El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir la medida cautelar a favor de Telecom y en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, que declara servicio público a las telecomunicaciones.
El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, dialogó con Lautaro Fernández Elem y Mario Sadras en Radio Gráfica sobre el tema y aseguró que el fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal no sólo vulnera el derecho a la libertad de expresión sino también el de los usuarios y consumidores. “Confiamos en que siempre hay límites, y sé que el límite nuestro es la Constitución”, manifestó.
LF: El Enacom intentará revertir la medida cautelar y convalidar el decreto que declara servicio público a las telecomunicaciones. ¿Hay expectativas positivas de que la Corte Suprema de Justicia falle a favor?
GL: Primero tenemos que ir como Poder Ejecutivo, como órgano regulador. Vamos si va la Procuración a la Corte. Lo hacemos a través de la Cámara porque el recurso extraordinario, técnicamente, se presenta ahí y es la Cámara la que tiene que habilitarlo. Esperamos que la Sala II otorgue el recurso extraordinario. Sería realmente bochornoso, vergonzoso y muy sospechoso que no lo otorgue. Lo analizamos en la conferencia de prensa que hicimos con las asociaciones de usuarios y consumidores, en la que estaba el director de jurídicos, que explicaba por dónde íbamos a atacar al fallo y por dónde el fallo carecía de sustentabilidad jurídica. Una de las cuestiones que nosotros planteamos, para que se otorgue este recurso extraordinario, es que se afectan derechos federales, derechos constitucionales. El primero, el derecho a la libertad de expresión que no solo está garantizada en el artículo 14, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos. La libertad de expresión, de dar, buscar y recibir información va a estar condicionada a tener dinero o no, porque la posibilidad de tener internet, telefonía o televisión por cable solo queda en manos de la ecuación económica de las empresas. Un derecho que es fundamental para la vida democrática, termina cercenado por la voluntad de una empresa, que te pone un precio inaccesible y deja a millones afuera de un derecho elemental. Y el segundo derecho es el de usuarios y consumidores, consagrado especialmente en el artículo 42 de la Constitución. No hay un solo párrafo, una sola frase, una sola palabra en todo el fallo, de más de 60 páginas, que hable de usuarios o consumidores. No existe el otro lado, que son los que pagan. Creo que habiéndose conjuntado esos dos derechos, no pueden negar el recurso y la Corte no puede negarse a abocarse al recurso extraordinario. Si lo hace, será una muestra más del desprecio de un sector de la Justicia por 45 millones de habitantes, porque no entra en la cabeza de nadie que este no sea un servicio básico. Clarín aumentó, por fuera de la ley, un 20% sus servicios. En junio pretenden aumentar, si este fallo se confirma, un 15% más. Eso te da un acumulado semestral del 37%. Estamos hablando de más del 75% anual. ¿En qué cabeza cabe que podemos dejar librado a la voluntad de la empresa de aumentar un servicio tan elemental para el que tiene que estudiar, el que tiene que trabajar o el que tiene que sacar un turno para vacunarse? El decreto no fue declarado inconstitucional. Además fue ratificado por el Congreso. Hay que tener en cuenta que alguien suspende una medida sin que esa medida sea antijurídica. La suspende en desmedro de 18 millones de usuarios de Telecom. Pero, además, potencialmente de 45 millones de usuarios y consumidores. Confiamos en que siempre hay límites, y sé que el límite nuestro es la Constitución.
MS: En pocos días tuvimos este fallo que favorecía a Telecom, al Grupo Clarín, y a los pocos días el fallo que favorecía a Larreta declarando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, pueden pasar los límites. Vos lo mencionabas como libertad de expresión ¿Está implícito ahí el derecho a la información? Es decir, si consideramos el derecho a la información tan potente como la libertad de expresión, algo debería regularse ahí.
GL: Ese es otro asunto, un segundo tema. Cuando yo hablo de la Convención Americana, también hablo del derecho a la información. No puede cercenar el derecho a información por una cuestión económica. Después viene el segundo punto, que me parece más complejo. Yo no estoy de acuerdo en regulaciones de contenidos, si estoy de acuerdo en regulaciones monopólicas. Me parece que ahí, esto ya es una opinión personal, desde el Estado hay que ayudar a sostener un sistema de medios alternativos que democratice la circulación de la clave. Un ejemplo, yo soy de los que cree que debe haber una ley de pauta oficial dividida en tercios. Un tercio para los no comerciales, un tercio para las pymes y cooperativas y un tercio para los grandes, que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también deban sancionar una ley de características similares. Hoy la dificultad más grande que tienen las radios es la sustentabilidad económica, no se pueden competir contra un holding. Entonces, cómo es tan importante el derecho a la información hacia el sistema democrático, es que hay que utilizar herramientas para garantizar un sistema de medios mucho más democrático. Las pautas son herramientas. Subsidios, créditos blandos son otras herramientas. Ahí tendríamos que dar un debate en el Congreso Nacional, para generar esas herramientas permitan sostener un sistema de medios, donde cada uno diga lo que quiera, pero que ese cada uno permita que haya muchos cada uno diferentes y no concentrado como hasta ahora. Si solo le damos a los que más venden o a los que más provincias tienen, lo que estamos haciendo es fomentar la concentración. Para mí es un segundo tema ahora ¿está dentro del primero? Sí, el derecho a la información está dentro del primero . Y el fallo de la Sala omite toda consideración. En 60 páginas no hay nadie que pague, no existe la otra parte para estos dos jueces. Y casualmente, la otra parte es la que va a tener que pagar de su bolsillo y la que se le cercenan estos derechos, que están en la Constitución y en los tratados internacionales.
LF: ¿Ves viable, en un futuro, generar una empresa estatal o de capital estatal, que pueda marcar líneas dentro de esa actividad económica?
GL: Lo veo viable. ARSAT tiene un rol fundamental acá porque en materia satelital es la estrella, no hay otra en Argentina y es pública. Además, tiene una red de 37 mil kilómetros de fibra óptica y es un actor importantísimo. Yo diría más de un 25% y alrededor del 30% de las empresas le compran a ARSAT. Hay que apostar al desarrollo de ARSAT, primero como distribuidor mayorista de internet porque es el único que cobra en pesos y tiene los precios congelados. Habrá que ponerle mucha plata a ARSAT para que extienda sus redes y haga convenios con las redes provinciales, para que el sector público nacional, provincial y municipal se abastezca de esta red. Va a ser como el precio testigo, como cuando YPF en los ’50 o ’60 era el precio testigo del combustible. El problema es que cuando no llegás a todos lados y llegan otros en esta actividad te cobran lo que quieren. Es muy particular, pero es así. Si hay competencia, la competencia baja los precios, si no hay competencia, quedaste rehén del único proveedor.
Nosotros estamos trabajando mucho con ARSAT y esa es la política que estamos implementando. Algunas cosas ya dependen del presidente de la Nación, con indicación política hacia ARSAT. Lo tenemos claro, sin ARSAT en esto quedamos rehenes de las grandes empresas. El metro cúbico de agua tiene un valor, el kilowatts tiene un valor, el millón de Btu tiene un valor, que son las unidades de medidas del gas, la luz y del agua. Depende de lo que vos consumas, es lo que te cobran porque tiene un valor. El mega no tiene ningún valor, hasta puede no tener ningún valor de mercado. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros le pedimos la estructura de costo a las empresas para empezar a regular el precio, en las grandes empresas el valor del mega no formaba parte de su estructura de costo, no estaba considerado por ellas. En las pequeñas y medianas era un 40% de sus costos, porque ellos les compran a las grandes. Entonces lo que le compran es lo que después le venden a los clientes. Hay 3 o 4 formadores de precios en la Argentina que compran internacionalmente a un valor 0 y después te lo venden en dólares. Ahí el rol de ARSAT es fundamental, para romper eso y para abaratar los costos.
- Redacción Lucia Izaguirre
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