Los productores vitivinícolas de Córdoba expresaron su preocupación y repudio por los efectos dañinos producidos a partir de la aplicación, sin control alguno, de los herbicidas 2,4 D y Dicamba. Por otro lado, la presencia de químicos en el Río Salado dejó miles de peces muertos. El panorama se presenta complejo en un suelo donde los agroquímicos parecen reinar. Soberanía alimentaria, cada vez más lejos.
Por Juan Patricio Méndez *
La producción Vitivinícola
Desde el mes de diciembre hay preocupación en el sector productivo del vino en la provincia de Córdoba. Es que durante las Jornadas Vitivinícolas surgió la problemática de los efectos del herbicida 2,4 D sobre los viñedos, y la forma en que dicho químico alteraría la calidad del producto final. En efecto, se evidenció que hay una “gran falta de control en la aplicación de estos productos”, lo que está llevando a aumentar, cada día, el daño sanitario y ambiental en el territorio nacional.
Vale la pena aclarar que el 2,4 D fue prohibido por el ex ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, en el año 2016. Dicha medida propuso plazos de aplicabilidad, suspendiendo su uso a partir de noviembre hasta marzo del 2017, para luego iniciar un periodo de suspensión semestral desde agosto hasta el tercer mes del 2018.
En aquel entonces, la normativa tenía fundamentación en la crisis productiva de vid en la región. Daniela Mansilla, agrónoma, argumentó que “la única limitante que encuentran los productores de vid para seguir con la actividad es el impacto del 2,4 D. Desde cuando aún no estaba claro qué afectaba a las plantaciones hasta la actualidad han pasado muchos años de “estudiar y demostrar” que ese producto daña las vides. Este herbicida hormonal es su formulación éster tiene un alto grado de volatilidad y su deriva se vuelve incontrolable”.
Sin embargo, esta visión se reducía a lo meramente productivo, dejando de lado que lo concretamente riesgoso de la aplicación de este herbicida es su alto grado de toxicidad. El riesgo sanitario que implica su contacto es muy grande, tanto que en el 2019 el SENASA prohibió su comercialización. El organismo, a partir de la resolución 466/2019, destacó que “los daños se vuelven irreparables por su alto grado de volatilidad”. Aunque, en realidad, las masivas movilizaciones de las asambleas y organizaciones ambientalistas nacionales fueron un gran motor para dicha reglamentación.
Según un informe de Rapal Uruguay, firmado por Lars Neumeister, se comprobó que “el ácido 2,4-D es un potencial disruptor endocrino”. El documento detalló que “un disruptor endocrino funciona como una “sustancia o mezcla exógena que altera la función del sistema endocrino y consecuentemente tiene efectos nocivos en la salud de un organismo, su progenie o las (sub) poblaciones”.
En esta misma línea, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó al 2,4 D como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. Este químico, según detalla el documento, es de alta volatilidad: “Las exposiciones ocupacionales a 2,4-D pueden ocurrir durante la fabricación y aplicación, mientras que la población general puede estar expuesta a través de los alimentos, el agua, el polvo, el uso residencial, y durante la fumigación”.
El portal Biodiversidad es claro en este punto. El perpetuado aumento en el uso de agroquímicos (a nivel internacional) es una de las características de la proliferación del agronegocio. El capitalismo depredador que pondera este modelo sienta las bases de sus lógicas desarrollistas. Lo que vale es el mercado, y secundarios son los efectos producidos. “El aumento del uso no se corresponde con el aumento de la superficie, sino con la necesidad de aumentar la cantidad por hectárea”, explica el portal.
“la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la salud clasificó al 2,4D como posiblemente cancerígeno para los seres humanos”
Esta maximización del rendimiento, cualidad del neoliberalismo contemporáneo, explicada a partir de la sacralización de los conceptos “productividad” y “ganancia”, se manifiesta en la explotación de los suelos. Porque del mismo modo que la plusvalía relativa se aplica al trabajo humano, existe una aplicabilidad en los territorio. En este sentido, la aparición de “malezas” resultó ser un problema de índole superlativa para los grandes productores, ya que las mismas generan resistencia al glifosato. En consecuencia, no se buscó una salida sustentable, sino que se comenzó a mezclar venenos y a aplicar otros, como el 2,4 D y el paraquat, definidos como “altamente peligrosos” por la OMS.
Dicho comportamiento es la representación de un modelo insustentable e insostenible. El agronegocio continúa generando la muerte de los suelos, la muerte de los seres humanos y, en este caso concreto, la deficiencia en la calidad productiva de la vid cordobesa. En el departamento de Calamuchita y en la zona de Río Cuarto se observaron “grandes alteraciones y efectos nocivos en las vides por el uso del herbicida”. En tal sentido, los productores sostuvieron que el ministerio de Agricultura está enterado de la situación y que “en los próximos días habrá reuniones con representantes ministeriales para analizar los pasos a seguir”.
Con el Dicamba ocurre que no hay prohibiciones, a nivel nacional, para su aplicación. Este herbicida se utiliza para el control de malezas resistentes. Sin embargo, su mezcla es de una alta toxicidad para el posterior consumo, y mismo para la flora. En Estados Unidos, un tribunal dictaminó en junio del 2020 que la Agencia de Protección Ambiental subestimó los riesgos con el uso del pesticida, y prohibió su venta en Arkansas.
Esta fue una de las tantas demandas que fueron presentadas contra Monsanto, y posteriormente a Bayer tras su adquisición. Fueron grupos ambientalistas los que solicitaron la suspensión de la comercialización del herbicida XtendiMax, basado en Dicamba. El crecimiento del uso de este químico se dio a partir de la introducción de la tecnología RoundUp Ready de Monsanto. Lo que se comprobó fue que dichos elementos, en su extensiva aplicación, aceleran la resistencia de malezas y multiplican los daños a la salud humana, “siendo que por el aire circulan partículas que afectan dañinamente al organismo”.
Ecocidio en el Río Salado
En el agua, en sedimentos y en los tejidos de las especies halladas fallecidas se encontraron diversos tipos de agrotóxicos, entre ellos glifosato y también 2,4D. En las muestras analizadas por los científicos expertos en el área, los tejidos de los peces recolectados arrojaron residuos de herbicidas. “En branquias y en el hígado del Sábalo, se encontró el herbicida 2,4 D en una concentración de 20 (+/- 10) ug/kg”, narró el informe. Añadieron que “por sus efectos tóxicos y genotóxicos en peces, se puede clasificar al 2,4 D como una sustancia muy nociva para los organismos acuáticos”.
En este sentido, desde la Procuración General de la Corte Suprema de Santa Fé se solicitó un “monitoreo más exhaustivo y con continuidad espacio-temporal sobre la presencia de desechos agrícolas”. Esto a los fines de poder evaluar el impacto que tiene la constante utilización de fitosanitarios sobre la generalidad de los territorios.
Pero el estudio fue muy concluyente a la hora de señalar la presencia de agroquímicos en la cuenta. En sus conclusiones, detalló “como una forma de comenzar a remediar y a restaurar la cuenca de la presencia de sustancias tóxicas para la salud de la vida silvestre y ecosistémica, incluída la salud humana, se recomienda fomentar modelos de producción sustentables no contaminantes, como los agroecológicos, y con participación social”.
¿Dónde queda la soberanía alimentaria?
En nuestro país, la historia de los pueblos fumigados es enriquecedora para fortalecer la idea de que el cambio productivo debe hacerse de inmediato. Los múltiples daños al ambiente y a la salud humana, provocados por el agronegocio, son una constante desde hace varios años. En este sentido es donde la política ambiental debe jugarse una gran apuesta para invertir el esquema vigente, y elaborar propuestas sustentables que tiendan al equilibrio, a la integración, a la sustentabilidad y al desarrollo agroecológico, sin presencia de químicos o venenos nocivos.
En definitiva, a eso se refiere la soberanía alimentaria. Miryam Gorban, investigadora, doctora Honoris Causa (UBA y UNR) y titular de la cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, define a ésta en clave política, nacida de los movimientos sociales del campesinado trabajador, que “refiere a la capacidad de cada uno de los pueblos para implementar y definir sus propias y particulares políticas y prácticas agrarias en virtud de sus metas sostenible y de seguridad alimentaria”.
Para ello, se necesitan “políticas públicas que fijen el rol prevalente del Estado como regulador del modelo productivo; leyes y reglamentaciones que prohíban el uso de los agrotóxicos, el acaparamiento de las tierras fértiles y favorezcan el estímulo a la producción de los agricultores familiares, poblaciones originarias y campesinos; desarrollar una verdadera campaña de Educación Alimentaria, a través de los diversos medios de comunicación; y optar entre la agroecología o el agronegocio”, aseguró Gorban.
En suma, si consideramos la persistente permanencia de agroquímicos, herbicidas y fitosanitarios en la mesa de cada uno de los habitantes de la nación y del mundo, estaríamos estableciendo que existe una preferencia política a favor del agronegocio, modalidad que, luego de extensos estudios, demostró ser más perjudicial que benéfica. Luego de hacerse público el proyecto de intervención sobre la empresa Vicentin, el concepto de “soberanía alimentaria” volvió a estar en el centro de la agenda pública y la política nacional cuando Alberto Fernández mencionó que “los argentinos debemos estar contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.
Y sobre este aspecto debemos hacer una evaluación. Lejos quedó aquel comentario sobre la soberanía alimentaria. Quizás sea el momento de preguntarnos hacia dónde están direccionadas las políticas de intervención del Ministerio de Ambiente y del Gobierno Nacional en esta temática en particular. Más que nada porque existe, hoy en día, la necesidad de erradicar el modelo del agronegocio que deja sin vida a los suelos, y sin salud a la población.
(*) Columnista de Ambientalismo de Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
Discusión acerca de esta noticia