Documento Ni Una Menos: ¡Justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas!

Documento completo a 11 años del primer Ni Una Menos

El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos, desde entonces, cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries. Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: nuestras vidas no son desechables! Las vidas de las pibas valen! Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios, contra todas las formas de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y desendeudades nos queremos!

Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están. Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, y exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado. También nos conmueve el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, adolescente de 17 años de Misiones, y de Noelia Romero, de Temperley, Provincia Buenos Aires. Seguimos buscando a Camila Maidana de Comodoro Rivadavia (Chubut), a Delicia Mamani desaparecida en Córdoba hace seis meses, oriunda de Jujuy. Pedimos justicia por Mariel Jiménez, de Villa Lugano (Buenos Aires), y condena efectiva a su femicida. Exigimos justicia por Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y justicia y reparación efectiva para Sofía Castro Riglos que fue la única sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas. Este fue un crimen lesboodiante, nacido de la violencia machista y patriarcal, en un contexto de precariedad habitacional y desamparo estructural. Exigimos una condena histórica a Justo Fernando Barrientos, que se condene el crimen de odio, que se reconozca que fue un lesbicidio. ¡Lesbicidios Nunca Más! Estamos aquí por ellas y por todas.

Nos movilizamos contra el proyecto de las supuestas “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada y todos sus aliados del gobierno, que busca blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian. Ratificamos nuestro compromiso de alzar la voz y poner el cuerpo contra los abusos sexuales, acompañando a madres protectoras, sobrevivientes, niñes y adolescentes en el Congreso, en los juzgados, en las calles y en cada uno de nuestros espacios. Frente a quienes pretenden avanzar sobre nuestros derechos, nuestra respuesta es colectiva e inapelable: ¡no pasarán! ¡Basta de revinculaciones forzadas! Denunciamos la separación de la niña Arcoiris de su entorno protegido y la vinculación dispuesta por el Poder Judicial de La Rioja con los denunciados por abuso sexual contra ella. ¡Arcoiris con su mamá ya! Denunciamos la violencia vicaria a Alexandra Sabio de Neuquén y restitución del niño M a su madre. Nuestra revolución no defiende abusadores. No hay falsas denuncias, faltan denuncias.

Nos movilizamos hoy a lo largo y ancho del país convencides de que organizar la rabia es también construir una alternativa de vida y dignidad frente al saqueo criminal y la crueldad que impulsa el gobierno de Javier Milei y todos sus cómplices.

Venimos a gritar que unir las luchas contra la crueldad y las violencias de este gobierno machista, racista y saqueador es la tarea. ¡Rebelarnos es urgente!

Denunciamos que:

Entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3205 casos de víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista. Repudiamos las declaraciones de la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva, quien declaró que el crimen de Agostina Vega es un “homicidio”, negando una vez más la violencia patriarcal y buscando eliminar la figura de femicidio. Esta decisión no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad.
Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca mientras fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social. Nuestros feminismos hacen comunidad en cada barrio, escuela, sala de salud. Hacemos redes para construir las vidas que queremos vivir para todas, todes y todos.
Insistimos en nombrar los travesticidios y transhomicidios, porque cuando no se nombran también se borra la vida vivida como travesti y trans. El Estado debe reconocer, prevenir y reparar la cadena de expulsiones y violencias que pesa sobre nuestra comunidad. También reclamamos la implementación de protocolos específicos frente a las desapariciones de personas travestis y trans, una demanda que nuestro movimiento viene señalando desde el caso de Tehuel de la Torre. Seguimos gritando: ¿Dónde está Tehuel?. Gritamos también: ¡Justicia para Sofi Fernández! ¡Justicia por Valeria Micaela Benitez! Reivindicamos la memoria de nuestras grandes referentas: Diana Sacayán, Lohana Berkins, Claudia Pía Baudracco, Zoe López García y tantas otras cuyo aporte y lucha siguen marcando el camino del movimiento travesti y trans.
El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno Nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones.
Denunciamos la complicidad del Poder Judicial con las violencias sobre nuestros cuerpos: la falta de respuestas, la revictimización, la demora en las investigaciones y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las víctimas. Denunciamos también la complicidad institucional del poder judicial con este gobierno de ultraderecha.
Denunciamos la deuda alimentaria de progenitores que alcanza a 7 de cada 10 hogares monomarentales y es un mecanismo más de precarización y violencia.
Rechazamos el intento de eliminar la Educación Sexual Integral. Como dijeron las docentes de Agostina, la ESI salva vidas. Demandamos ESI no biologicista, no binaria, laica, feminista y accesible en todos los niveles educativos.
Exigimos la plena implementación de la Ley de Aborto legal seguro y gratuito en todo el país, el acceso a misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, y el fin de las barreras que limitan nuestra autonomía. Desfinanciar la salud sexual y reproductiva, obstaculizar el aborto legal y forzar maternidades es violencia estatal. Defendemos la separación de las Iglesias y el Estado y denunciamos la criminalización de las emergencias obstétricas. El derecho al aborto es ley. Nuestros derechos no se negocian. Sin autonomía reproductiva no hay Ni Una Menos.

¡Nos movilizamos para gritar basta a este modelo de hambre y saqueo que precariza y criminaliza la vida!

Nos rebelamos para derrotar el proyecto de ajuste, endeudamiento y saqueo impulsado por Milei, Trump, el FMI y sus cómplices, que nos empobrece, nos somete a la precarización y el pluriempleo, nos obliga a endeudarnos para subsistir y destruye nuestra salud mental. Rechazamos la Reforma Laboral y la venta de nuestros bienes comunes. No al pago de las deudas ilegítimas, ni la deuda externa ni las deudas domésticas tomadas para sobrevivir.
Denunciamos que las trabajadoras comunitarias de los barrios populares sostenemos una triple jornada de trabajo —en el hogar, en el mercado laboral y en la comunidad— que alcanza casi 14 horas diarias. Resistimos desde abril contra las amenazas del cierre del Programa Volver al Trabajo, que otorga 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 familias en todo el país. Necesitamos el reconocimiento salarial del trabajo comunitario que ya sostiene la vida en los barrios.

Denunciamos la criminalización política contra las organizaciones sociales, políticas, sindicales, indígenas, la persecución a periodistas, y exigimos el desprocesamiento ya de todas las compañeras perseguidas por luchar.
Denunciamos la violencia política sufrida de forma cotidiana por militantes y referentas de nuestro movimiento en redes sociales y medios de comunicación.
Exigimos la libertad de las dirigentes políticas Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner. Basta de persecución judicial y proscripción política. Rechazamos la utilización del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento.
Denunciamos el llamado de manera racista “operativo tormenta negra” de Jorge Macri para estigmatizar los barrios populares y sus habitantes. Denunciamos el genocidio del hambre y la profundización de una limpieza étnica y social de este gobierno contra las comunidades negras-afrosdescendientes, indígenas, migrantes y racializadas, mediante los desalojos, el hostigamiento cotidiano a personas en situación de calle, ollas populares, vendedores ambulantes, asambleas barriales y las expulsiones masivas a personas migrantes. Migrar no es delito.
Basta de violencia contra las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución.
Repudiamos la persecusión judicial a pedido de la DAIA y el Estado de Israel contra quienes denuncian el genocidio al pueblo palestino. Libertad y desprocesamiento de Daniel Vera. Abajo el juicio trucho contra Vanina Biasi y Alejandro Bodart.
Exigimos el accionar urgente del Estado argentino para la libertad de Paula Giménez y Lucas Aguilera, que fueron secuestrados en Libia por llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino como parte del convoy terrestre Flotilla Global Sumud Maghreb. Basta de agresión al pueblo palestino, Palestina Libre!

Reivindicamos la lucha de los pueblos originarios por la recuperación y el reconocimiento de sus tierras.

Exigimos que el gobierno haga cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de emergencia en discapacidad ya! Nos oponemos a la reforma de la Ley de Salud Mental y exigimos su efectiva implementación. También que cumpla con las y los jubilados, que hoy son quienes más pagan el ajuste.
Rechazamos el bloqueo a Cuba y todas las formas de intervención en Abya Yala. Volvemos a gritar: las bombas del imperio no solo caen sobre el suelo, caen sobre la posibilidad de decidir nuestro destino!

Abrazamos la rebelión y la lucha de trabajadores campesinas/os y los pueblos indígenas en Bolivia. ¡Fuera Rodrigo Paz! La rebelión en Bolivia tiene rostro de mujeres y con pollera. Su coraje nos inspira.

Hoy 3 de Junio del 2026 a once años del primer Ni Una Menos que sostenemos cada año, volvemos a reafirmar que los feminismos estamos en las calles en todo el país, por un mundo donde nuestras vidas importen.

Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles.

¡Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudades nos queremos! ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable.

¡Ni una menos!