Mediante una medida cautelar, los cuatro miembros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ordenaron al gobierno nacional que se le entregue a la Ciudad el 2,95% de fondos coparticipables, al mismo tiempo que dicta la suspensión de la Ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.
Consultado por Radio Gráfica, el especialista en derecho constitucional, Eduardo Barcesat, sostuvo que la resolución de la Corte a favor de la Ciudad “es un acto de violencia institucional: la política del lawfare persigue y destruye económicamente al adversario, en este caso al Estado Nacional con su actual gobierno a la cabeza, en beneficio de los sectores del privilegio y de la hegemonía económica que son los que cuentan incondicionalmente con el respaldo de la Corte Suprema”.
“La resolución de la Corte es un acto de violencia institucional”
El abogado, además destacó que “el poder ejecutivo puede plantear ante la Cámara de Diputados el pedido de enjuiciamiento y remoción de los ministros de la Corte por este fallo absurdo, contrario a derecho, donde excede sus incumbencias constitucionales para apropiar las que les competen al Congreso”. A su vez, opinó que el gobierno no debería “ponerse a estudiar y analizar si tenemos los dos tercios para esa impugnación, tiene que ser hecha y ya para comenzar un proceso de depuración de nuestra alicaída administración de justicia”.
Otra opción que tiene el gobierno nacional es “no transferir los fondos, lo que generará una situación conflictiva, pero hay que tener en claro que el conflicto lo ha desatado un fallo que prejuzga sobre el fondo de la cuestión y se pone a legislar fijando una alícuota que no es la que reclama ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno nacional”, explicó el especialista.
Y agregó: “Llama la atención que se dicte una medida cautelar que supone algo urgente, dos años después de haberse reclamado esa medida cautelar. Se trata de trámites prontos porque se supone que hay una afectación de un derecho que provoca un daño irreversible si no hay intervención judicial. Estuvieron dos años para emitir una resolución que no es la sentencia definitiva, pero se superpone obligadamente con una sentencia definitiva, es decir, prejuzgan, lo que sería motivo de recusación del tribunal y es también una causal de nulidad del fallo porque prejuzgan sobre el fondo de la cuestión”.
“La corte está prejuzgando, lo que sería motivo de recusación del tribunal y causal de nulidad del fallo”
A su vez, la corte “suspende una ley aprobada por el Congreso de la Nación, no la declaran inconstitucional, suspenden su aplicación hasta tanto dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión, y si para la medida cautelar tardo dos años, para el fondo de la cuestión haciendo cuentas tardarían seis años. Lo que violenta una doctrina uniforme de que los actos de las autoridades gozan de presunción de legitimidad y mucho más cuando ese acto emana del Congreso de la Nación donde está representado todo el mapa político”, aclaró el letrado.
Barcesat también recordó que fue el “Congreso el que determinó que la coparticipación de la Ciudad debía ser la que se fijó pacíficamente en el año 2003 por el gobierno de Duhalde que es del 1.4% y que después se incrementó en un 0.92% para atender los gastos de transferencia de la Policía Federal para la Metropolitana”. “Teníamos un 2.23% que además debía ser un aporte transitorio del erario nacional porque se supone que después con los aportes de la ciudad debía atenderse normalmente a la provisión del servicio de seguridad, pero llegó el gobierno de Macri y pasó por decreto de 1.40% al 3.75%, y después ante la queja de las provincias, en un gesto magnánimo, lo bajó a 3.50%. Por supuesto, esto era un despropósito y el gobierno de Fernández primero por decreto lo redujo a 1.40% más la alícuota para el mantenimiento de la seguridad de un 0.92%. La actitud del gobierno de la ciudad fue impugnar y ante eso el gobierno nacional impuso la ley 27.606 que protocoliza el decreto que había dictado previamente. Pero ahora se suspende la aplicación de la ley por tiempo indeterminado”, explicó.
Por último, subrayó que “lo más irritativo es que tanto el fallo como Rodríguez Larreta dicen que esto no perjudica para nada al resto de las provincias, cuando para estos 200km cuadrados que constituyen la Ciudad de Buenos Aires, hay una coparticipación de 2.92%, lo que es muy superior a la alícuota de las respectivas provincias con mayor territorio y población”.
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