al mercado interno mediante subsidios y disminución impositiva, devolución de impuestos, créditos blandos a través del Banco Nación Argentina y del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y de líneas de redescuentos por medio de los bancos oficiales de provincia a sus respectivas jurisdicciones (impulsando esas economías), generando puestos de trabajo y mejorando las remuneraciones y con ello, se mejora la situación de los jubilados y pensionados cuando se vuelve a recrear la ecuación de ajuste a los haberes previsionales en base al crecimiento del salario recabado por el Ministerio de Trabajo en un 50% y, el otro 50% depende de la variación de la recaudación tributaria de la ANSES (IVA, Débitos y Créditos, Cigarrillos, entre otros impuestos).
La apuesta que hace el gobierno es al aumento del PIB, porque la formula es pro cíclica, pero si el crecimiento económico no se produce, se deteriora aún más el magro ingreso de la mayoría de los jubilados y pensionados, que perciben ingresos mensuales por debajo de la canasta básica total de bienes y servicios que define la línea de pobreza. En efecto, la jubilación mínima se ubica desde septiembre 2020 en 18.129 pesos por mes, y de los casi siete millones de jubilados y pensionados, casi cinco millones cobran la mínima o muy cerca de la mínima (menos de $ 22.000 por mes).
Estamos entrando a un proceso de mayor inflación mensual por el aumento del precio del dólar que arrastra al precio de los alimentos, el aumento del dólar oficial fue de $ 50,60 a $ 85 en los primeros diez meses del año 2020 (incremento del 42%), y los precios lo hicieron en 26,9% para igual lapso, con crecimiento en octubre que fue del 3,8% mensual, por lo que es de esperar que siga en ese piso o más hasta bien entrado el año 2021. Cuando hay alta inflación la movilidad debería ser hasta mensual y no semestral como plantea el gobierno. La formula correcta debe contemplar salarios e inflación y para los que perciben haberes previsionales mínimos o cercanos a la mínima, se debe elegir el mayor de los dos, para que recuperen parte (y solo parte) de lo perdido por el gobierno de Cambiemos y la pandemia del covid-19
Son casi nueve millones de personas recibiendo el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque o no tienen trabajo o el que tienen es precario, implica una presión a la baja de los salarios, el mismo miércoles 12 de noviembre de 2020, en la Ciudad de Rosario, pedían 6 (seis) empleados y se presentaron más de 400 (cuatrocientas) personas. E igual sucede con el ajuste por recaudación, si el nivel de actividad no aumenta la recaudación tampoco, está atada básicamente al consumo y, en una economía que reduce su gasto público y la masa salarial (salarios por trabajadores) no hay estímulo a que el consumo crezca.
El gasto en seguridad social representa el 44% del presupuesto del año 2021 (9,02% del PIB esperado), por la simple razón que son casi 7.000.000 de beneficiarios, que trabajaron toda su vida y que requieren de una remuneración digna y no ser variable de ajuste como pretende abiertamente el FMI, amén de extender la edad para jubilarse y otras medidas similares en desmedro del trabajador en actividad y en pasividad. La ecuación de actualización de los haberes jubilatorios y pensiones aprobada por la Comisión Mixta de Movilidad Previsional es funcional a dicho ajuste cuando el PIB no crece, asegurando la reducción del gasto público.
GOBERNAR NO ES ADMINISTRAR
La única manera que tenemos de revertir la situación es con un Estado presente y fuerte y cobrando impuestos a los que pueden pagar. Esto es, debe discutirse públicamente que se hace con un déficit de un tercio del gasto público, quién lo paga y cómo. Debe plantearse una profunda y amplia reforma tributaria que haga posible cumplir las metas planteadas en el presupuesto nacional 2021 de un aumento del 44% en la proyección de recaudación de los gravámenes, pero que el mismo sea pagado por los que tienen manifiesta capacidad adquisitiva y no al consumo y a la actividad.
Que paguen los diez mayores bancos privados que en medio de la crisis producida por la pandemia tienen fuertes utilidades; que paguen los productores, acopiadores y exportadores de granos, harinas y aceites que tienen fuertes ganancias y lo hacen solo por Declaraciones Juradas, máxime cuando el precio de los granos, esencialmente la soja y de los derivados (harinas y aceites) son los más altos de los últimos años; que paguen las mineras y demás extractivistas; que se grave todas las rentas, incluidas las que tienen mercado cautivo como es el caso de los bienes de uso difundido (acero, aluminio, petroquímica, caleras y cementeras, etc.), es una situación de extrema gravedad y no se trata de administrar sino de gobernar.
La base del crecimiento sostenido en la Argentina es cuando se apuntala y crece el mercado interno, porque a pesar de la herencia del gobierno de Cambiemos y de la pandemia del covid -19, el mercado interno argentino es el 75% del destino de nuestra producción.
Las exportaciones de alimentos están aseguradas por la demanda mundial para varios años, como bien lo proyectan las estimaciones del Presupuesto 2021, donde el superávit comercial (las exportaciones superan a las importaciones) en torno a los 14.000 millones de dólares anuales hasta el año 2023.
Solo mejorando la distribución del ingreso y un uso racional del superávit comercial se logra fortalecer la demanda agregada que empuja a su vez a la mayor inversión bruta interna fija, como bien lo pondera al Presupuesto Nacional 2021.
Para ello es necesario gobernar y gobernar es, por ejemplo como dice el Ingeniero Enrique Martínez, intervenir fuertemente en apuntalar nuevos actores a la producción a la vez que modificar buena parte del sistema de distribución y comercialización, para que el productor reciba una proporción aceptable del precio final y los consumidores cuenten con precios accesibles y estables. En estos casos, poner orden es sinónimo de transformar, al menos comenzar a hacerlo, si es que se quiere validar la legítima pretensión de gobernar para todos.
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