Por Agustin Lecchi*
La ayuda estatal a través de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) puso en discusión los objetivos y el rol de la intervención estatal. En el caso de los medios de comunicación, un informe de Agustín Espada reveló que casi todos los grandes medios recibieron la ayuda, desde multinacionales como Viacom (Telefe) hasta medios del Grupo Clarín o los ultraliberales La Nación y Perfil. Esa ayuda recibida por los empresarios, que para muchos pequeños medios de distintas regiones del país es imprescindible para su sostén, contrasta con la poca o nula ayuda que perciben cooperativas y medios autogestivos, donde trabajan cientos de compañeres y que, lejos del lobby al que nos acostumbraron muchas corporaciones, cumplen un rol social importantísimo como garantes de la información.
Los empresarios de medios, que además reciben un dineral de pauta estatal, aprovecharon la pandemia para profundizar el ajuste sobre sus trabajadores, un ajuste que en los últimos cuatro años se cobró 4500 puestos de trabajo y un brutal ataque salarial. Despidos masivos en Publiexpress y Editorial Atlántida, pago de salario fraccionado en Clarín y Diario Popular y, en el caso de CABA, una paritaria de 2019 firmada con un sindicato inexistente y por la que sólo se percibió un 15% por un semestre.
La intervención estatal es necesaria e impostergable, pero no para salvaguardar a empresarios lobbistas que presionan al gobierno para levantar la cuarentena a costa de la salud de quienes nos exponemos saliendo a trabajar. Son los mismos empresarios que violan las propias leyes del gobierno como el decreto que prohíbe los despidos. El aislamiento volvió a demostrar la importancia de los medios tradicionales, muchos de los cuales crecieron en audiencias. La situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a promover medidas también excepcionales. La pauta o cualquier tipo de ayuda como los ATP debe tener en les trabajadores y sus sindicatos un contralor que permita garantizar que sólo se asista a empresas que cumplan con las leyes laborales vigentes, no con el objetivo de que merme el apoyo sino con la intención de que se cumpla el piso elemental del respeto por los derechos laborales, los convenios y, en el marco de la emergencia, los decretos del gobierno de Alberto Fernández. No vamos a discutir acá el rol social de cada medio al que el Estado ayuda y los contenidos de sus productos, pero como mínimo es necesario también que ese apoyo llegue de igual manera a las cooperativas y los autogestivos.
El 30 de mayo será el primer plenario nacional de delegados de prensa de todo el país convocado por la nueva conducción de FATPREN que tiene a Carla Gaudensi, compañera de SiPreBA, como primera mujer Secretaria General en la historia de la organización. Será una buena instancia para seguir haciendo historia, discutir el rol de los medios de comunicación así como el sentido de la ayuda estatal que hoy los sostiene.
El movimiento obrero debe jugar un papel en este momento histórico. La disputa contra los grandes empresarios que se enriquecieron con la bicicleta financiera y fugaron capitales, que presionan por levantar la cuarentena y que pretenden que les trabajadores paguemos los costos de esta crisis mundial, no nos puede encontrar a la defensiva ni desorganizados. Tenemos la certeza de que a la pandemia se la enfrenta con más organización. Por eso, pese a la entrega de algunos, debemos promover la mayor unidad posible porque fue de esa manera que se logró frenar la reforma laboral de Macri y cada intento de avance sobre nuestros derechos. El demorado impuesto a las riquezas, el control del financiamiento de las empresas privadas y a dónde van los recursos del Estado, deben ser ejes fundamentales de nuestra intervención.
* Dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).
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