Por Mariela Pugliese Lacorte*
Y siempre nos queda el lawfare
La presión para que el gobierno de Alberto Fernández no vuelva a avanzar sobre los privilegios del poder económico es permanente y viene de todos lados. Y, siempre latente, está el lawfare a mano, para cuando las papas queman. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) el lawfare es un “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”, como lo define un libro estadounidense de estrategia militar de 1999…
Importante este recordatorio, porque este origen bélico muestra que no es un invento conspiranoico. Sin tener en cuenta ésto podemos llegar a creer que son denuncias achacadas a “la guerra política”. Chequeado, por ejemplo, que se presenta como periodismo de investigación y verdad “objetiva”, dice que “el lawfare es un término utilizado por diferentes líderes de la región para referirse a una intromisión del Poder Judicial en la política partidaria.” En este caso, cambiar el orden de los factores, sí altera el producto. Dicho así, casi que pareciera que es un término que inventó Cristina…
De cómo mantener los privilegios que logramos recuperar
Pero volvamos a la presión para que no se pierdan los beneficios que el poder económico y los sectores de riqueza concentrada de la Argentina recuperaron durante el macrismo. Este ataque ya se viene perfilando en los últimos meses con hechos concretos de demostración de fuerza y de hasta dónde se puede llegar en la redistribución de los recursos (Techint, con 1400 despidos inmediatamente después de declararse el confinamiento; Vicentin, con una cautelar que frenó la expropiación; Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía S.A, logrando que AF lo elogiara y cerrara la posibilidad de poner límite al enriquecimiento de las empresas energéticas).
Pero la presión directa no es suficiente. El lawfare es ideal para ayudar a estos objetivos porque utiliza dos de los sectores que tradicionalmente eran indiscutidos (y que ahora disminuyeron tal vez la credibilidad, pero siguen teniendo fuerte influencia y camino libre para operar sobre el sentido común): los medios de comunicación (de la mano del discurso del periodismo libre e independiente) y la “Justicia” (así, con toda la rimbombancia que hace olvidar que el poder judicial es un andamiaje político y construido históricamente).
La utilización de los medios de comunicación empresariales y concentrados para que esta estrategia de lawfare pueda tener apoyo popular (y también político, porque sin duda funciona para alinear también a propios y ajenos) se mueve con discursos mediáticos, con circulación de redes sociales y testeando el humor social para prender la mecha en los lugares sensibles: movidas anticuarentena (alegando la inseguridad económica y laboral y la “falta de libertades individuales”); agite del fantasma de “te van a expropiar hasta tu ferretería” y de “todos la pasan bien menos vos”. Por eso, por ejemplo, la burbuja de que bajarle el sueldo a los políticos (siempre corruptos y lejanos a vos en este paradigma) cuando estamos discutiendo un impuesto a la riqueza. Todas buenas maneras de ir minando el apoyo popular que logró Alberto Fernández no sólo con las elecciones, sino con las decisiones sobre la pandemia. Es importante reflexionar que esto no es sólo para influir en la opinión pública. Tiene, ya sea por miedo a perder base política, relaciones o presencia, influencia directa en los sujetos y en las alianzas, tanto dentro de la coalición gobernante como incluso de parte de la oposición que puede llegar a “perder el rumbo del conflicto” y a la cual siempre es bueno marcarle la agenda. En este último sentido (el recordar permanentemente cuál es el conflicto principal necesario), la confrontación entre Cristina Fernández y Alberto está siempre vigente en algunos medios, especialmente en Clarín. Algunos ejemplos recientes: notas centrales de diarios intentando permanentemente crear el cisma dentro de la coalición gobernante y correr a CFK de la escena (editorial de Héctor Gambini en La Clarín: “Ahora Cristina acorrala a Alberto Fernandez por la AMIA” – Clarín 1/7/20; o una nota titulada “Alberto Fernández hace equilibrio, Cristina Kirchner presiona y se abren paso dos Argentinas en medio del coronavirus” – Clarín 9/5/20).
Causa por espionaje ilegal y periodistas: que la pelota no se manche
Pero volvamos al lawfare. En el marco de la omnipresencia del Coronavirus, surgió un hecho clave que es la denuncia e investigación activa por espionaje ilegal que involucra al gobierno de Macri, a miembros del poder judicial y a periodistas. Esto podría ser la punta del ovillo para ponerle nombre y apellido a quienes están detrás del Lawfare. Y para condenarlos también. La alarma fue demasiado grande. Argentina va en punta con el análisis y las investigaciones sobre lawfare, como pasó en su momento con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. El lawfare parece redefinirse en América Latina (en otros lugares del mundo tiene otras connotaciones y no se percibe tan homogéneamente), alineando estrategias comunes en todo el continente que van ayudando a que caigan los gobiernos populares o progresistas. Tan similar al Plan Cóndor que asusta.
Había que salir a actuar rápido. En primer lugar, con una fortísima protección para que no se hagan públicas las escuchas que involucran periodistas. Por un lado con una lavada de cara alegando que también son perseguidos e investigados (“Hugo Alconada Mon declaró como víctima en la causa por presunto espionaje ilegal – La Nación, 15/6/2020), y hasta con desesperación en algunos casos (por ejemplo, con la posible publicación de las escuchas que involucran a Luis Majul). Esto desató el apriete de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa que integran La Nación y Clarín entre tantos otros medios empresariales (del que da excelente cuenta la nota de Gabriel Fernández en La Señal Medios – https://radiografica.org.ar/2020/07/04/brutal-planteo-de-la-sip-contra-el-gobierno-una-maniobra-a-tres-puntas-para-condicionar-el-rumbo-y-promover-el-quiebre-de-la-coalicion-oficial/) alegando el fantasma liberal de persecución y amenaza a la libertad de expresión en el caso de la investigación sobre Santoro, Majul y Lanata. También salió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) a respaldar a estos periodistas y a vestir todo el asunto de “ataque a la libertad de expresión”. Listo. Fuera, al menos de la opinión pública y esperemos que no de los tribunales, la posibilidad de que los perpetradores del delito fueran periodistas. Fuera, también, la posibilidad de desnudar y condenar toda la operación del lawfare.
Fabián Gutiérrez: la oportunidad para desempolvar los cuadernos
Finalmente, en una estrategia de comunicación política que va más allá de dar notas o debatir en los medios, la oposición convirtió una situación policial en un hecho político: el asesinato de Fabián Gutiérrez. El colocar el asesinato de Gutiérrez en la línea de “la causa de los cuadernos” y de Nisman (“no queremos otro Nisman”, y los memes y posteos de redes sociales refiriéndose a todas las muertes “relacionadas casualmente” con CFK”), remite al lawfare directamente. Otra vez entramos en el cancionero de la mala de la película (implícitamente asesina), de la corrupción de la política, el Estado y lo público (a diferencia de lo privado), de “la impunidad del peronismo”. Lo fuerte es que estas connotaciones son visibles en los diarios y en el comunicado de Juntos por el Cambio, que siembra la sospecha desde el título mismo. Sin embargo, ni siquiera se considera la posibilidad de que “le estén tirando un muerto” a CFK, lo cual sería casi justo si se van a considerar todas las hipótesis posibles.
Y acá no estamos hablando de que los medios marcan agenda o influyan. Una vez más, como venimos observando hace rato, no responden ni siquiera a los cánones esperados del rigor periodístico. Tergiversan los hechos sin pudor para ser funcionales a estas estrategias de poder a las que nos referimos. Porque muchos medios son partícipes necesarios de esta construcción del desprestigio y destrucción del consenso popular. No son “espejos de la realidad”. Son actores políticos. Y las escuchas lo demostrarían. Por eso es tan importante invisibilizarlas, bajarles el precio, y olvidar a estos actores.
Para que la estrategia del lawfare siga siendo eficaz necesita de la ficción de un periodismo independiente, “objetivo” y profesional. Tanto, tal vez, como del olvido de que el Poder Judicial (pieza clave para que esta guerra por otros medios tenga éxito) sigue siendo el único poder de la República que no es elegido por su pueblo y que mantiene privilegios tan retorcidos que son casi intocables.
* Comunicadora. Ex Presidenta de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias). TW: @maripugliesebf.
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