El 5 de febrero, se cumplen seis años del incendio intencional en la planta de Iron Mountain en Barracas que provocó la muerte de 10 bomberos aplastados por un muro que se desplomó a razón del fuego. Diez historias, diez familias, en una tragedia evitable que desnudó oscuras maniobras y complicidades alrededor de un incendio en donde toda la evidencia marca la intencionalidad en su origen con el fin de destruir documentación comprometedora para empresas y bancos que operan en el país. Los vínculos con el gobierno de la Ciudad.
“Fue lo que se llama en la jerga un incendio a pedido”, calificó Javier Moral, abogado de parte de las víctimas de Iron Mountain en diálogo con Radio Gráfica. “La pericia muestra a todas luces que fue intencional”, agregó.
Moral detalló los elementos de la causa para descartar la posibilidad de un accidente y afirmar la hipótesis sobre una serie de acciones para promover el incendio en un inmenso archivo en un viejo galpón sobre las calles Quinquela Martín y Jovellanos, también con un salida sobre la calla Azara en Barracas. Archivos que la empresa se suponía que tenía que custodiar. Por lo menos así lo publicitaba en su sitio web.
“Vaciaron una cisterna que alimentaba los rociadores extinguidores ante una posibilidad de incendio. También quitaron una segunda posibilidad de tomar agua de la red pública, no sólo cerrando la llave de paso, sino quitándola. Una llave de dimensiones importantes que se quita con una herramienta especial, que no son la que uno tiene en su casa. Además, hubo retrasos en bombas presurizadoras para que el agua que podía llegar a haber no llegue en forma suficiente”, enumeró concluyendo que “hay muchos elementos para determinar que esto fue adrede”.
“Hay muchos elementos para determinar que el incendio fue adrede”.
“Hay varios motivos por la cual esto fue prendido fuego a pedido. Había investigaciones de la UIF, la AFIP, la Procelac sobre el lavado de dinero y no tuvieron mejor idea que hacer una quema de la evidencia”, afirma Moral. Entre las empresas que tenían allí archivos estaban el HSBC, Sideco Americana (empresa de la familia Macri), Swiss Medical, Monsanto, Santander Río, Banco Patagonia, Edenor, entre otras con títulos sugestivos en algunos casos como “lavado de dinero” o “lavado de dinero premiere”.
“Había documentación muy importante, información que con el tiempo podemos relacionarla con los Panamá Papers, las causas de 4040 cuentas de argentinos en el HSBC Suizo, cajas con información sobre lavado de dinero. Ahí se guardaban oscuros secretos de bancas internacionales y de licitaciones irregulares”, afirmó.
Iron Mountain vendía sus servicios como “custodia y administración de archivos” así como planteaba la posibilidad de su “eliminación segura”. Fundada en 1951 en Nueva York logró convertirse en una multinacional con presencia en múltiples países y también con una serie de incendios de dudoso origen, pero ninguno con la gravedad del ocurrido en Buenos Aires.
“Son entramados societarios que a la larga es difícil de rastrear, pero de acuerdo a la información que surge Iron Mountain tendrían vinculación con Paul Singer y la compañía de fondos buitres Elliot Management Corp”.
¿A quién pertenece hoy? Dentro de la opacidad habitual de estas empresas no se puede afirmarlo en modo terminante, pero el abogado de las víctimas señala, “son entramados societarios que a la larga es difícil de rastrear, pero de acuerdo a la información que surge tendrían vinculación con Paul Singer y la compañía de fondos buitres Elliot Management Corp”. El principal fondo buitre que operó contra Argentina reclamando el pago de bonos defaulteados en 2001, que sostuvo un duro enfrentamiento con el gobierno de Cristina Fernández y al que Macri terminó pagando generosamente en 2016 con un margen de ganancia del 1.600%.
LA CAUSA PENAL: “HAY 17 PERSONAS PROCESADAS”
Como es habitual, cuando las causas penales afectan a intereses poderosos suelen empantarnarse en una eterna irresolución por parte del Poder Judicial. Sin embargo, el abogado de las víctimas de Iron Mountain valoró avances en la causa.
“Hemos logrado que la Justicia de Instrucción, con un trabajo intenso del juzgado y la fiscalía logre el procesamiento de 17 imputados, investigación en la cual se los encontró responsables de estos delito de estrago doloso seguido de muerte y van a ser elevados a juicio dentro de poco”, destacó.
“La particularidad en este caso es que intentaron quitarnos a nosotros como querellantes por lo cual este 10 de febrero vamos a tener una reunión con la máxima autoridad penal de la Nación en la Cámara de Casación Penal Sección 2° que va a tener que escuchar los alegatos de esta querella. Tiene que resolver que las víctimas y familiares de las víctimas puedan estar presentes en el juicio oral y público que se va a hacer a los funcionarios y demás directivos de la empresa para que los podamos acusar, los puedan juzgar y condenar”, puntualizó.
“Fueron indagadas 35 personas de las cuales fueron procesadas 17. Entre ellas el vigilador, una persona que en nueve oportunidades cortó la alarma, varios funcionarios del gobierno de la Ciudad de la Agencia Gubernamental de control, que extendieron una habilitación a pesar de no contar con un certificado de operatividad y otras cuestiones básicas para que funcione esa empresa y luego directivos de la empresa que no cumplieron con lo que la ley les exige como la carga de matafuegos, planes de contingencia para que eventualmente no ocurriera lo que ocurrió”, agregó.
LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA FAVORECER A IRON MOUNTAIN
En la investigación sobre el incendio de Iron Mountain aparece el Gobierno de la Ciudad, entonces con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, muy comprometido con generosos beneficios impositivos, habilitaciones flojas de papeles y licitaciones que favorecieron a la empresa multinacional.
“El expediente de habilitación del depósito de Iron Mountain desapareció a pocos días del siniestro”, recuerda Moral. “Hubo que reconstruirlo, tarea que no fue fácil”, agrega ante la negativa, demoras y errores de las oficinas del gobierno de la Ciudad al aportar datos.
Además de Macri, Horacio Rodríguez Larreta era el vicejefe de Gobierno y el reciente candidato presidencial Juan José Gómez Centurión era el jefe de la Agencia Gubernamental de Control. También recordó a la funcionario Vanesa Bercowsky, también apuntada por la habilitación irregular del boliche Beara donde murieron dos jóvenes tras derrumbarse un semipiso en un local que excedía la capacidad de la gente que podía albergar.
“Iron Mountain Exención también gozaba de exenciones impositiva del pago de ingresos brutos, era una de las proveedoras estrellas del gobierno de la Ciudad en aquel momento y también en los cuatro años de Mauricio Macri como presidente con algunas contratación pública. Algo que también ocurrió con el Banco Ciudad”.
Muchos datos y evidencia en la misma dirección para que todo haya sido solo una mera casualidad.
LM/GF/RG
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