En diálogo con Radio Gráfica, la periodista especializada en judiciales, Luciana Bertoia, sostuvo que “la investigación transitó por la lógica de quienes estuvieron en el lugar ese 1 de septiembre y cómo planificaron el ataque, en base a los mensajes que aparecieron. Lo que no se investigó en este expediente fueron las líneas políticas que es lo que viene reclamando Cristina”.
La causa más avanzada es la que “está a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti, en donde están investigados Sebastián Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. El juicio deberá llevarlo adelante el TOF 6 que no tiene jueces titulares (está integrado momentáneamente por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari). Hasta ahora no hay fecha para este juicio”, explicó la especialista.
Por otro lado, se encuentra la causa que investiga los vínculos políticos de los autores; la última novedad se dio la semana pasada, cuando la Cámara Federal aprobó el secuestro del teléfono del diputado Gerardo Milman, quien fue acusado por un testigo de saber de antemano que el atentado se iba a realizar.
“En esa línea de investigación, el fiscal impulsó el secuestro del teléfono de Milman aunque la jueza no quería hacerlo, la Cámara Federal con votos de Bertuzzi y Bruglia, que es sabido que no tienen simpatía con Cristina, dijeron que correspondía el secuestro del celular. Milman aportó el teléfono hace poco, pero esto quedó en suspenso hasta que la Cámara de Casación diga si el fallo de la cámara federal es correcto”, explicó Bertoia.
Sin embargo, encontrar nuevas pistas a un año del hecho, parece poco probable: “En noviembre del año pasado hubo un encuentro en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad de Patricia Bullrich, donde se manipularon distintos teléfonos, entre ellos los de las asesoras de Milman y posiblemente el de él. Esto fue hace 10 meses atrás. Lo que se puede encontrar es poco y nada”, lamentó la periodista.
En ese sentido, recordó las irregularidades en la obtención del teléfono de Sabag Montiel, días después del intento de asesinato: “El fin de semana posterior al atentado, salió una nota de Tuny Kollman que decía que se había perdido todo el contenido del teléfono de Sabag Montiel, el teléfono que más respuestas podía dar sobre el armado del atentado. Eso se perdió porque cuando le quisieron extraer la información entre la gente del juzgado y la policía Federal, el teléfono se terminó reseteando, y llegó a manos de la Policía Aeroportuaria prendido, y en un sobre abierto. Esto hoy es materia de investigación en un sumario de la Policía Federal para determinar la responsabilidad de los peritos que intervinieron en este episodio”.
“Esa causa está en manos de Martínez de Giorgi, que procesó a cinco personas vinculadas a Revolución Federal, que habían estado cerca del departamento de Cristina generado alboroto. Pero la parte menos avanzada es la relacionada al financiamiento de Caputo Hermanos. Hubo declaraciones de gente que marcó lo irregular de la relación con Jonathan Morel y la intervención de Rossana Pía Caputo, una diseñadora de interiores que nunca había tenido un proyecto en su cargo hasta que apareció Morel y ahí surgen los $15 millones que le dieron a la carpintería”, recordó la comunicadora.
Y remarcó: “Martínez de Giorgi mostró cierta vocación de avanzar con la investigación de Revolución Federal, pero en el caso de Capuchetti hubo un enfrentamiento fuerte con la querella de Cristina, de hecho a principios de año Martín Soria (Ministro de Justicia) había señalado que Capuchetti tenía un cargo en el instituto donde se forman policías de la Ciudad con lo cual había cierta vinculación con el Pro”.
Por último, sostuvo que “seguramente (la justicia) espere a los vaivenes políticos de los próximos meses”, para determinar los pasos a seguir.
Discusión acerca de esta noticia