Los datos que revelan el primer Informe sobre Mora, Salarios Reales y Asfixia Financiera números son lapidarios para los trabajadores del Sector Público Nacional. Reflejan un profundo deterioro del poder adqusitivo y un endeudamiento “nunca antes visto en el sector público”.
En el informe detallan que entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el gobierno de Javier Milei redujo en un 40,5 por ciento del salario real de la Administración Pública Nacional: el índice de remuneraciones cayó de 100 a 59,5. “Fue una decisión política para usar los sueldos estatales como ancla inflacionaria y fuente de ajuste”, indicaron desde ATE Capital.
Respecto a los créditos, uno de cada cinco estatales está en mora puntualizaron como contraparte del deterioro salarial.
Días atrás, el Presidente dijo la baja del salario del sector público “es una consecuencia buscada de este modelo.
Con paritarias por debajo del IPC, la quita en dos años y medio superó a la de los cuatro años del macrismo. Cada punto recortado del salario real se transformó en más mora.
En noviembre de 2024, con inflación acumulada del 166 por ciento y aumento salarial del 87 %, el salario real había caído 29,7 % y la mora estaba en 5,7. En diciembre de 2025, inflación del 259,2 por ciento frente a un 121,2 de aumento: pérdida del 38,4 % y mora del 14,4. En junio de 2026, inflación del 319,8 % y aumento del 149,8: pérdida del 40,5 por ciento y mora récord del 18,6 por ciento.
El 80,7 por ciento de quienes están en situación irregular ya no tiene atraso: está en riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5). Para peor con salarios con los cuales es imposible regularizar o refinanciar.
Ese recorte empujó a cientos de miles hacia financieras y fintechs. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56 %); Tarjeta Naranja, 16.766 casos (23,75); MercadoLibre, 16.349 (13,19); Naranja Digital, 9.653 (31,86); Galicia, 4.702 (15,46); Moni Online, 3.531 sobre 5.832 clientes estatales: 60,53 por ciento de incobrabilidad. No se endeudaron para especular: para pagar comida, alquiler, luz, gas y remedios.
Seguridad y Defensa concentran el mayor estrangulamiento, con mora de entre el 21,8 y el 30,1 %. El Ejército llega al 30,1; el Servicio Penitenciario Federal, al 28,5; la Policía Federal, al 24,2; Gendarmería, al 24,1; Prefectura, al 21,9; la Fuerza Aérea, al 21,8; el Estado Mayor Conjunto, al 21,4; y la PSA, al 20,7. Los organismos civiles quedan, en general, por debajo del 20 por ciento. El mayor volumen de mora está en quienes tienen cargas familiares: 5.088 civiles de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55.
La asimetría territorial es brutal. En el Norte y la Patagonia la mora trepa hasta el 29,38 por ciento. Superan el 25 por ciento La Rioja (29,38), Formosa (28,69), Santa Cruz (28,55), Corrientes (26,50), Salta (26,33), Misiones (26,26), Neuquén (25,88), Santiago del Estero (25,51) y Catamarca (25,12). En el centro, Buenos Aires tiene 19,35; Córdoba, 19,19; Santa Fe, 16; y CABA, 9,56. En la Capital la tasa es menos de un tercio que en La Rioja.
Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital expresó:“Los datos que arroja nuestro informe son alarmantes: la política confiscatoria del Gobierno sobre nuestros salarios se ve reflejada casi directamente en el aumento de la deuda incobrable. No es un error no forzado, es una consecuencia directa del modelo”.
“Los datos que emergen del informe son claros: el ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparados en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo”.
Dentro de las exigencias que realizaron desde ATE Capital están la “reapertura libre de paritarias para recomponer el 40,5 por ciento arrebatado; actualización de la canasta del IPC; condonación de la deuda usurera; y topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales”.
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