Por Leonardo Martín
Una disputa y un reclamo que atravesó todo el gobierno de Javier Milei y del que no se avizora una resolución. El Frente Sindical Universitario, que agrupa organizaciones docentes y no docentes, realizó este martes 8 de septiembre un paro nacional ante el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y la falta de una respuesta en la recomposición salarial acorde en la última reunión paritaria.
El plan de lucha incluye diversas acciones para las próximas semanas. El martes 15 de septiembre está previsto realizar clases públicas y el jueves 17 una movilización a las puertas del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación del Gobierno nacional. El punto más relevante del plan de lucha es la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para la primera o segunda semana de octubre.
El Gobierno lleva 322 días de incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que prevé la recomposición salarial a niveles de noviembre de 2023 para docentes y no docentes así como de los gastos de funcionamento de las universidades, de los programas que llevan adelante así como de las becas para los alumnos.
El juez de primera instancia Martín Cormick dictó una medida cautelar que obliga al gobierno a cumplir con la actualización salarial y de las becas que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia mientras se resuelve la cuestión de fondo en manos de Cormick. El Gobierno desconoce hasta el momento la cautelar pese a la ratificación de la misma.
En diálogo con Radio Gráfica, Leticia Medina, titular de ADIUC (Docente Universitarios e Investigadores de Córdoba) expresó: “Hay un enorme malestar y enojo, es el tercer año de pelea frente a un gobierno que está decidido a vaciar la universidad pública y el sistema científico”.
El pasado 1 de septiembre hubo una reunión paritaria convocada desde el Poder Ejecutivo con una propuesta que aceleró el plan de lucha de los sindicatos. Leticia Medina detalló: “Frente al 32% que perdimos de poder adquisitivo (con Milei) nos ofrecieron un aumento del 3%, una provocación a esta altura de los acontecimientos. Esto genera una reactivación del conflicto en las universidades. El Gobierno no entiende ningún otro lenguaje que no sea el de la movilización”.
Vale decir que al 32% de recomposición se suma el reclamo por el retroactivo desde la publicación de la ley. Los docentes y no docentes han dejado de percibir casi cinco salarios en ese período.
A eso se suma que en junio pasado el Gobierno tras una recomposición parcial de los salarios, también se comprometió a incrementar gastos de funcionamiento para universidades y de los hospitales que dependen de las mismas que fue incumplido. Tampoco los recursos para becas ni la restitución del FONID para los docentes de los colegios universitarios que el Ejecutivo dejó de pagar apenas asumió.
El plan de lucha también se da en el contexto en el cual en breve comenzará a discutirse el Presupuesto 2027 y con ello cuanto destinará el Poder Ejecutivo a las universidades. Días atrás desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que los reune a los rectores de las universidades nacionales, aprobó en un encuentro en Bariloche un proyecto de solicitud de 11 billones de pesos para el 2027 que remitió a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación que encabeza Héctor “Gallego” Fernández.
Días atrás, en diálogo con Radio Gráfica, Clara Chevalier, secretaria General de CONADU calificaba al “Gallego” Fernández como un “funcionario troll” y que “fantasea con que queden solo 10 universidades nacionales en pié, para las clases altas”.
Un conflicto al que el Gobierno no buscar dar solución y que continúa profundizando.
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