Por Denis Warrior*
El acuerdo promete 65.000 millones de barriles pero sus propios términos, veinticinco años de plazo y una meta de 1,5 millones diarios, permiten extraer poco más de una quinta parte de esa cifra, mientras la infraestructura venezolana necesita entre cinco y diez años para siquiera acercarse a esa meta.
Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Washington y Caracas firmaron el 28 de agosto el acuerdo petrolero de mayor volumen económico en la historia bilateral. Donald Trump lo anunció por Truth Social con su recurrente exitismo como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y prometió, en el mismo mensaje, que duplicaría las reservas estadounidenses sin costo para el contribuyente.
La fórmula no es nueva. Cada gran movimiento de esta relación desde enero llegó primero como titular y después, mucho después, como documento. En este caso ni siquiera hay documento. Ninguna de las dos partes publicó el texto del convenio.
Lo que sí se conoce tiene forma precisa, y en las últimas horas ganó todavía más precisión. Estados Unidos y un operador privado venezolano constituyeron una nueva compañía conjunta a la que se concedieron derechos sobre diecisiete campos con 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte del total del país, bajo una concesión de cien años. Un funcionario estadounidense precisó a CBS que Washington controla el 55% de esa compañía, entre participación accionaria y la facultad de extraer petróleo a precio de costo, y la describió como la segunda mayor tenedora corporativa de reservas probadas del mundo. Delcy Rodríguez completó el cuadro anoche, en un mensaje por cadena nacional a través de Venezolana de Televisión.
El acuerdo tiene una vigencia de veinticinco años, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, ocho de los diecisiete campos ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco con regalías del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%. Tomando 65 dólares como precio de referencia, la mandataria calculó que el país recibiría 209.335 millones de dólares en la vida del convenio, cerca de 19 dólares por cada barril producido y vendido. Marco Rubio, que condujo la negociación diplomática junto al secretario de Guerra Pete Hegseth, la definió como una victoria para ambas naciones.
Delcy Rodríguez habló de un renacimiento nacional, la misma palabra que había evitado con cuidado en los meses de negociación previa, cuando su discurso hacia adentro insistía en la soberanía y el de hacia afuera en la cooperación. Esta vez los dos registros se fundieron en un solo comunicado, y el Partido Socialista Unido de Venezuela respaldó la operación en bloque. Diosdado Cabello, que en enero todavía defendía la venta de crudo a Washington con el argumento de que si Estados Unidos quería comprar, Venezuela iba a vender, no necesitó ya matizar nada.
Los propios números oficiales dejan, sin embargo, una cuenta que ninguno de los dos gobiernos hizo en voz alta. Un objetivo de 1,5 millones de barriles diarios sostenido durante veinticinco años equivale, en el mejor de los casos, a unos 13.700 millones de barriles extraídos dentro del plazo del acuerdo. Es poco más de una quinta parte de los 65.000 millones que Trump siguió citando como la magnitud del pacto incluso después de que Rodríguez difundiera los parámetros de producción y duración que lo desmienten como cifra operativa.
La discrepancia no anula el acuerdo ni lo vuelve ficticio. Sí separa dos planos que el anuncio conjunto presenta como uno solo, el de las reservas geológicas que Venezuela tiene bajo tierra y el de lo que este convenio en particular, con estos plazos y esta meta de producción, habilita extraer. El resto de las 65.000 millones de barriles sigue siendo venezolano en el papel, pero queda fuera del horizonte temporal del propio contrato que lo anuncia como su activo central.
La crítica más elaborada no vino de la oposición tradicional sino de adentro del propio chavismo. Rafael Ramírez, que dirigió PDVSA durante más de una década bajo el gobierno de Chávez, calificó el acuerdo de inconstitucional y lo comparó con el Fondo de Desarrollo para Irak que administró Washington tras la invasión de 2003, un mecanismo bajo el cual Estados Unidos retuvo el control de facto de los ingresos petroleros iraquíes durante más de veinte años. Ramírez situó además la firma en el calendario electoral estadounidense, como el único logro concreto que Trump puede mostrar a su base antes de las legislativas de noviembre.
Del lado académico, Evan Ellis coincidió en el diagnóstico de opacidad, aunque desde una posición distinta a la de Ramírez, sin cuestionar el fondo geopolítico de la operación sino el instrumento jurídico que la sostiene. Su objeción tiene una base concreta. Parte de la negociación corrió por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, una dependencia creada en 2022 para financiar tecnología crítica con capital privado y que carece, según Ellis, de facultad explícita para tomar participaciones accionarias en yacimientos extranjeros.
Esa misma incertidumbre legal ya circulaba en Washington antes de la firma. El congresista demócrata Sean Casten había advertido en enero, junto a otros once legisladores, a las petroleras que negociaban con el gobierno interino que cualquier arreglo construido sobre las facultades de emergencia invocadas por Trump podía ser invalidado por el Congreso, por una futura administración o por un futuro gobierno venezolano.
The Washington Post describió el esquema del 28 de agosto como vasto y potencialmente costoso, con exposición legal y constitucional en los dos países. Ni siquiera el sector privado estadounidense compró el optimismo oficial sin condiciones. Darren Woods, presidente de ExxonMobil, había dicho meses antes que Venezuela seguía siendo un país no invertible mientras no existieran garantías legales, financieras y de seguridad durables, y que su compañía no pisaba el país hacía casi veinte años.
La distancia entre el anuncio y la ejecución tiene, además, un componente físico que ningún comunicado resuelve. Oswaldo Felizzola, del IESA, calculó entre cinco y diez años el plazo para que los campos comprendidos alcancen operación plena. Chevron, la única petrolera que sostuvo presencia continua durante los años de sanciones, elevó su producción a 280.000 barriles diarios en julio y no proyecta el próximo salto grande hasta fines de 2028.
La producción nacional, que llegó a 1.187.000 barriles diarios en junio tras crecer 28,5% en el semestre, sigue lejos de los 3,4 millones que Venezuela bombeaba a fines de los noventa, y la reconstrucción integral del sector exige entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, varias veces el monto que promete el nuevo acuerdo.
Conviene leer el 28 de agosto no como un giro sino como un desenlace, y el desenlace tiene un prólogo que no conviene saltear. En la tradicional entrevista de Año Nuevo, grabada mientras manejaba su propio auto y publicada apenas un día antes de su captura, Nicolás Maduro le dijo a Ignacio Ramonet que Venezuela estaba lista para inversión estadounidense en petróleo, cuando quieran, donde quieran y como quieran, con el mismo esquema que ya regía con Chevron.
Lo dijo bajo el despliegue naval que Washington sostenía frente a las costas venezolanas desde agosto del año anterior, no como concesión espontánea sino como oferta hecha con la flota enemiga a la vista. Cuarenta y ocho horas después estaba preso. El gobierno interino que negoció el acuerdo del 28 de agosto no inventó la apertura petrolera. La recibió ya formulada en la última declaración pública del propio Maduro, y esa continuidad se usa hoy como argumento. Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, citó esta semana esa entrevista para presentar el pacto como cumplimiento de una postura que, según él, su padre ya había fijado antes de perder el poder.
La secuencia institucional empezó el 3 de enero con la captura de Maduro y siguió, seis días después, con la orden ejecutiva 14.373, que estableció que los ingresos de exportación petrolera venezolana se depositaran en cuentas del Tesoro estadounidense en Nueva York, formalmente propiedad del Estado venezolano pero bajo custodia y control de Washington. Sobre esa arquitectura se montaron después la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero y la Ley de Minas de marzo, y encima de las dos, ahora, el acuerdo sobre los diecisiete campos.
La opacidad del fondo petrolero no se resolvió en el camino. Los cálculos cruzados de Transparencia Venezuela, de Ramírez y del Financial Times ubican la facturación del primer semestre entre 15.100 y 16.900 millones de dólares, de los cuales entre 12.500 y 13.600 millones habrían entrado al fondo bajo custodia estadounidense. El subsecretario de Estado Michael Kozak declaró ante el Congreso que unos 3.000 millones fueron girados a Caracas, pero el propio gobierno de Delcy Rodríguez solo documentó públicamente 300 millones, recibidos en marzo. Tres cifras, ninguna reconciliada con las otras dos, y el acuerdo del 28 de agosto se firma sobre exactamente esa misma arquitectura.
El mapa regional que rodea a la firma también cambió respecto de enero. Colombia tuvo elección presidencial en agosto y el resultado favoreció a Abelardo de la Espriella, que habló con Trump antes de que se cerrara el escrutinio y recibió su reconocimiento inmediato, en reemplazo de Gustavo Petro, quien había condenado la intervención militar de enero junto con Lula. De los dos vecinos que entonces objetaron la captura de Maduro, solo Brasil sostiene hoy esa posición. China mantiene una exposición limitada al crudo venezolano, entre el cuatro y el ocho por ciento de su consumo según el Atlantic Council, lo que explica una condena verbal sin represalia económica. Rusia, desplazada del sector tras la salida forzada de Rosneft y Gazprom, no tiene ya margen para una respuesta que no sea diplomática.
La cobertura oficial de las agencias de los tres países fue, en las horas posteriores al anuncio, despachante y sin editorializar. Xinhua y TASS reprodujeron el comunicado de Rodríguez y la cifra de Trump casi sin comentario propio, un contraste con el tono que había usado la cancillería china en enero, cuando calificó de matonismo el desvío de un cargamento venezolano hacia puertos estadounidenses.
La crítica más dura que un medio alineado con el Kremlin difundió sobre este acuerdo en particular llegó igual, aunque no como editorial de la propia cadena sino como cita de un analista. RT recogió el mismo viernes la opinión de Carlos Alberto Almeida, que calificó de colonial la relación actual entre Washington y Caracas y cuestionó la legitimidad de negociar con un país al que Estados Unidos bombardeó, secuestró a su presidente y mantiene todavía bajo sanciones.
El acuerdo del 28 de agosto invita además a una comparación que el propio texto venezolano no puede hacer sobre sí mismo, y que sí puede establecerse mirando a otro país de la región con reservas comparables en escala relativa. Guyana firmó en 2016 un contrato de reparto de producción con ExxonMobil, Hess y CNOOC sobre el bloque Stabroek que durante años fue objeto de la misma crítica que empieza a rodear al caso venezolano. El esquema permite a las petroleras recuperar hasta el 75% de los ingresos brutos mensuales en concepto de costos antes de repartir la ganancia restante en partes iguales con el Estado, y fija una regalía fija del 2%, muy por debajo del promedio internacional.
El resultado, documentado por la propia auditoría pública guyanesa, fue que en 2024 las tres petroleras se repartieron 8.400 millones de dólares en ganancias mientras el país recibió apenas 2.600 millones, y recién este año, una vez que Exxon terminó de recuperar los 55.000 millones invertidos desde 2014, la participación guyanesa subió a cerca del 40%. La lección de Stabroek no es menor para leer lo que viene en Venezuela. Un contrato que promete cifras enormes en el titular puede, en la letra fina de la recuperación de costos y del reparto diferido, dejarle al país anfitrión una fracción mucho menor de lo que el anuncio sugiere, durante los años en que esa fracción más importa.
La diferencia con Guyana, sin embargo, no es de detalle sino de naturaleza. Guyana negoció ese contrato como país sin historia petrolera previa, sin infraestructura que defender ni doctrina de soberanía que invocar, en una cuenca recién descubierta. Venezuela llega a este acuerdo con la nacionalización de 1976 todavía dentro de la memoria institucional del propio Estado que hoy cede el control operativo de una quinta parte de sus reservas, y con un artículo constitucional, el 12, que reserva expresamente al Estado la propiedad de los yacimientos y exige condiciones específicas para su explotación por terceros, condiciones que ninguna fuente consultada afirma que se hayan cumplido antes de la firma.
La comparación con Irak que propone Ramírez apunta en la misma dirección desde otro ángulo. No se trata de que Venezuela repita el contrato de Guyana ni el fondo de reconstrucción iraquí en sus términos exactos, sino de que ambos precedentes muestran un mismo patrón, el de un país productor que entrega el control de sus ingresos petroleros bajo la promesa de una reconstrucción futura cuyo cronograma queda en manos de quien administra el fondo.
Lo que el acuerdo del 28 de agosto cierra, entonces, no es solo una negociación bilateral. Cierra el último tramo de un proceso que empezó con la captura de Maduro y avanzó, concesión tras concesión, hasta llegar al sector que fue columna vertebral del Estado venezolano desde hace medio siglo.
La forma institucional del gobierno interino, todavía nombrada en clave chavista, convive ya sin demasiada fricción retórica con un contenido económico que transfiere el control operativo de los principales campos del país a compañías y estructuras estadounidenses, bajo jurisdicción extranjera para los litigios y bajo custodia del Tesoro para los ingresos.
Que ese contenido avance con el respaldo explícito del propio partido que gobernó Venezuela en nombre de la soberanía petrolera durante veinticinco años no es un detalle menor de la historia que este acuerdo termina de escribir. Es, probablemente, su dato más elocuente.
(*) Periodista y analista internacional – Especial para PIA Global
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