Por Horacio Rovelli *
El staff técnico del FMI y el equipo de economía conducido por Luis Caputo, alcanzaron el pasado 15 de abril un acuerdo sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 48 meses que, de ser aprobado por el directorio de ese organismo, amplía el crédito en 1.000 millones de dólares estadounidenses. ¿Qué significa esto? Veamos.
El informe del FMI sostiene que la administración del actual gobierno ha cumplido con las metas fijadas en:
- Avances en materia de legislativa: “Se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso de la Nación del Presupuesto 2026, y una legislación de reforma crucial: 1) Inocencia Fiscal que formaliza la tenencia de activos financieros por parte de los residentes (no deben explicar la procedencia de los fondos, cuando el GAFI[1] determina todo lo contrario); 2) La reforma laboral (incluida la creación del FAL[2]); 3) Desbloquear inversiones en minería (modifican la ley 26.639 de proyección de glaciares y periglaciares).
- Los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y los EEUU.
- Se adoptaron medidas que facilitan repatriar dividendos de las empresas extranjeras en el país.
- Avance en el ajuste fiscal con un superávit primario del 1,4% del PBI para este año 2026, que incluye la Resolución del ministerio de economía de abril de 2026 de reducir el gasto público del 2% en gastos corrientes y del 20% en gasto de capital (inversión física/obra pública).
- Pondera que se trabaja en forma conjunta con el gobierno de Milei en la reforma tributaria y previsional, para “mejorar aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal” (en su lenguaje irónico, el objetivo es reducir el gasto público y perpetuar un sistema tributario regresivo).
- La política monetaria que “se mantendrá adecuadamente restrictiva para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación” (esto es tasas altas).
- Se reduce la meta de compra de dólares por el BCRA a 8.000 millones (en lugar de 10.000 millones) para el corriente año 2026.
Por supuesto no lo mencionan, pero forma parte del programa que el organismo le impone a la Argentina, el hecho de que el Gobierno Nacional haya retirado a la Procuración del Tesoro como querellante en la causa sobre el acuerdo del año 2018. La causa debía investigar el procedimiento político-administrativo del expresidente Mauricio Macri y su gobierno (con Luis Caputo de secretario de finanzas, y luego presidente del BCRA), y el destino de los 44.129 millones de dólares que el FMI le entregó a esa administración y que tiene la obligación de auditar.
Obviamente que el programa del organismo favorece el endeudamiento del Estado argentino y propicia la fuga de capitales. No solo no se toma ninguna medida de control cambiario, sino que el staff técnico de ese organismo pondera la flexibilización de las mismas. Esto explica por qué en 26 meses (de enero 2024 a febrero 2026) el Balance Cambiario del BCRA informa que “Personas Humanas” compraron 48.976 millones de dólares.
La maniobra es clara: se realiza un brutal ajuste de la economía, donde juegan un rol preponderante la política fiscal, monetaria y cambiaria para generar un excedente económico que esencialmente se fuga.
Arman sociedades ficticias en “paraísos fiscales” como las Islas Caimán, Bermudas, Panamá, Suiza, Luxemburgo, Singapur, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y ciertos estados de EE. UU. Como Delaware o Nevada. Sin embargo, los dólares los administran los grandes bancos y fondos financieros de Manhattan que, para buscar renta extraordinaria, invierten en negocios supuestamente lícitos. Por eso el FMI pondera que sea ley la modificación de la norma 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que va a permitir a las empresas mineras extraer los minerales que están debajo de esos manchones de agua.
Las inconsistencias de la política económica de los mandantes del FMI y de Milei
El FMI apoya al gobierno que cumple con el programa acordado, sabiendo que genera riqueza para fugarla del país y que solo se va a invertir en la Argentina en aquello que les genere una renta extraordinaria.
A simple vista se observa la incompatibilidad entre el poco crédito interno generado, a tasas confiscatorias del patrimonio de las personas y de las empresas (tasas en abril de 2026, de 6, 7 y más por ciento mensual), un dólar oficial que desciende en cinco meses un 9% (de $ 1.521 en octubre 2025 a menos de $ 1.400 en abril 2026), una inflación medida por el IPC del INDEC de 3,4% en marzo 2026 (que acumula en tres meses un 9,4% y el presupuesto nacional estimaba una inflación en el año de 10%), y paritarias cuyo ajuste en la mayoría de los casos es del 1% mensual.
Esto podríamos explicarlo en tres grupos que, a continuación, se desarrollará:
1. La inconsistencia entre las medidas fiscales y el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB.
2. La inconsistencia entre las medidas monetarias y cambiarias y el objetivo de lograr la estabilidad del tipo de cambio.
3. La inconsistencia entre todas las medidas y el objetivo de lograr gobernabilidad en las instituciones y contener la conflictividad social.
Inconsistencia fiscal
El Gobierno ha eliminado desde diciembre de 2024 el Impuesto PAIS que gravaba con una alícuota del 30% y luego del 25% la compra de divisas (cuando en el año 2025 “Personas Humanas” del Balance Cambiario compraron 38.806 millones de dólares. En enero y febrero 2026 otros 5.698 millones de dólares más). Redujo el impuesto a los Bienes Personales y los impuestos internos a los autos de alta gama, embarcaciones de todo tipo, etc. Y, por otra parte, el brutal ajuste del consumo con el fin de aumentar los saldos exportables, hace que caiga la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias (perjudicando seriamente a las provincias dado que el 94% de la coparticipación federal de impuestos se basan en IVA y Ganancias).
Para compensar la regresión tributaria, han reducido y plantean reducir el gasto público, como son las funciones de los “prácticos de río” en los ríos Paraná y de la Plata, incumpliendo con los estándares de idoneidad, certificación y habilitación exigidos por Tratados Internacionales que afectan la seguridad jurídica. O la de quitarles funciones al INTA y al INTI, al Servicio Meteorológico Nacional, al área de salud, desmantelando el INSSJyP (PAMI), la ANSeS, a las empresas públicas, disminuyendo en términos reales las remuneraciones de todo el personal estatal, especialmente a las universidades. Frenan la obra pública y se plantean un ajuste de sus magros presupuestos en un 20% para lo que resta del año, mientras la administración nacional se queda con la recaudación del impuesto a los combustibles que tiene asignación específica en obras viales y eléctricas, y en vivienda.
Todas estas medidas provocaron y provocan la caída del consumo interno, la disminución de las ventas de bienes y servicios, la paralización de la actividad económica en numerosos sectores productivos, la destrucción de puestos de trabajo y la caída del salario real, por lo que es inconsistente en si mismo porque los impuestos están ligados al nivel de actividad y de consumo.
Si el gobierno se jacta de tener superávit financiero, lo es porque capitalizan intereses que no pagan, de otra manera el resultado es un déficit fiscal total.
Comparando los dos cuadros, vemos que en el año 2024 se obtuvo un superávit primario equivalente a 10.437,7 millones de dólares, pero no se pagaron intereses por 33.678 millones de dólares. Por ende, el resultado primario es positivo pero el resultado financiero es deficitario en el equivalente a 23.240,3 millones de dólares.
Lo mismo para el año 2025 en que el superávit primario fue el equivalente a 9.067,2 millones de dólares, pero la capitalización de intereses fue de 57.225 millones de dólares. Por ende, el déficit financiero total fue de 48.157,8 millones de dólares.
Y para el primer trimestre 2026, el superávit primario acumulado fue de un equivalente a 3.891 millones de dólares, pero se capitalizaron intereses por 7.569 millones de dólares que, de haberse pagado, significa un déficit fiscal de 3.678 millones de dólares.
Los grandes bancos locales (públicos y privados) han venido financiando (y a altas tasas de interés) el déficit real de las cuentas públicas, que pasan a ingresar la deuda del Tesoro de la Nación.
Por más reducción del gasto que se haga, la magnitud de la deuda hace que resulte un déficit cada vez mayor. En consecuencia, también es cada vez mayor la deuda pública de la administración nacional.
Inconsistencia cambiaria
La decisión del Gobierno de devaluar el 12 de diciembre de 2023 en más de un 100%, al tiempo que desreguló los controles de precios en los mercados más concentrados, tuvo como consecuencia una brutal transferencia de ingresos de la mayor parte de la población, y la maximización de la rentabilidad en dólares de los principales oligopolios.
La devaluación generó a los oligopolios mencionados fondos excedentes que se utilizaron para recomprar títulos públicos, ganando la diferencia por la tasa de interés que desde inicio del año 2024 crece más que la depreciación cambiaria (carry trade), y que perpetúan fijando pecios muy por encima del crecimiento de la cotización del dólar.
También creció el endeudamiento en divisas, tanto en empresas como en la Nación y en los estados provinciales, creando esta ficción de un aumento de la oferta de dólares, pero que es deuda que se debe pagar. En el caso de la Nación y de la mayoría de las provincias, la van a afrontar con los recursos naturales y empresas públicas que le pertenecen al pueblo argentino.
Inconsistencia en la gobernabilidad
El ajuste fiscal afecta gravemente al conjunto de las provincias y la gobernabilidad de éstas. La relación con los gobernadores no sólo está atravesada por la cuestión fiscal, sino también por la relación de los gobiernos provinciales con las principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en los territorios, principalmente el sector minero, petrolero y gasífero.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población, los altos niveles de endeudamiento y morosidad, conforman el límite de la realidad. De cómo se resuelve depende si el programa y los objetivos fijados por los grandes capitales del exterior y también locales, pueden seguir avanzando en un país para pocos.
(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
[2] Fondo de Asistencia Laboral con graves consecuencias para trabajadores y jubilados, las cuales podrían subsumirse en varios delitos comenzando por el de estafa porque se dispone de fondos de los trabajadores para que el sistema financiero privado lo administre, violando el derecho de propiedad que consagra nuestra Constitución Nacional.
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