Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, dialogó con Gabriel Fernández en Radio Gráfica acerca de la iniciativa de reforma judicial, el lawfare, los presos políticos y las distintas operaciones que lleva adelante el Poder Judicial. Además, actualizó la situación legal de Cristina Fernández de Kirchner, la causa de las fotocopias y la del Memorándum de Entendimiento con Irán.
GF: He recibido la noticia de un intento de volver a apresar a Amado Boudou por la causa Ciccone ¿Cuál es su opinión sobre este caso y, en general, sobre el conjunto de los detenidos políticos en la Argentina, en este mes de diciembre?
EB: ¿Qué entendemos por detenidos políticos? Son aquellos que están hurgando prisión, en función de relatos ficcionales alimentados por los Servicios de Inteligencia y por los medios masivos hegemónicos de comunicación social, para endilgar responsabilidades penales que no están acreditadas en las causas judiciales. Es decir, ahí están aunados la información espuria que brindan los servicios de espionajes y los relatos que se preparan entre esos servicios y los medios masivos, y luego la distorsión del proceso judiciario que está a cargo de la pata podrida del Poder Judicial de la Nación, fundamentalmente Comodoro Py. Esto es lo que uno entiende por preso político.
Yo no he sido, a pesar de que muchos me ponen como abogado de Boudou, no porque me haya negado, sino sencillamente porque él tomó otro abogado. Lo que puedo afirmar, es que la Corte, en los cuatro años de la gestión de gobierno de Macri, no solo que no ha dado una sola directiva para terminar con el lawfare, sino que ha aprovechado y encubierto. Recordemos las fotos del ex presidente Lorenzetti, con Moro (juez que ordenó la detención de Lula da Silva en Brasil) de un lado y Claudio Bonadío del otro, una foto muy expresiva de un apoyo incondicional y de una participación en las maniobras, que estos hombres apartados de la rectitud y del deber de obediencia a la supremacía constitucional, trazaron en las causas judiciales a su cargo, que son todas aquellas que pudieron acaparar porque, obviamente, no fue por sorteos debidos, sino por desvíos indebidos que cayeron entre manos.
Lo que aparecen son las noticias periodísticas, que es otro desvío parte de este lawfare, de que antes de los que son parte en el proceso, sea querellante o sea defensor, tomen conocimiento de la decisión judicial, ya la decisión judicial ha sido tramada con los medios masivos y anunciada a través de estos medios masivos. De manera, que lamento, no poder brindar más que la impresión de que estamos frente a otro episodio de lawfare, así como hace 3 días asistimos a la mala dada sentencia, voto de mayoría de la Sala 1 de la Casación Federal que volvió a validar que se viole la ley y en materia que hace a la garantía del debido proceso judiciario, que es decir, quebrantar la supremacía de la Constitución, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de la propia Ley del Arrepentido, que sea constitucional o inconstitucional, cuando menos es establecida como un requisito de validez de las declaraciones de los arrepentidos, tuviera un soporte técnico, audiovisual o auditivo por lo menos.
GF: Hace tiempo se anuncio una propuesta de reforma judicial concatenada con la reestructuración de la AFI, La Agencia Federal de Inteligencia ¿Cómo está observando ese proceso? ¿Va en la dirección correcta o le faltan algunos elementos, cuál es su opinión?
EB: Comencemos por decir, que el proyecto de reforma judicial refiere a la Justicia Federal Penal, no es una reforma global o totalizadora del Poder Judicial de La Nación. Para esa reforma totalizadora, que considero imprescindible e impostergable, hay que convocar a una reforma constitucional primero. Segundo, dentro de lo que se puede hacer en el marco de una ley, tiene rasgos positivos que hemos puesto de relieve, pero no va a resolver el tema del lawfare. Anticipo, lo que va a impedir es que se reproduzca en lo sucesivo, porque se va a licuar el poder de Comodoro Py, mediante la incorporación de nuevos jueces a la Justicia Federal Penal, no solamente en Capital Federal, sino en todo el interior del país, buscando además, en lo que hace al interior del país, que la justicia este más cercana al justiciable y que no tenga que estar trasladándose de una ciudad a otra, o de una provincia a otra, para poder tener acceso a la Justicia Federal Penal. Bueno, en ese aspecto, es benéfico el proyecto, me interesa muy especialmente, el capítulo que determina cómo deben actuar los jueces federal penal, serían digamos la reglas de impedimento del lawfare. Ese es un capítulo muy importante, es ese capítulo que debió haber dictado y acordada la Corte Suprema para terminar con estas tropelías jurisdiccionales, pero nunca lo hizo en los 4 años, y tenía causas en lo cual podía decidir, si es que no quería emitir una acordada, pero no lo hizo ni como sentencia ni como acordada. Bueno, volviendo al proyecto, este tiene media sanción en la Cámara de Senadores, pero no tiene todavía fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados. Y esto es un déficit institucional, al que el Poder Ejecutivo tiene que ponerle remedio, incluyéndolo entre los temas de la habilitación de períodos de extraordinarias, para la Cámara de Diputados de La Nación para que de una vez por todas, haya un primer paso respecto a lo que debe ser la justicia y después vendrá, qué se hace con la funcionalidad y el número de ministros de la Corte Suprema. Está claro que esta Corte Suprema, tal como está, sinceramente, no sirve para nada, es decir, es un cementerio de causas judiciales, pero no es una administración de justica.
GF: Aquí hay una reforma estructural parcial a futuro, pero mientras tanto vamos a tener que seguir con este mismo esquema que ha mostrado falencias demasiado ostensibles en los años recientes.
EB: Y bueno, tenemos el tema de la Procuración General que sigue en manos de un procurador interino y que es un encubridor, respecto a los fiscales como Carlos Stornelli. Esto sinceramente tampoco puede ser tolerado bajo estado de derecho. De manera que se requieren pasos vigorosos para poner en marcha lo que se anunció y para introducir cambios profundos en la medida en que la ley lo permite. A través de abordar estas temáticas que hemos visto, terminar con la sanción de la ley de reforma de fuero federal penal, resolver el tema de la Corte Suprema de Justicia de La Nación y poner en marcha, a través de los organismos estatales, la función acusatoria respecto a los jueces que están en curso, en comisión de delito o mal desempeño de la función, pero diría abiertamente comisión de delito. El que diga que, está fenomenal que se hayan registrado solamente en actas labradas, por supuesto, por funcionarios fiscales y judiciales los relatos de los arrepentidos, que diga que eso alcanza, está cometiendo encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público, seguramente, está encubriendo y esto son hechos delictivos que deben ser conocidos y decididos por el Poder Judicial de La Nación. Y no es que nadie no los haya denunciado, hay varias, yo diría más de una decena de causas que están erradicadas de la Corte, para que tome intervención sobre estas anomalías.
Fíjense que no hay grabaciones de cámaras que registren el momento en que el periodista, por llamarlo de alguna manera, Diego Cabot, “recibió” los cuadernos resucitados para que los aportara a la causa judicial y donde él dijo que le fue entregado, hay cámaras pero los registros han sido borrados. Entonces, todo esto es una trampa enorme, una burla al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y quien tiene la mayor responsabilidad para hacer enjuiciar estas anomalías, es el gobierno nacional, porque para eso tiene órganos específicos. Un Ministerio Público que está en la peor mano, una Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, tiene varios órganos, la propia Cámara de Diputados y de Senadores que puede tomar la iniciativa del pedido de juicio político, pero todos miran para otro lado, y seguimos esperando que sean los particulares, especialmente los abogados defensores, los abogados de los organismos de derechos humanos, los que tomen a su cargo, impulsar estas denuncias frente al mal obrar jurisdiccional. Bueno, lo hemos cumplido en la medida de nuestras fuerzas, me refiero en plural, pero no basta con esto, tiene que haber decisión política de impulsar esas denuncias y de impulsar las causas judiciales, en que debe investigarse el mal obrar de los jueces. Claro que es un contrasentido, pensar que aquellos que tienen que custodiar los derechos y garantías de todos los ciudadanos, sean ellos mismos los hacedores fundamentales de los entuertos de violación a la supremacía constitucional, a los Tratados de Derechos Humanos y al humanismo penal que supla nuestra Constitución.
GF: Sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, porque se sigue hablando de los cuadernos, se sigue hablando de la obra pública, mientras los medios de comunicación siguen agitando como si Cristina estuviera a un paso de tener dificultades serias en el orden jurídico. ¿Cómo observa la situación de la actual vicepresidenta?
EB: Obviamente que van a tratar de impulsar la continuidad de la causa, aunque ella no fue parte de estos planteos, me refiero a su defensa técnica, la ley del arrepentido o la inexistencia de soportes técnicos idóneos. Obviamente que si hubiera habido una resolución conforme el brillante y sólido voto de la Dra. Figueroa, la causa iba sin duda a una pendiente de nulidad y de terminarse la causa de los cuadernos, al haberse impedido eso, se renueva la expectativa de los sectores que impulsan el lawfare, de poder seguir empleando la causa perfecta, total de aquí hasta que llegue alguna resolución o sentencia de algún tribunal independiente, pueden pasar de dos a tres años, que es lo que llevaría si se pretende seguir adelante con esa causa. Supongo que la de la obra pública, ya está en juicio oral, por lo tanto será menos el tiempo, pero por ahora aunque se va cayendo todas las pruebas de cargo, por ahora sigue estando. Y acaban de comunicarnos, porque yo intervengo en ella, la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, tendrá su primera audiencia el 14 de diciembre, bueno para mí es otra de las causas perfectas, porque no puedo entender cómo por un acto jurídico que no se completó pueda haber acusaciones desde ya. Bueno, la que no rige más es la acusación de traición a la patria, pero sí encubrimiento agravado, extorsión a la justicia, violación a los deberes de funcionarios públicos. Así es que bueno, estamos aguardando, que el día 14 se inicie, para decirles- a ver señores jueces, ¿estudiaron la materia de acto jurídico?, saben que un acto jurídico tiene que cumplir determinando fallo para integrarse, más cuando es un tratado internacional, bueno, me pueden explicar ahora cómo puede hacerse una figura delictiva en base a un acto jurídico inexistente-. Es lo que estamos esperando ansiosamente, el 14 de diciembre, es muy probable que nos digan- sí, sí, tomamos en cuenta sus argumentos, al final cuando dictemos sentencias, vamos a resolver sobre el particular-. Entonces, vamos a tener un año y medio o dos de estiramiento de esa causa que, por supuesto, cualquier tribunal, con mediana idoneidad, tiraría por la borda, ni bien leyera el absurdo de pretender establecer responsabilidades penales contra Cristina y restante funcionarios en función de un acto jurídico inexistente. Es parte de lo que nos toca y fatiga demasiado, por supuesto, pero hay que llevarlo a conocimiento de la opinión pública, pero esto es lo que el lawfare pretende e impulsa y que sigue a pesar de los machetazos que le estamos pegando, sigue vigente, sigue andando, porque es el poder que tiene, el poder oculto, es el poder económico en alianza con los medios de comunicación y con la pata podrida del Poder Judicial.
GF: Hablamos de presos políticos vinculados a los sectores populares ¿Y cuándo Macri va a tener el recorrido que merece frente a los tribunales? ¿Hay un encubrimiento fuerte, ahí, de la trama que estás mencionando, economía, justicia y medios?
EB: Esto es la forma en que ellos ejercen su poder, por fuera, y contra la voluntad popular. La voluntad popular, votó el año pasado, un cambio significativo, un retorno al estado de derecho. En muchas conferencias y exposiciones, es sostenido, que hoy día para los sectores populares, recuperar el estado de derecho, es una consigna revolucionaria porque se sacarían de encima los 4 años de deterioro institucional que provocó el gobierno de Macri, que no es menos de lo que hizo en la economía del país.
- Entrevista realizada en Ya Nada Será Igual (miércoles de 18 a 20
- Redaccion por Lucía Izaguirre
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