“La disyuntiva de hierro es, o se controla a los exportadores y a los grandes bancos o, se sale de la cuarentena propiciando un modelo de país más desigual y más injusto todavía que el que dejó el macrismo”, expone el autor en un artículo para reflexionar el presente de la economía política del país.
Por Horacio Rovelli
La economía Argentina cuenta con una ventaja considerable que es su capacidad de auto abastecerse de alimentos y energía y, su potencialidad exportadora en y post pandemia. El mundo con más de 3.800.000 infectados y más de 265.000 muertes por el coronavirus covid 19 ha frenado su nivel de actividad y, en mayor o menor medida, ha debido recluir a su población, pero se debe seguir alimentando, de allí que como se salió a buscar pulmotores y barbijos para provisionarse ante el virus, en segundo término se compraron, se compran y se comprarán alimentos que no pueden producir por la pandemia.
El problema local reside en la fuerte concentración de la tierra, de los acopiadores y de los comercializadores y, la posibilidad que tienen para subfacturar exportaciones y fugar capitales, que explica que esas mayores ventas no incrementen las reservas internacionales del BCRA y no se convierten en pesos, mientras paralelamente subsisten canales de salida de capitales que deberían prohibirse totalmente, al menos durante la pandemia, como son los mecanismos del contado con liqui y el dólar MEP o Bolsa.
En la teoría económica existe un teorema que lleva el nombre de su autor, Carlos Díaz Alejandro, quien en 1965 publica su ensayo: “Devaluación de la tasa de cambio en un país semi-industrializado. La experiencia de la Argentina 1955-61”, editado por el Instituto Torcuato Di Tella, que sigue vigente y que dice que, en nuestro país, existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario, si el dólar sube su precio el salario real desciende. Como en tiempos normales más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva del salario) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores), con lo que por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menor que en Brasil (objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT) se entra en una recesión que va a ser tan profunda como será la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.
Por lo tanto la presión a devaluar nuestra moneda por la existencia y persistencia de una brecha muy grande entre el valor oficial del dólar exportador (entorno a los $ 70.-) y los distintos dólares paralelos en torno a los $ 120.- no solo alienta la fuga, sino que encarece los alimentos internos, con lo que se reduce el salario real (dado el salario nominal que no se incrementa en la misma proporción, es más la CGT aceptó una baja nominal del 25% de los salarios) y, dada la baja elasticidad-precio de la demanda de alimentos (se deben consumir igual para poder vivir), comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas, de parte de los trabajadores.
La caída en la demanda de manufacturas no se ve compensada por una demanda proveniente de los mayores beneficios del sector que produce el bien exportable, unido a que los mayores ahorros tampoco se traducen en una demanda suficientemente mayor de bienes de capital dirigida al sector manufacturero local, por lo que la presión a la baja de los salarios y/o suspensión, despidos, cierre de establecimientos, etc., etc., que se establece en la pandemia, puede persistir por mucho tiempo, que sumado a la falta de inversión en el sector industrial genera una reconfiguración regresiva del país.
Pese al DNU 329/2020 promulgado por el gobierno nacional el día 1° de abril de 2020, que prohíbe los despidos y suspensiones, no solo no se cumple, sino que los despidos y las suspensiones aumentan semana a semana a la par de la reducción salarial, por más que los distintos Estados (nacional, provincial y municipal) sacando recursos que no tienen, abonen directamente o indirectamente (desgravaciones impositivas, diferimientos de los aportes previsionales, etc.) parte de esas remuneraciones, como es el caso del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que asiste a 1.700.00 asalariados que trabajan en 180.000 empresas, pero hay inscriptas 420.000. O el Programa REPRO que paga parcialmente la remuneración de 12.468 trabajadores de 128 empresas.
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en enero 2020 había 12.076.900 asalariados registrados y 2.367.200 no asalariados (monotributistas, autónomos y monotributistas sociales), la más amplia mayoría de todos ellos han sido afectados por la situación generada por el “parate” de la actividad, pero de no recomponerse el mercado interno y si no se pone “la lupa” en las exportaciones y el dólar paralelo, el problema tiende a ser crónico y se genera un modelo económico y social recesivo y con una menor participación de la industria y de los asalariados en el ingreso, como ha pasado en los últimos 45 años, con la dictadura militar y el plan de convertibilidad.
La puja es, por un lado entre los trabajadores y las empresas que están orientadas al mercado interno, principal motor de crecimiento argentino y, francamente enfrentado, del otro lado, los sectores exportadores que tienen garantizado mercado en el mundo por la pandemia. Los diferentes Estados asisten como pueden a la población pero si no limitan la voracidad de los segundos, toda asistencia será poca e inútil.
Por lo que los beneficiados de la situación, no solo no quieren pagar impuestos, sino que usufructúan de la misma para reconvertir la economía a una pequeña y exportadora donde sobran argentinos y trabajadores, ni la década infame los hubiera reflejado mejor.
DEUDA EXTERNA Y POLÍTICA MONETARIA
Es patético ver como el Presidente de la Bolsa de Comercio, o el Vicepresidente de la UIA, le piden, le sugieren al gobierno que mejore la oferta que le hace a los tenedores de los 21 títulos en moneda y bajo jurisdicción extranjera (Bonos Globales Trust Indenture 2005 y 2016) por un total de 66.238 millones de dólares y que, se infiere que básicamente están en poder de los fondos de cobertura Blackrock, Franklin Templeton, Vanguard, Pimco y Fedelity, principalmente, que tienen el porcentaje de las acreencias suficiente para que no se pueda cumplir la cláusula de acción colectiva.
No les interesa el problema de la pandemia, les interesa exclusivamente que la Administración Nacional no incurra en default, porque si no va a descender aún más el precio de las empresas locales que cotizan en los mercados internacionales (IRSA, Pampa Energía, Tenaris y Ternium de Techint, CRESUD, Telecom, Transportadora Gas del Sur, Central Puerto, Banco Galicia, Banco Macro, etc.) todas ellas valen la mitad o menos que la cotización de diciembre de 2015, más, como lo reconoció Adelmo Gabbi, que “el default crudo no sólo traería serios problemas para el Estado nacional sino también para la gran cantidad de empresas argentinas que tienen obligaciones negociables“, que son deudas que se pueden convertir en acciones de las empresas y que en el recinto porteño calculan hoy superan los 16.000 millones de dólares (Y son de las mismas empresas que cotizan en el exterior). O sea, no asisten al Estado en la pandemia, no contribuyen con los impuestos y encima, pretenden que el Estado nacional incurra en inconsistencias presentes y futuras para que ellos no pierdan plata.
En medio de la pandemia el BCRA emite dinero inducido por un desarme forzado de LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA que fue el monstruo que creó el macrismo en reemplazo de las LEBAC) en poder de los bancos -a través de una baja de las tasas de interés de los pasivos remunerados- que queda en la cuenta corriente que tienen las entidades en el BCRA, en lugar de convertirse en crédito al sector privado. Evidentemente, con riesgo de incobrabilidad en la cartera de los bancos frente a un contexto recesivo, con depósitos a plazo fijo minoristas y mayoristas que son la contracara en la hoja de balance de las LELIQs que se encuentran en el activo de los bancos e inestabilidad nominal, la posibilidad de que se conviertan en crédito es poca y en cuenta gotas, incapaz de dar respuesta a la urgencia de las Micro Pymes e incluso empresas de mayor envergadura que venden al mercado interno.
En algún momento, se llegó a plantear que en ese caso sea directamente el Estado que se apropie de parte de los depósitos que tienen los bancos en la cuenta corriente del BCRA y que al día 4 de mayo 2020 sumaban $ 1.027.496 millones (una parte es el encaje o efectivo mínimo que es el reaseguro de los depósitos captados por los bancos, pero no menso de $ 400.000 millones se pueden prestar), que sería un impulso importante a la liquidez y con ello a la actividad de las Micro PyMes que le serviría para recomponer su capital de trabajo, restablecer la rotura de las cadenas de pago (cuando día tras día aumentan los cheques rechazados) y hasta pagarle el salario a los trabajadores recluidos o no por la pandemia, sin embargo pasan los días y ese dinero queda sin utilizarse.
Es cierto que se debe verificar fielmente a donde va ese dinero, para que en lugar de emplearse para fines productivos y comerciales alimente el dólar contado con Liqui o bolsa o paralelo, pero ello se controla con una tarea eficiente del BCRA y de la AFIP para evitar la subfacturación de exportaciones (y la sobre facturación de importaciones), dado que el marco imperante es de ingreso de divisas por ventas externas y de menor salida de divisas por tener frenada la actividad interna, más el no pago de los servicios de la deuda, por lo que deberían sobrar dólares y presionar su precio a la baja y no, como sucede, al alza permanente y persistente. No son tantos los bancos, ni tanto los exportadores grandes como para no controlar la situación, e igual debería suceder con los precios, donde también se trata de grandes formadores de los mismos, que por definición son pocos, en una economía que languidece.
EN SÍNTESIS
La disyuntiva de hierro es, o se controla a los exportadores y a los grandes bancos o, se sale de la cuarentena propiciando un modelo de país más desigual y más injusto todavía que el que dejó el macrismo.
Así como se deben tomar todos los recaudos para volver al nivel de actividad de antes del 20 de marzo 2020, con estudiados y controlados protocolos de protección ante el virus, de igual manera se debe obrar en la canalización del crédito a la producción y al trabajo, en el control de los mercados paralelos y en la correcta liquidación de las exportaciones, para que la demanda externa sostenida de alimentos beneficie a todos y no a una minoría en desmedro del grueso de la población, de la cual una parte se la condena a la pobreza y a la indigencia.
Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor.
Horacio Rovelli en “Especiales Radio Gráfica” (viernes de 18 a 19 hs):
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