Una delegación argentina de militantes estuvo en Bolivia para relevar cuál es la situación del país y dar cuenta de lo que significa el golpe de Estado. Victoria Freire, socióloga y feminista, participó de la delegación enviada al país vecino. “Nuestra vocación y compromiso es denunciar la violación de derechos humanos, para luego realizar una investigación profunda”, expresó. Además, la militante de Patria Grande, compañera de la flamante ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, sostuvo: “Gómez Alcorta es abogada de Milagro Sala, presa política, también por ser mujer y de pueblos originarios. ¡Cuánto de eso tiene de vinculación con lo que está pasando en Bolivia! Por eso, este es un dato para festejar”.
En comunicación con Úrsula Asta, Valeria Rodríguez y Paulo Pereira en Feas, Sucias y Malas, Freire, quien se desempeña como coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, comenzó: “Estuvimos con una delegación argentina en solidaridad con Bolivia. Fue una experiencia muy fuerte, de pocos días, para conocer las experiencias de quienes han sufrido la violencia desde que se instauró el golpe. Este proceso fue muy violento no sólo por las fuerzas militares y policiales sino también por los grupos de choque que expresan un gran nivel de odio, racismo y fascismo, que vino con las quema de las wiphalas, por ejemplo. Una humillación contra el pueblo pero también contra sus dirigentes sociales y políticos. Allí sentimos miedo de contar, de denunciar y no saber a dónde acudir, la población está desprotegida. Nuestra función fue relevar esos testimonios y datos, e intentar que desde el informe que desarrollemos puedan ser escuchadas. Nos resultó urgente no sólo para encontrar una salida para el pueblo boliviano sino también porque es un golpe que amenaza a América Latina”.
“En primer lugar a partir de este viaje nosotros tenemos la posibilidad de contar lo que vivimos alla, en medios de comunicación como este que están interesados en saber y seguir informando sobre lo que sucede en Bolivia. En un contexto donde existe un cerco mediático de los grandes medios en Bolivia que son cómplices del golpe. Y a nivel internacional no hay una gran intención de informar sobre esto”.
“Recibimos un bienvenida generosa por parte del pueblo y pudimos construir vínculos desde la palabra, la solidaridad. Pero nos encontramos con gran hostilidad por parte del Gobierno de facto, que no quiere que veamos lo que está pasando. Fuimos amenazados por el propio por ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a través de los medios. Eso afirma aún más que en Bolivia hay un golpe de Estado y la necesidad de investigar. Hay una enorme cantidad de detenidos y no hay listas oficiales que lleven un recuento y paradero. Personas heridas que están en sus casas ya que no quieren ir a atenderse por miedo a ser detenidos. Hasta han detenido a quienes daban asilo a las víctimas en los momentos represivos. Se vive una situación de vulnerabilidad, de coacción y de un sistema que utiliza la violencia”.
“En segundo lugar nos propusimos la solidaridad, entrar en contacto con los dirigentes sociales y políticos que son referentes de los movimientos sociales, los cuales son constitutivos de las herramientas sociales. Pensar a nuestro continente, salidas posibles y acompañar las decisiones que tome el pueblo boliviano ante esto”.
“Y en último lugar, la presentación propiamente del informe, en todas las instancias. Sabiendo que algunos organismos como la OEA han sido partícipes activos del golpe pero nuestra vocación y compromiso es denunciar la violación de derechos humanosa para luego realizar una investigación profunda. Es muy importante dar cuenta ante el futuro gobierno de nuestro país lo que vivimos en Bolivia, dar luz a nivel internacional de lo que está pasando”, planteó.
“Este Golpe fue un plan premeditado, que estremeció a quienes ejercían puestos en el gobierno y hoy viven amenazados. Hubo quema de casas de funcionarios, ataques como al de la alcaldesa de Vinto (Patricia Arce Guzmán). Los esfuerzos que se están realizando vienen de la mano de un plan de acción en términos de una salida democrática, con una nueva elección. Además de que se liberen a los detenidos, que frenen las muertes y se reparen las garantías mínimas. La pelea hoy es política y nuestra misión como delegación fue dar cuenta de lo que significa un golpe de Estado”, afirmó.
Victoria Freire es, además, compañera de militancia de quien encabezará el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Sobre el anuncio de este nuevo ministerio dijo: “Es importante destacar este hecho político. La creación de un ministerio por la equidad, diversidad y géneros es dar cuenta de las demandas de este tiempo, del movimiento feminista. Darle la relevancia en un organismo público, que pueda llevar adelante la agenda que se estaba reclamando en las calles. Es un dato político fundamental y va a ser clave el rol que vaya a tener este ministerio. No sólo para llevar adelante las políticas que actualmente existen sino también para transversalizar en el resto de las carteras y pensar políticas públicas en estos términos. Para transformar las desigualdades sociales entre los géneros se necesitan políticas en un amplio espectro como el trabajo, la salud, seguridad”.
Y finalizó: “Esperamos que ese Ministerio tenga ese rol articulador de una perspectiva de género que es necesaria y que hasta hoy no ha sido parte jerarquizada de una política de Gobierno. Encabezado por una compañera que lleva años en la militancia social, en los procesos de movilización, en la defensa de los derechos humanos. Gómez Alcorta es abogada de Milagro Sala, presa política, también por ser mujer y de pueblos originarios. ¡Cuánto de eso tiene de vinculación con lo que está pasando en Bolivia! Por eso este es un dato para festejar. Incluso la composición del gabinete da cuenta de un cambio global del Gobierno. Cambiamos un gabinete plagado de empresarios hacia uno donde hay defensores de los derechos humanos, abogados, economistas, antropólogos. Eso es un elemento general positivo y esperamos que en la etapa que viene podamos garantizar los derechos que fueron vulnerados durante estos últimos cuatro años”.
JM/UA/GF/RG
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