Una de las procesadas fue Vanesa Ileana Berkowski, funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que aún continúa en su cargo: “Esa es la modalidad que tiene el gobierno porteño con los funcionarios que son sospechados, denunciados o procesados (en este caso no una vez, sino dos veces) por cuestiones relacionadas a sus funciones. Berkowski no es solamente la persona que habilitó el boliche Beara (cuyo primer piso colapsó matando a dos jóvenes) sino también la misma que con ese antecedente fue procesada por segunda vez por haber habilitado el local de Barracas que (tras el incendio) culminó con la muerte de 10 bomberos”, explicó el abogado querellante Javier Moral.
El letrado resaltó que si bien es “respetuoso de las garantías de la defensa en juicio en debido proceso, en este caso resulta extraño que no solo se la disponga en el mismo lugar, sino que continúe habilitando lugares que a todas luces no deberían haber estado habilitados”.
Se volvió a procesar a un total de 17 personas, entre directivos de la empresa, funcionarios y personal de vigilancia, e inclusive uno de ellos está prófugo: “A Gilberto Montaña no se lo puede ubicar y es uno de los que tenía gran incidencia en el plan de contingencia para mitigar el fuego”, informó el abogado.
Respecto del proceso judicial, el Moral remarcó que para el juez “lo importante es que independientemente del origen del fuego, lo que se tendría que haber minimizado son las consecuencias. No había plan de contingencia, y así terminamos; con el fallecimiento de 10 servidores públicos, para evitar que la quema de documentación sensible que tenía que ver con el lavado de dinero quede expuesta”.
“El juez considera que de momento no es posible determinar la intencionalidad del incendio, pero más allá de eso, lo cierto es que los sistemas de alerta temprano fueron minimizados razón por la cual la responsabilidad es culposa, no dolosa. Siempre reclamamos que hubo una maniobra de lavado de dinero y documentación sensible. Pero el juez lo que hace es decir que el incendio no es lo importante, sino que no se minimizó, lo que es suficiente para procesarlos”, agregó el abogado al tiempo que destacó que “con buen criterio también se elevaron los montos del embargo a 50 y 60 millones de pesos cada uno, lo que genera un aliciente en las familias”.
Por último, sostuvo que nunca perdieron la esperanza y lograron recuperar el “rol de querellantes” para que avance la causa y se logre justicia para las familias. “Finalmente procesaron otra vez al núcleo duro de responsabilidades”. “Si Dios quiere estaremos anunciando el juicio oral y público para el año que viene”, concluyó.
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