El martes pasado en Bogotá se realizó el encuentro en el que participaron más de 20 países. Gustavo Petro inauguró el evento con el propósito de alcanzar el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.
El mandatario colombiano, que al llegar al gobierno decidió restablecer y normalizar las relaciones con Venezuela, busca reflotar la mesa de diálogo que se había logrado en México. Dicho proceso se estancó cuando la oposición a Maduro se arrepintió de firmar un acuerdo para la devolución de los recursos venezolanos retenidos en el extranjero.
En la Conferencia, Petro pidió la “reconstrucción democrática de América Latina” y apostó por el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al mismo tiempo expresó que “América no puede ser un espacio de sanciones, tiene que ser un espacio de libertades”. En ese marco, el colombiano, aprovechó para apuntar contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde “indígenas van cayendo en las calles muertos y asesinados”.
Desde Venezuela, si bien saludaron la iniciativa, se mostraron con cautela: “Estamos a la expectativa positiva de este Conferencia Internacional que propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es una jugada riesgosa pero consideramos que podía hacerse y la hemos apoyado”, sostuvo Maduro el martes en su programa televisivo.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez apuntó que el “elemento más importante de la conferencia tiene que ver con probar si en lo que se ha denominado ‘comunidad internacional’, que en realidad es una forma racista de nombrar a Estados Unidos y algunos países de Europa, no van a sucumbir como han hecho en otras oportunidades a la ambivalencia, a un discurso donde dicen que apoyan el diálogo entre venezolanos, pero en sus ejecutorias actúan de manera completamente diferente”.
Y explicó que el pasado 26 de noviembre “Venezuela firmó con una facción de la oposición autodenominada Plataforma Unitaria un acuerdo social por 3200 millones de dólares para la inversión social. El dinero se iba a obtener de la recuperación de los activos ilegalmente retenidos por instituciones financieras y gobierno extranjeros. Eso se firmó, pero no habían pasado 4 días cuando el que funge de embajador de Narnia (del autoproclamado gobierno de Juan Guaidó) en Bogotá, envió una carta a Naciones Unidas prohibiendo la instauración de ese fondo social. El acuerdo firmado fue rápidamente violado y boicoteado”, denunció.
El gobierno bolivariano, además expresó que esperan el cumplimiento de algunos puntos para abrir el diálogo con la oposición: “Lo primero es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, medidas coercitivas unilaterales e ilegitimas que desde el 2015 se han impuesto contra Venezuela. En segundo lugar, el dinero robado, ilegalmente retenido, el oro en Inglaterra, el dinero en Bancos Europeos, las utilidades de Citgo tienen que ser devueltos por completo al pueblo venezolano. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados unidos, o a través de la Corte Penal Internacional, se detengan porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”.
Por su parte, Juan Guaidó, intentó participar de la Conferencia en Colombia, pero terminó expulsado del país. El opositor finalmente se dirigió a Miami desde donde denunció haber recibido “amenazas” contra su familia y colaboradores. “Lamentablemente hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia de alguna manera”, dijo.
Tras la salida de Guaidó de Colombia, la cancillería confirmó que el opositor no había sido invitado al encuentro y que su ingreso al país fue de manera irregular: “No está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él”, expresó el canciller colombiano Álvaro Leyva, al tiempo que remarcó: “entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”.
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