Por Juan Patricio Méndez*
Cuando relatamos el conflicto a mediados del mes de noviembre, comenzamos planteando que existe una seria crisis de representación democrática. Una suerte de Estado empresario que se apoderó de la decisión popular y parece promover, desde la comodidad de sus acuerdos y lobbies, sus propias políticas económicas y organizativas. El aparato ciudadano parece resquebrajado, porque pese a las masivas marchas del pueblo en contra del proyecto minero de la canadiense Pan American Silver, los representantes electos hacen oídos sordos.
No es nueva la afinidad gubernamental con las empresas mineras. Como nunca, los lobbies empresariales presionan, cada vez más, a la gobernación y a diputados para promulgar la zonificación en la Provincia. Puede evidenciarse con los distintos tratamientos que se han tomado para los proyectos. La Iniciativa Popular para regular la megaminería en el territorio fue enviada a varias comisiones, mientras que el proyecto para la Zonificación fue enviada sólo a una, a la de Recursos Naturales presidida por Carlos Eliceche, diputado del Frente de Todos, y quien junto Jorge Bestene intentaron activar la megaminería desde Buenos Aires en el año 2013, cuando el “Proyecto Navidad” estaba en pañales.
La Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizó un informe sobre el río Chubut, y concluyó que, de habilitarse la zonificación, “las mineras dispondrían del 75% de la cuenca por lo que podría afectar a toda la provincia”. El geógrafo Cristian Hermosilla, miembro de la Cátedra, expresó que “es mentira que el proyecto Navidad sólo afectaría a la cuenca de Sacanana, además se dice como si eso fuera poco. Sacanana podría abastecer a 300 mil habitantes durante 100 años”.
En suma, es preciso apoyarse en la geografía para dimensionar el peligro que todo este contexto implica. El río Chubut, además de ser el caudal de agua más grande de la provincia, desemboca en el Golfo Nuevo que, a su vez, es el brazo sur de la Península de Valdez, Patrimonio de la Humanidad y especial lugar de protección de especies marinas y ballenas. En caso de aprobarse la zonificación, la contaminación producto de los químicos utilizados podría ser causa de un estado irreversible de crisis climática y de la muerte de la biodiversidad.
El portal web de la Iniciativa Popular comunicó que su proyecto “prohíbe, en todas sus etapas, la actividad minera metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa, ya que este tipo de minería es considerado como una de las formas más devastadoras y agresivas para el ambiente y que implica grandes impactos sociales y culturales, así como un uso indiscriminado del agua”. En efecto, la propuesta persigue el objetivo central que es el cuidado del agua, la soberanía de los bienes comunes y del territorio, y la preservación del medio ambiente.
Pero como también hemos visto, hasta el mismo gobernador se declaró a favor de una “minería posible”. Esta versión fue descartada por varios estudios, cuyas conclusiones son contundentes: “Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan millones de litros de agua con químicos tóxicos”, señaló el estudio “No es posible una megaminería sustentable”.
Los oídos también son sordos, por más que las palabras no sean necias. Y, en esta oportunidad como en tantas otras, cuando la justicia social se pone sobre la mesa de negociaciones, el empresariado busca aliarse con las gubernamentalidades para lograr consagrar sus objetivos de acumulación. Lo que sucede es que estas posturas llevan al camino del ecocidio.
En una reunión virtual que mantuvieron Arcioni y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, se redobló el compromiso para enviar el proyecto de zonificación a la Legislatura y así avanzar con la habilitación de la megaminería en la provincia. En la misma, el mandatario se dirigió a los manifestantes como “500 ruidosos que no podrán bloquear la apertura de las minas”. Sin embargo, no se trata de un grupo reducido de personas, sino que se trata del 82% que se manifestó en contra de la megaminería.
En conclusión, se espera el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales que trata la zonificación de los departamentos chubutenses de Teslen y Gastre. En caso de que se apruebe, la Pan American Silver tendrá el camino allanado para la explotación de la meseta provincial. Recordemos que en esta película participan los mismos actores que intentaron derogar la ley 5.001 a fines del 2019.
Mientras que el proyecto de Ley de Iniciativa Popular sube por escalera, la Zonificación va en ascensor directo a su aprobación. La tensión crece, y los representantes continúan sin escuchar las demandas sociales. Las movilizaciones persisten en un territorio asediado por las corporaciones y por un gobierno empresario. El agua es de todos, no de unos pocos.
La consigna No es No debe ser sostenida.
(*) Columnista de Ambientalismo de Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas, por Radio Gráfica 89.3)
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