Por Juan Natalizio*
Lo primero que hay que señalar es que el presidente Javier Milei no anunció ninguna de las medidas disparatadas sobre la Cuestión Malvinas que se venían rumoreando: desde la incorporación de una tercera bandera o la posibilidad de que Washington actuara como mediador entre la Argentina y el Reino Unido.
Sobre el papel histórico de Washington en la Cuestión Malvinas, ayer desarrollamos en Malvinas Causa Central la editorial “Malvinas: Estados Unidos y Reino Unido, una alianza estratégica”. Allí repasamos la intervención estadounidense en el Atlántico Sur, desde el ataque de la corbeta Lexington en 1831 hasta el apoyo político, militar y logístico brindado al Reino Unido durante la guerra de 1982.
El anuncio de sancionar a las empresas que participen en la explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas constituye, en principio, una buena noticia. Habrá que seguir de cerca su instrumentación y comprobar, cuando las medidas se plasmen en normas concretas, cuál será su verdadero alcance.
Si anteriormente exigimos que el Gobierno reaccionara frente a los anuncios de Navitas y Rockhopper, las dos empresas que impulsan el saqueo de los hidrocarburos argentinos, no podemos criticar ahora que finalmente tome medidas. Sin embargo, frente a un gobierno profundamente antinacional, es necesario indagar qué intereses existen detrás de cada decisión. También debe señalarse como un dato positivo que, después de los anuncios, cayeron las acciones de estas empresas.
La decisión de defender el Atlántico Sur, sin embargo, encierra varias paradojas. Milei anunció la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, pero se trata de una política iniciada por el gobierno anterior. La obra fue puesta en marcha en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana, y posteriormente quedó paralizada.
La pregunta es: ¿se trata de una decisión soberana de la Argentina o responde también a los intereses militares de Estados Unidos? Milei ha señalado reiteradamente que su principal alineamiento internacional es con Washington. Por lo tanto, resulta legítimo preguntarse si detrás de este anuncio existe algún tipo de acuerdo.
Cuando comenzó la construcción de la base, consulté a un militar en actividad acerca de su importancia. Su respuesta quedó grabada en mi memoria: “No nos van a dejar tener esa base”. Le pregunté si se refería al Reino Unido y respondió: “Ni ellos ni nadie”. Al observar lo ocurrido con el paso del tiempo, debo reconocer que tenía razón.
¿Por qué ahora sí podría avanzar? Las sospechas conducen inevitablemente hacia el Pentágono. Por eso debemos mantener la guardia en alto y seguir atentamente cada paso. La Base Naval Integrada es fundamental para la defensa nacional, pero también representa un enorme acto de soberanía. La cuestión es si un país con el grado de dependencia que actualmente tiene la Argentina puede concretarla con autonomía y en función de sus propios intereses.
Existe, además, otro elemento que genera dudas. Chile avanza en el fortalecimiento de su alianza militar con el Reino Unido y también proyecta la apertura de una ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Frente a este escenario, cabe preguntarse si, mientras Chile profundiza su vínculo con Londres, ¿la Argentina no estará avanzando en un acuerdo militar con Estados Unidos?
¿Podría tratarse de una estrategia destinada a consolidar la presencia de la OTAN a ambos lados de la cordillera? ¿Existe el riesgo de que las potencias protejan sus propios intereses mientras intentan convencernos de que estamos construyendo una alianza destinada a defender la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur? Son preguntas que, como mínimo, debemos plantearnos.
También resulta contradictorio hablar de defensa nacional mientras se reduce la inversión y el presupuesto militar, se profundiza el deterioro de las Fuerzas Armadas y se mantienen salarios extremadamente bajos para su personal. Defender efectivamente el Atlántico Sur exige recursos, planificación y una política de Estado sostenida en el tiempo.
Como nos enseñó Jorge Abelardo Ramos durante la Guerra de Malvinas, no se puede ser nacionalista en las Islas y oligárquico-liberal en Buenos Aires. Para defender el Atlántico Sur necesitamos industria nacional, desarrollo científico y tecnológico, universidades públicas, Fuerzas Armadas equipadas y una política de poblamiento de la Patagonia. También debemos proteger la industria de Tierra del Fuego, en lugar de atacarla y debilitarla.
La pregunta, entonces, es por qué Milei presenta ahora estas iniciativas, que contradicen todas sus posiciones anteriores sobre Malvinas. La reacción popular frente a lo ocurrido durante el Mundial y el partido contra Inglaterra volvió a demostrar que Malvinas continúa siendo una causa profundamente arraigada en el pueblo argentino.
El Gobierno comprendió que puede intentar mostrarse como defensor de los intereses nacionales mediante estos anuncios, mientras sostiene políticas de entrega y subordinación. Las medidas contra las petroleras no están mal y pueden representar un avance importante. Pero debemos seguirlas con atención, analizar cómo se instrumentan y comprobar si se traducen en acciones concretas.
La defensa del Atlántico Sur no puede limitarse a un discurso. Requiere un proyecto nacional integral, recursos públicos y una verdadera decisión política de defender la soberanía argentina.
* Conductor de Malvinas Causa Central
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