Por Juan Patricio Méndez *
A través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se pudo confirmar que el proyecto para detener el uso del agroquímico Clorpirifos se encuentra en la etapa inicial. “La medida se implementará de manera paulatina, y se prohibirá la importación de principios activos y de los productos formulados a base de dicho químico”, explicaron referentes del organismo. “Se estima que el proceso durará, aproximadamente, un año, pero ya se encuentra en marcha”.
La novedad se inscribe en el marco de la realización de nuevos estudios que revelan datos alarmantes del compuesto. Sin embargo, este aspecto ha sido largamente denunciado por colectivos ambientales, asambleas de todo el país, por vecinos y vecinas fumigadas, médicos y referentes del área durante muchos años. Pero, como mencionamos en un principio, el extractivismo y el agronegocio se han colocado por encima de las necesidades y de la salud de la ciudadanía y de las sociedades del mundo, perjudicando holgadamente a cada uno de nosotros, y desestimando los saberes de los pueblos que, en materia de soberanía alimentaria, son pioneros y necesarios.
Sin embargo, según describió Patricio Eleiseguí en el portal Economía Sustentable, “la medida tiene como disparador el temor a que, por la letalidad comprobada del veneno, la Unión Europea comience a rechazar las exportaciones agrícolas de la Argentina”. El proyecto, que implica un giño a la salud, tiene un trasfondo también mercantil.
Veneno en las venas
Argentina podría ser referente en utilización de agroquímicos, superando los 550 millones de litros aplicados en el año 2019. Las tendencias no apuntan a disminuir, sino que por el contrario, la última década evidenció un crecimiento exponencial de los litros vertidos en todo el territorio. Sin embargo, el año 2020 mostró una merma en su uso producto de la pandemia, y también en parte por acción de la nueva Dirección Nacional de Agroecología (a cargo de Eduardo Cerdá), que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ganadería y Pesca, y que ya elaboró proyectos e investigaciones para avanzar hacia producciones de índole sustentable, sostenible y agroecológicas. Aunque, de todas formas, si bien la creación del organismo implica un avance, no hay definiciones ni horizontes sobre un cambio radical de modelo productivo.
Ahora bien, los pueblos fumigados de la República Argentina tenemos veneno en las venas. Desde hace años que los colectivos y las asambleas luchan en contra de empresas y estancieros que fumigan a metros de casas, escuelas y barrios enteros, ocasionando severos problemas de salud, de alimentación y sociales. Los campamentos sanitarios, organizados por el Dr. Damián Verzeñassi para las Prácticas Finales de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en uno de sus proyectos hacen relevamientos de la existencia de sustancias químicas en el ambiente. “El daño está probado”, explicó Verzeñassi en relación a los efectos de los agrotóxicos en las poblaciones.
Consecuencias que han sido demostradas científica y empíricamente. Efectos que han causado la muerte de miles de personas, la emergencia de enfermedades congénitas y oncológicas, malnutrición, deterioro de los suelos, entre otras. Y en este caso, además de ser pulverizado en gran cantidad de cultivos en todo el mundo, al Clorpirifos se lo vinculó con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales. Incluso, se indicó que puede generar condiciones como el autismo. Este informe, elaborado por la Universidad de Columbia, señaló que los trastornos y condiciones tanto mentales como físicas, en los niños evaluados, son producto del contacto estrecho con el químico.
En Argentina, el Clorpirifos se trata del insecticida más utilizado para la producción en general. Se encuentra presente en distintas variantes, y hasta se comercializa en productos para el jardín. Se han encontrado muestras del químico en el Río Paraná, en muchas frutas y verduras y en distintas muestras tomadas de cuerpos de agua y suelos.
En Estados Unidos, la empresa Dow ya lleva un desembolso millonario por las reiteradas y constantes demandas que recibe por la alta toxicidad del químico. En agosto del 2018, la Justicia Norteamericana prohibió la venta del producto luego de ser acreditados los estudios recientemente mencionados.
En este contexto, vuelve a emerger la necesidad de ponerle punto final al modelo extractivista del agronegocio, para darle lugar a políticas y prácticas sostenibles, sustentables, agroecológicas y cooperativas. La destrucción de los ecosistemas es cada vez mayor, y urge, a la fecha, un cambio rotundo de perspectiva y realidad. Antes de que sea tarde.
(*) Columnista de Ambientales de Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica FM 89.3
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