Por Héctor Amichetti *
Cristina plantea la imperiosa necesidad de ordenar el sistema de salud que el neoliberalismo desordenó brutalmente en Argentina.
Hay que respaldar la propuesta de Cristina.
Con el Peronismo hubo por primera vez Ministerio de Trabajo y también Ministerio de Salud con un ministro difícil de igualar en sensibilidad humana y capacidad profesional.
Ramón Carrillo, aquel gran patriota santiagueño que nos enseñó la íntima relación entre justicia social y atención sanitaria.
“En una sociedad no deben ni pueden existir clases sociales definidas por índices económicos (…) No puede haber política sanitaria sin política social”.
¿Alguien puede imaginar a las empresas de medicina pre-paga encajando en esa concepción de sistema de salud?
Sobre la base de un genocidio primero y de las posteriores políticas privatizadoras que instauraron niveles de acceso a los derechos íntimamente ligados a la capacidad económica de cada individuo o grupo familiar, fue que se instrumentó el desastre que padecemos hoy.
La pandemia no ha hecho más que agudizarlo.
Alrededor de 16 millones de argentinos y argentinas se atienden en el servicio público de salud, más de 27 millones de personas en Obras Sociales Nacionales y Provinciales (incluyendo al PAMI); 1.900.000 han optado por el servicio privado de empresas con fines comerciales.
Las Obras Sociales Sindicales comenzaron a cubrir la atención de las familias trabajadoras en cada gremio hace ya varias décadas, cuando se debilitó la capacidad de atención estatal.
El sistema solidario de las Obras Sociales empezó a ser atacado de manera directa a partir de la llamada “libre elección” promovida por Menem en los ’90 y profundizada luego por De la Rúa, cuyo gobierno autorizó que los planes de las prepagas se incrustaran en las obras sociales.
En los sindicatos que siguieron ese camino, la solidaridad dejó de ser tan solidaria, ya que el servicio que se brinda a quien puede pagar un plan superador no es el mismo que se presta a quien no puede pagarlo.
Los sindicatos que rechazamos esa deformación del sistema y seguimos sosteniendo a rajatabla el principio de solidaridad -no marcando diferencia alguna en las prestaciones y manteniendo a jubilados y pensionadas del gremio-, permanecemos acorralados y acechados en situación crítica por defender ese principio.
La creciente desocupación e informalidad laboral presiona sobre los hospitales públicos, la mayoría con alta excelencia en sus servicios y probada calidad profesional pero desbordados en su capacidad de atención.
En el polo opuesto, difícilmente una empresa privada de salud acepte la atención de una persona de avanzada edad si no puede pagar una cuota mensual que triplica -como mínimo- el monto de una jubilación mínima, darán siempre prioridad a las personas más jóvenes y sanas y vincularán el aporte de sus beneficiarios a las enfermedades preexistentes y al costo que acarea su atención.
Ese sector que hoy recurre a la Justicia para reclamar un incremento del 35% en las cuotas de sus clientes, no quiere perder niveles de rentabilidad, para ellos el derecho a la salud tiene precio.
Para el Estado y para las Obras Sociales Sindicales la salud es un derecho sin precio ni condicionantes.
Doy un ejemplo al respecto, cómo se explica que nuestra Obra Social del Personal Gráfico puede cubrir desde la atención primaria hasta la más alta complejidad a 25.000 hombres, mujeres y niños del gremio con un aporte promedio mensual de 2000 pesos y a 3.200 jubilados, jubiladas y pensionados con una aporte individual que apenas supera los mil pesos por mes.
Deduzcan pues la rentabilidad de las empresas privadas de salud.
Ahora bien…
¿Porqué resulta imprescindible y urgente integrar a todos los subsectores en un sistema de salud justo y eficiente?
Entre otras cuestiones para fortalecer al sistema público que sostenemos entre todos y todas y garantiza atención a quienes no tienen posibilidad de hacer aporte adicional alguno.
Para recomponer el sistema solidario con el fin de que cumpla la misión que le dio origen, complementando sus servicios con los del Estado con el objetivo de asegurar cobertura necesaria para todo el pueblo argentino en el marco de una comunidad organizada.
Y para dejar en libertad de acción a una minoría de la población que desea y puede pagar lo que le pide una empresa privada para la atención de sus dolencias, que no es toda la salud.
Por último, entre las múltiples decisiones positivas que se podrían adoptar con la creación de un sistema integrado de salud, debería figurar indefectiblemente el rol activo del Estado en la compra de medicamentos de alto costo para romper con la manipulación irracional de precios que ejecutan los laboratorios y que afecta tanto al servicio público como a las obras sociales y a las prepagas.
Nadie debería estar en desacuerdo con eso, salvo que forme parte de algún negocio inconfesable.
Volviendo a Ramón Carrillo, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud del gobierno peronista se creó EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos, que funcionaba en el Instituto Malbrán y producía medicinas un 70% más baratas que las de los laboratorios privados.
Cierro con una de sus frases que hoy más que nunca debería convertirse en consigna:
“De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
(*) Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores / Espacio Producción y Trabajo
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