Por Gabriel Fernández *
La vida es rara. Aunque ciertos acontecimientos azarosos faciliten la postura de quienes suelen referirse al destino, muchas personas razonables pueden coincidir en que los seres humanos dejan la marca de su trazo en ese lienzo vacío que aguarda el porvenir. Lo que en verdad hacía falta investigar acerca de muertes acaecidas a la luz de las cámaras televisivas, es exactamente lo que no se podrá avizorar.
Es que según la ya cada vez más opaca Justicia, la Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá ser querellante en la causa Iron Mountain. Puede presentarse así: todo un crimen de la Cámara del Crimen, pues aún está por develarse lo acaecido en el depósito de documentación en el barrio porteño de Barracas en el año 2014.
El lector lo recuerda tanto como este redactor: por entonces murieron diez bomberos que combatían el incendio ¿intencional? que barrió con las instalaciones. Y sobre todo, aniquiló documentación perteneciente a grandes empresas. Días atrás la UIF solicitó ser querellante, pues sus sabuesos observaron, tras varias aproximaciones silenciosas pero eficaces, que la gigantesca ignición puede haber surgido con el objetivo de ocultar para la eternidad operaciones de lavado de activos.
Las sospechas desplegadas en estas páginas sobre el control mega empresarial de una buena parte del Poder Judicial argentino encuentran así una renovada e intensa fundamentación. La Cámara citada, mediante un fallo suscripto por los jueces Marcelo Lucini, Magdalena Laíño e Ignacio Rodríguez Varela, apuntó que la UIF no explicó “cuál sería la maniobra que se habría pretendido encubrir”. El planteo posee un rasgo que no escapará al mirador certero: con gran lógica la entidad estatal evaluó que para conocer el delito, resulta pertinente investigar.
Por eso no sacó conclusiones previas y solicitó aportar sus datos en la causa. Pero no. Fíjese lo que dice el fallo: “Frente a las concretas preguntas que se le realizaron en pos de precisar cuál sería la maniobra que se habría pretendido encubrir a través del incendio supuestamente provocado en el depósito de la calle Azara, los letrados se limitaron a señalar que ‘es un largo camino a explorar, que hasta el momento no se hizo’, sin lograr así configurar una hipótesis concreta que permita un estudio serio para determinar la viabilidad de la pretensión”.
En síntesis. Como los que anhelan indagar no conocen el final de la indagatoria, se les prohíbe indagar. Lo anticipamos: la vida, es rara.
La UIF, pugnaz, replicó que apelará el fallo ante la Cámara de Casación porteña. La causa, tiene el número 4447/17 y está caratulada “Iron Mountain Arg. S.A. s/ Av. de delito”. Se encuentra en el Juzgado de Instrucción a cargo del Pablo Ormaechea. Este juez ya recibió criticas por su parsimonia Alais ¡de la misma Cámara del Crimen!, de los familiares de las víctimas, de vecinos y de la Unidad en cuestión. Sucede que después de tantos años, la humareda gestada por el incendio no se disipa; se acrecienta.
Coloquemos el cono del silencio para hacer un aparte alejado del proceder judicial. Todos sabemos que los investigadores expertos, de la policía y de cualquier compañía de seguros, conocen las técnicas adecuadas para determinar si un siniestro fue provocado intencionalmente, o si se trató de un encendido involuntario. Lo que en realidad hay que averiguar es precisamente eso. Por ahora, los únicos que salieron ilesos de semejante llamarada fueron los empresarios de Iron Mountain y los funcionarios del gobierno porteño encargados de inspeccionar y garantizar la seguridad de los establecimientos.
Preste atención. Según la Cámara criminal, “La hipótesis del lavado es una mera referencia abstracta, introducida sorpresivamente después de siete años de aquel evento luctuoso. La genérica alusión a que había empresas investigadas por ese organismo antes, durante y después del incendio, de ningún modo satisface aquella falencia en tanto no se mencionan someramente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habría ocurrido el delito precedente”.
Los integrantes de la UIF que alzaron el pedido de constituirse en querellantes son Claudio Castelli, Federico Bazzani y Martín Vignale. Pretenden seguir adelante y necesitan difusión de su exigencia para lograr el apoyo público que la búsqueda de la verdad amerita. Aunque nadie puede predecir nada, pues esto es fútbol, este narrador infiere que si insisten mucho, tendrán que cuidarse de ciertos elementos antisociales más que del coronavirus.
Debido a la agilidad de los periodistas y a la cercanía del drama, Radio Gráfica cubrió desde el primer momento las vicisitudes. Así se logró percibir las dificultades para el acceso, la llamativa extensión del siniestro, el arrojo de los valientes. Así se empezó a sospechar que si el hecho fue intencional, los autores no trepidaron en sacrificar vidas para ocultar los presuntos delitos. Y así se fueron recabando los nombres de los muertos. Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, Pedro Barícola y Facundo Ambrosi. Integraban los cuerpos de Bomberos de la Policía Federal, Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires y Defensa Civil.
En este medio, durante una entrevista realizada en febrero, José Pepe Sbatella, quien fuera titular de la UIF cuando arrasó la quemazón, ofreció consideraciones que merecen reelerse:
“En ese momento, la mayoría de los clientes de Iron Mountain aparecían como ´clientes´ de la UIF, para hacer un paralelismo. Es decir, eran estructuras de empresas que estaban en causas o tenían Reportes de Operación Sospechosa, que eran los famosos ROS, que emiten en el circuito los bancos o casas de cambio, cuando hay situaciones inusuales o que no se pueden explicar”.
Por eso, “la UIF está obligada a profundizar pidiendo datos a bancos del extranjero o casas de cambio. En esa situación estaban la mayoría de los ´clientes´. Cuando se produce el incendio, el caso más importante era el de HSBC, que aparecía con cuentas, con una plataforma de evasión que habían organizado, que había denunciado un arrepentido empleado del propio banco, en Europa”.
“Ese día -añadió Sbatella-, en los momentos del incendio, nosotros sabíamos que había una cantidad de datos y nos preocupamos inmediatamente de la situación, porque Iron Mountain tenía antecedentes de haber tenido 4 o 5 incendios antes, y el incendio de Londres de Iron Mountain es denunciado por haber sido premeditado. Lo que sucede es que en ninguno de los casos anteriores había habido muertos, pero venía quemando sucursales”.
(Como detalle de color que amplía las referencias planteadas, resulta grato apuntar que en 1997 el HSBC absorbió al Banco Roberts. Se trataba de uno de los principales beneficiarios de los acuerdos sobre la deuda externa argentina concretados durante la dictadura cívico militar orientada por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz).
Aunque la UIF se posicionó enseguida como querellante, en 2015 el movimiento nacional popular fue abatido en recordados comicios. El Poder Judicial ahondó su disciplina como la sociedad conoce y al humo inicial se sumaron las cenizas, impulsadas por fuertes ventiscas insufladas por los abogados de Iron Mountain, que presentaron a la compañía como la verdadera víctima del episodio.
No es difícil recordar quién ocupaba la intendencia que este orgulloso distrito insiste en denominar Jefatura de Gobierno en aquél 2014. Desde entonces ha llovido mucho, pero las llamas no ceden. Hoy día, es posible ingresar a la página de la firma “afectada”. Sus directivos, lo más panchos, anuncian que está muy bueno contratar los servicios porque “En Iron Mountain te ofrecemos la custodia de los archivos confidenciales de tu empresa. Te ayudamos a proteger y desbloquear el valor de tus activos físicos y digitales”.
Uno se siente atraído por el tuteo. Brinda confianza.
- Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal.
Discusión acerca de esta noticia