Ayer la Comisión de Juicio Político de Diputados cerró el capítulo “causa fallo 2×1”, aprobado por la Corte en 2017 para beneficiar a los represores de la última dictadura cívico-militar.
Según la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, el fallo “desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton ya que el resultado que propugnaron en ‘Muiña’, además de la absurda aplicación de la ley 24.390, lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia Corte es cúspide”. Y remarcó: “Fue un intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismos. Todos recordamos lo que significaba, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los que estaban en cárcel común como a los que gozaban de domiciliaria”.
La periodista especializada en judiciales y derechos humanos, Luciana Bertoia, también citada por la Comisión, contó a Radio Gráfica que otro testimonio esperado fue el del ex ministro de Justicia, Germán Garavano: “Las preguntas del FDT giraron en torno a dos cuestiones, por un lado, su relación con Helena Highton de Nolasco, quien aportó un voto clave a favor del 2×1. La hipótesis del oficialismo es que ese voto lo aportó tras haber arreglado con el gobierno de Macri su permanencia en la Corte después de los 75 años”.
Por otro lado, fue consultado “por la relación con Fabián Pepín Rodríguez Simón que según la hipótesis de la comisión, fue quien operó el fallo del 2×1, a través de su vínculo con Rosenkrantz. Recordemos que Pepín fue quien acerca el nombre Rosenkrantz y luego se consensua el nombre de Rosatti, sobre todo con Carrió. Se piensa que el gobierno de Macri quería que salga el 2×1 y eso se motoriza a través de Rosenkrantz”.
La periodista, fue citada para exponer acerca de su nota “Contracorriente”, que se publicó en el Cohete a la Luna en abril de 2020: “Me enfoqué en los planteos de los represores para pedir domiciliarias en plena pandemia, que era gran parte de la discusión del momento. Rosenkrantz había quedado como juez de turno en esos días, y había un planteo de un represor (Amelong) que seguía reclamando que le aplicaran el 2×1, si bien el juez no trató esa cuestión, lo envió al Tribunal Oral de Rosario para que vea si le correspondía el beneficio por su edad. Eso fue visto en ese momento como un mensaje que bajaba de la Corte Suprema a favor de las domiciliarias para genocidas. La Comisión cree que Rosenkrantz no sólo tuvo una postura favorable al 2×1, sino que además tuvo una conducta condescendiente a lo que hacía al arresto domiciliario de los criminales de la última dictadura”, sostuvo.
El próximo capítulo a tratar por parte de la Comisión se enfocará en las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. “Se trata de un tema caliente, porque la semana pasada hubo una carta pública de Ricardo Lorenzetti apuntando a estos desmanejos”, explicó Bertoia. “La Corte dividió distintas áreas para ponerlas bajo dependencia de algunos de los ministros. Por ejemplo, en un momento la oficina de la mujer la tuvo Helena Highton, que también tenía a su cargo la oficina de violencia doméstica y Maqueda tenía la obra social. En este capítulo todo apunta a Maqueda, y la Comisión tiene un mail que envió la propia Corte donde él mismo reconoce que había desmanejos y que él tenía algún tipo de responsabilidad”, finalizó.
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