Por Leonardo Martín
Semana clave y caliente. La CGT y ambas CTA movilizarán el próximo 9 de abril al Congreso de la Nación para acompañar la habitual marcha de los jubilados y jubiladas de cada miércoles y el 10 de abril se producirá el tercer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei.
Las medidas fueron convocada por un rechazo general a las políticas que lleva adelante el gobierno y con una serie de reclamos puntuales que van desde lo salarial, pidiendo una mejora para los ingresos de los jubilados, mayor presupuesto para salud, educación y obra pública y el fin de la represión sobre las movilizaciones.
La lectura desde la CGT es que hay un “cambio en el clima social” que legitima la convocatoria a una medida de fuerza de 36 horas tras un período de repliegue que se extendió durante el segundo semestre de 2024 hasta marzo de este año. No casualmente la medida fue anunciada por Héctor Daer el 13 de marzo en el marco de un Congreso de la UTEP que se desarrolló en el Salón Felipe Vallese y en el día posterior a la brutal represión de la movilización del 12 de marzo con fuerzas policiales totalmente desatadas.
Como siempre, en la previa de cada paro, se busca medir el impacto y acatamiento que va a tener y allí el transporte es clave. No va a haber trenes ni aviones, pero sí colectivos ya que la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, decidió no acompañar la medida de fuerza con un argumento técnico, por lo menos, endeble. Desde el sindicato expresaron que deben respetar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en pleno conflicto salarial que mantienen con las cámaras empresariales del sector y el gobierno que aporta los subsidios.
Esa interpretación es cuestionada porque la conciliación es dictado por un hecho puntual quedando sujeta a sanciones la organización sindical en ese marco al tomar una medida de fuerza. En este caso el paro es convocado por la CGT, entidad en la cual está federada la UTA por lo cual sería legítimo y legal su participación. Un paso más del vidrioso accionar de la UTA en el último período.
El paro se terminó de decidir en la tarde del 13 de marzo y fue comunicada por Héctor Daer en el Congreso de la UTEP. El jueves 20 de marzo se volvió a reunir el Consejo Directivo y allí se definieron las medidas de fuerza que abarcaran 36 horas y un plan de lucha que contempló movilizar el 24 de marzo pasado y volver a las calles el 1° de mayo. Asimismo el 27 de marzo, se realizó un Plenario de Delegaciones Regionales de CGT para darle forma al paro.
Uno de los cosecretarios de la CGT, Héctor Daer, justificó las medidas: “Las razones del paro son exigir paritarias libres y homologadas; aumento de emergencia a los jubilados; apoyar la discusión que se va a dar en el Congreso sobre la actualización del bono de 70 mil pesos a los jubilados; repudiar la represión policial; volver a discutir las Asignaciones Familiares, generar un programa del sector productivo e industrial; queremos que vuelva a abrirse la obra pública; que se pare con el desmantelamiento del Estado; y un aumento de los presupuestos de educación y salud”.
En el Plenario de Delegaciones Regionales, el propio Daer, expresó que es un “paro que hay que militarlo” desde las organizaciones sindicales y delegados para que sea efectivo y con un mensaje contundente. El mensaje desde abajo es el plan de lucha se extienda más allá del 1° de mayo y que no suceda lo mismo que ocurrió en 2024. Después de un primer semestre y un paro contundente el segundo semestre de ese año la CGT replegó y abrió negociaciones con el gobierno. Por lo bajo, desde la central justifican que se lograron detener los aspectos más filosos de la flexibilización laboral planteada por el Gobierno y acompañada por gran parte de la oposición en el Congreso.
Tras que la CGT anunciara la medida de fuerza, la respuesta fue reactivar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados los proyectos de ley que buscan quitar el cobro de la cuota solidaria de aquellos trabajadores no afiliados al sindicato. Proyecto para debilitar a las organizaciones a través de quebrar parte de su financiamiento.
Esos proyectos habían sido presentados el año pasado sin obtener dictamen en un movimiento donde los legisladores de La Libertad Avanza no acompañaron las iniciativas de la UCR y el PRO. Para el próximo miércoles 9 de abril está convocada una sesión informativa y se espera que para la semana siguiente haya dictamen para ser tratada posteriormente en el recinto.
Atenta al clima social, la medida de la CGT, junto a las CTA´s retomaron un rol más activo y que además, en la movilización, tendrá el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas. Las acciones se dan ante un gobierno debilitado por las propias consecuencias de sus políticas económicas con una corrida cambiaria en curso en medio de un clima internacional muy adverso disparado por la suba de aranceles dispuesta por Donald Trump.
También tras la participación del presidente en la criptoestafa con $Libra, sus disputas internas y con el PRO que le acompañó todo en el Congreso; y con una expectativa social en baja a partir de una crisis económica y social que no hizo más que agudizarse durante el gobierno de Milei.
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