El proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el Gobierno nacional incluye un capítulo, el 193, que deroga de un plumazo al Estatuto del Periodista, a más de 80 años de ser establecido. La Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realizan una fuerte campaña contra la derogación. El miércoles se presentan 3.000 firmas de periodistas frente al Congreso.
Agustín Lecchi, secretario General de SiPreBA, dialogó con Radio Gráfica y marcó la posición del sindicato. “El estatuto que quieren derogar fue sancionado por un decreto en 1944, cuando Perón era secretario de Trabajo, pero viene de una larga historia”.
“Arranca en 1926 con un diputado radical que planteaban una protección para los periodistas. En 1946 se hace ley y en 1965 tuvo una modificación”, sintetizó Lecchi la historia que el Gobierno busca eliminar.
“¿Qué garantiza? Tres cosas, derechos laborales, individuales y profesionales. Fundamentalmente, la protección a la libertad de expresión en prensa. Es un estatuto ejemplo en el mundo, que protege un valor social como la libertad de expresión”, enfatizó.
Sobre la discusión parlamentaria, indicó: “Hay algo que están planteando las grandes empresas de medios que es quitar la indemnización especial, que tiene como objetivo resguardar la libertad de expresión del periodista y que no sea despedido por su forma de pensar o por presiones económicas, políticas y judiciales”.
La indemnización especial establece que, además del normal pago de la indemnización, se sume un pago extra obligatorio con seis meses de sueldo.
“Las empresas de medios enviaron una nota donde pedían la derogación del estatuto o directamente del artículo 43, que es el de la indemnización especial. Eso se quiere llevar puesto Patricia Bullrich“, agregó.
A ello, el dirigente sindical sumó: “No sé de qué modernización hablan al querer derogar al estatuto. Nosotros pedimos modernizar, pero a partir de la regulación del stream, de la Inteligencia Artificial y de las nuevas plataformas a los que estos empresarios -Clarín, La Nación, Telefé, Grupo Octubre, Grupo Olmos- se niegan. No hay una sola propuesta de regulación en una profesión que está precarizada y con un mapa de medios hiperconcentrado”.
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