Los empresarios mortíferos avanzaron tras la firma del Acuerdo de Paz en Asia occidental. Hace apenas cuatro días se concretó una reunión clave con Donald Trump y Pete Hegseth. Cómo funciona el vínculo. El caso John Bolton.
Por Gabriel Fernández *
Como sea, el interés profundo de las compañías armamentísticas no admite tregua. Ni acuerdos de paz; ni memorándums. La semana que concluye representantes del área de Defensa del gobierno norteamericano y de varias agencias de Inteligencia, con la presencia del jefe de Estado Donald Trump, se reunieron con directores ejecutivos de las empresas BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Corp, Boeing, Honeywell Aerospace L3Harris Technologies.
¿Para qué? El encuentro no tuvo como razón de ser disfrutar de una pausa de rehidratación para ver el Campeonato Mundial -aunque algunos reciben impensados beneficios de ese extraño deporte- sino analizar un nuevo salto en la fabricación de armas y municiones para la etapa que se avecina. Los Estados Unidos y sus aliados vienen consumiendo grandes cantidades de armas, y han utilizado cantidades formidables de municiones en sus operaciones militares.
Las sensacionales ganancias con que esas acciones han agigantado las cuentas de las empresas del sector constituyen inspiración para impulsar nuevas elaboraciones. Fue el segundo encuentro en la Casa Blanca con representantes de las grandes empresas de la muerte, resueltamente enfocado en incrementar la producción. El cónclave fue coordinado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Los ejes del mismo no fueron envueltos en títulos humanitarios o democráticos: el primer punto fue la aceleración en el cumplimiento de los contratos firmados a principio de año y el segundo el establecimiento de nuevos compromisos para el futuro cercano.
UN FORMATO PRÁCTICO Y SENCILLO. Sin embargo, la estrecha información hacia algunos medios –Reuters a la cabeza- surgió de las firmas privadas, no de los representantes del Estado. Cinco ejecutivos de la industria de defensa, que hablaron bajo condición de anonimato, realzaron su satisfacción por los acuerdos, pero señalaron que el Congreso debe asignar primero los fondos necesarios para que las empresas puedan invertir más en componentes y capacidad de producción. Invertir antes de recibir los pagos gubernamentales en virtud de los acuerdos afectaría negativamente al flujo de caja libre y podría perjudicar las ganancias del segundo semestre, afirmaron.
Es decir, blanquearon el esquema que venimos narrando desde estas Fuentes, evaluando que ya todos comprenden de qué se trata. Vale recordar que los creadores del mecanismo de succión fueron los mega bancos, enlazados a su vez con las armamentísticas. El motivo por el cual la información fue propagada por las corporaciones se asienta en que las mismas se permitieron deslizar que los representantes del Estado norteamericano comparten plenamente el raudo incremento de la producción de armas y no fueron presionados en ningún momento por las firmas.
Los acuerdos incluyen un pacto con Lockheed Martin para triplicar la producción de interceptores Patriot y cuadruplicar la de interceptores THAAD, utilizados para derribar misiles balísticos. Otros pactos con RTX buscan impulsar la producción de misiles de crucero Tomahawk y misiles aire–aire AMRAAM. Estos esbozos, anunciados como “acuerdos marco”, se convertirán en contratos en el primer trazo del mes de julio.
En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para identificar a los contratistas que, a su juicio, no cumplían con las expectativas en los contratos gubernamentales, mientras seguían distribuyendo beneficios a los accionistas. Es difícil apuntar si un ordenamiento de esa naturaleza se extenderá al presente. Hasta las normativas comerciales básicas van quedando fuera de juego cuando las referencias de la cúspide resuelven el rumbo. Uno de los directivos que filtró estos datos precisó que su firma está agradecida al Departamento de Defensa de los Estados Unidos por facilitar asociaciones entre empresas para brindar respuesta a la creciente demanda de capacidad de producción adicional. ¡A su propia demanda!
CIFRAS SIDERALES DEL ESTADO HACIA LOS PRIVADOS. Este mes, el Comité de Servicios Armados del Senado aprobó su versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que respalda un gasto total en defensa de 1.15 billones de dólares y otorga autorización para la adquisición plurianual de diversos tipos de municiones y armas. No se espera que el proyecto de ley entre en vigor hasta otoño, aunque podrían aprobarse previamente asignaciones presupuestarias adicionales o financiación suplementaria. En ese marco, vale especificar que la demanda de sistemas de defensa aérea se ha disparado en varias potencias occidentales ante el despliegue de crecientes tensiones geopolíticas y el conflicto en Irán.
Ninguno de los informantes dio a conocer comentarios o definiciones del presidente Trump durante la reunión. Pero está claro que su parecer no colisionó con el planteo de las compañías. A lo sumo puede haber guardado silencio y aprobado las observaciones de Hegseth. Y el aumento de la producción se pondrá en marcha antes de fin de año, lo que satisface a las compañías mencionadas. Como puede percibir, lector, ni bien se firmó el Acuerdo de Paz sobre Asia occidental, los fabricantes de armas se cuidaron de articular un encuentro en el que no quedaran dudas sobre la continuidad de sus prestaciones a instancias del erario público norteamericano.
Es probable que Trump tuviera la intención de aprovechar el pacto con Irán para iniciar un pausado retroceso en la ruinosa inversión fierrera; ahora tendrá que pensar donde, en qué zona del planeta va a derramar el gasto multiplicado que le acaban de imponer. Vale recorrer las Fuentes Seguras de la semana anterior. Aunque para algunos sea evidente, este periodista cree necesario subrayar que, en ese nivel de poderío, los aprietes para la obtención de acuerdos económicos siderales, son en verdad conmovedores. Nada es seguro en el andarivel geoeconómico, pero es probable que el año venidero resulte bastante agitado en dimensión bélica. Claro que las potencias multipolares ya demostraron que no están dispuestas a admitir cualquier variable asentada en el interés de las corporaciones financieras.
Por tanto, las preocupaciones en latitudes extrañas para los contendientes medio orientales, como América latina, están más que justificadas.
MIENTRAS MEJOR, MEJOR. Fue anticipado: En su momento este narrador indicó que la guerra en Ucrania gestó una vigorosa fuente de recursos para las más importantes compañías del rubro. Las acciones de Lockheed Martin, RTX (Raytheon), Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics se revalorizaron por entonces un 12,78%. Como si eso fuera poco, mediante el control del área de Defensa estatal las firmas lograron ingentes recursos directos.
En esa ocasión se caracterizó la dinámica como una acción monopólica en plenitud. En los tramos previos a la aprobación del paquete de 61.000 millones de dólares concretado entonces, el Congreso norteño había sancionado cuatro leyes destinadas a “respaldar” a Ucrania por un total de 113.000 millones. Ese dinero surgió de la recaudación succionada por el Estado de la economía real y, claramente, canalizada en la dirección dispuesta por el capital financiero que controla las compañías armamentísticas.
Se sugiere la lectura completa de este artículo, publicado en 2024.
Fuentes Seguras. Cómo las empresas de armamentos absorben la riqueza de los Estados Unidos
La dimensión de estas corporaciones favorece su inserción en diferentes zonas de la institucionalidad norteamericana. Así, logran resolver asuntos complejos. Se sabe que existen varias investigaciones criminales contra los adversarios del presidente Donald Trump pero las mismas se encuentran estancadas, como advertencia para quienes pretendan forzar el tranco opositor. Pero algo sucedió: los fiscales federales obtuvieron la condena de uno de sus mayores críticos.
John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, se declaró culpable el viernes reciente de un cargo de retención ilegal de información confidencial de seguridad nacional; una victoria poco común en la lista de procesos judiciales del Departamento de Justicia contra los enemigos políticos del presidente. Cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable, Bolton respondió: “Lo soy, señoría, y lamento lo ocurrido”.
El acuerdo de culpabilidad alcanzado entre los fiscales y los abogados de Bolton implica una pena de 60 meses de prisión y una multa de US$ 2,25 millones. La primera mitad de dicha multa deberá abonarse en un plazo de cinco días tras la sentencia, según informaron los fiscales. Bolton no realizó declaraciones. Vale indagar ¿qué sucedió? ¿porqué un empinado delegado de las armamentísticas con presencia firme y continua en Defensa e Inteligencia del Estado, acepta una condena de esta importancia?
A diferencia de los casos contra otros funcionarios, como el ex director del FBI James Comey, el de Bolton contó con el apoyo de fiscales e investigadores de carrera. El acuerdo de culpabilidad de Bolton, en el que admite haber compartido información confidencial de seguridad nacional con su esposa e hija, equivale a un cargo por delito grave que podría acarrearle una pena de prisión.
El asunto es así. Acérquese. La actuación de la fiscal federal de Maryland, Kelly Hayes, y el caso Bolton en sí, se consideran más serios que las acusaciones contra otros que han enfrentado cargos federales a instancias del Poder Ejecutivo. Hayes había recibido presiones desde Washington para investigar al senador de California, Adam Schiff, quien no ha sido acusado de ningún delito. Los fiscales federales adjuntos analizaron la posibilidad de acusar al senador en relación con sus solicitudes de hipoteca y explicaron sus reservas a la dirección del Departamento de Justicia. Schiff negó con énfasis haber cometido irregularidad alguna.
Hayes logró mantenerse al margen de la presión política, alejada del foco político, y conservó buenas relaciones con los líderes del Departamento de Justicia. ¿Entonces? Se pactó que Bolton, finalmente, admita solo una pequeña parte de lo que las autoridades federales investigaron. El acuerdo de culpabilidad se centra exclusivamente en la información que se le acusa de haber enviado a su esposa e hija. La acusación formal lo imputaba por 18 infracciones: ocho cargos por transmisión de información de Defensa nacional y diez por retención ilegal. Su acuerdo de culpabilidad reduce la acusación a un solo cargo por retención ilegal de información de defensa nacional.
De haber llegado a juicio, el caso de Bolton podría haber expuesto información clasificada de gran importancia. Es decir, la opinión pública estadounidense se hubiera enterado de las irregularidades forjadas por el bigotón guerrerista como nexo entre las firmas del rubro y el Estado de los Estados Unidos. La su decisión de declararse culpable se asentó en su necesidad -y la de las compañías- de evitar un juicio, que pudiera divulgar información sensible.
Un portavoz del Departamento de Justicia declaró el jueves que el acuerdo de Bolton para declararse culpable de un solo cargo penal “está en consonancia con la política actual del Departamento de Justicia en materia de acusaciones y acuerdos”. Añadió que “Bolton se comportó de manera honorable y legal en el proceso de revisión previa a la publicación”. “Fue la forma en que manejó la información clasificada fuera de ese proceso… algo que él mismo admitirá. Fue descuidado e ilegal, pero no siniestro”. Siniestro, en verdad, es el control de las grandes corporaciones sobre un Estado que se arroga el derecho a difundir la democracia por el planeta, a punta de pistola.
En definitiva, Bolton admitió la culpabilidad en un solo caso para no ventilar la relación de las compañías fabricantes de armas y municiones con el Estado.
- Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal
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