Por Fernando Muñoz e Ignacio Ini *
Decir que las organizaciones de inquilinos trascienden las fronteras de un país no es lo mismo que decir que hay organizaciones en muchos países al mismo tiempo. Sin dudas, para que ocurra la primera, es imprescindible que ésta última condición esté presente. Pero para que haya organizaciones de inquilinos dentro de un país, éstas deben encontrar la manera de tener un alcance federal, por así decirlo. Deben encontrar la manera de problematizar la cuestión inquilina en más de una ciudad, en más de una provincia, y coordinarse con el objetivo de llevar sus problemas a la dimensión política en la que éstos se pueden abordar. En esta nota veremos algunos casos de organización inquilina, pero para ello es importante situar geográficamente los escenarios en los que tiene lugar.
Alquilar a un Fondo Buitre
Europa es un continente colonizado por los fondos buitres. Retiro de la oferta de vivienda en alquiler, recorte de derechos inquilinos y oferta de créditos hipotecarios para todos fue la fórmula ideal para que el deseo de la vivienda propia se extendiera como una mancha venenosa a partir de los 90.
Pero la crisis de las hipotecas en 2008 transformó la relación de vivienda, la convirtió en un activo financiero más y liquidó las expectativas de millones de europeos. El circuito de crisis hipotecaria, estatización de la deuda y privatización posterior de los organismos estatales dueños de las hipotecas, concentró brutalmente la tenencia de vivienda en manos de fondos buitres, además de darles la capacidad de fijar los precios de mercado para compra-venta y alquileres.
La solvencia que le exigió al sistema bancario el acuerdo del G-20 –conocido como Basilea III (un conjunto de normas en las cuales debían operar los bancos)– se basó en el riesgo de tener créditos hipotecarios impagos y la amenaza de quiebra de las entidades financieras que no cumplieran con ese requisito. El Basilea III fue el instrumento legal para que centenares de miles de hipotecas fueran vendidas a los fondos de inversión –o fondos buitres–, que desembarcaron en varios países europeos para hacerse del negocio de la vivienda.
En el caso español, en apenas tres años –a partir de 2015– tres Fondos se hicieron de 400.000 viviendas. Esto significa que deudores hipotecarios y sus garantes perdieron la propiedad y quedaron atados para siempre a una deuda con los Fondos globales. Es decir: los gobiernos salvaron a las entidades financieras y luego habilitaron la venta de las hipotecas a grandes capitalistas, dejando pasar la oportunidad de capitalizarse con viviendas públicas.
Naturalmente fue una política “asociada”, es decir que los Fondos desembarcaron gracias a los dirigentes políticos que colaboraron con su ocupación, trabajando luego como asesores del capital concentrado. Italia, España, Gran Bretaña, Irlanda, Grecia y Alemania fueron los seis países europeos que mayor apertura ofrecieron al capital financiero más poderoso del planeta.
Los sindicatos de inquilinos
El caso de la organización inquilina en España es un buen ejemplo de esta dinámica. ¿Cómo es la organización allí? En primer lugar, empezamos por el lenguaje. Las organizaciones españolas se hacen llamar “sindicato”, algo que se sostiene en el Reino Unido, por ejemplo, y más adelante veremos también que lo mismo sucede en Estados Unidos.
La referencia sindical organiza a los actores: el inquilino, como un trabajador, le da parte de su trabajo medido en dinero al propietario/rentista. Ya no hablamos de que el trabajador sale de su trabajo y deja allí lo que produce, llevándose un salario. Ahora hablamos de que para tener un hogar en el que descansar y volver al otro día a seguir produciendo, el trabajador debe dejar una buena parte de su salario en una renta por el departamento o la casa que alquila. El rentista, propietario del inmueble, se queda con una porción del sueldo del inquilino sin haber producido nada, pero manteniendo una relación con el inquilino en la que puede exigirle más plata por el alquiler, echarlo de manera directa o indirecta, o incluso elegir quién es apto para acceder a su inmueble, reservándose el derecho de dejar el inmueble deshabitado.
Pero además, y aquí radica su carácter patronal, el rentista puede ponerse de acuerdo con otros rentistas para no competir comercialmente y fijar, en conjunto con los demás, un precio mínimo abusivo respecto de los salarios promedio. De esta manera, rentista e inquilino se enfrentan como se enfrentan trabajador y patrón; el primero buscando extremar su beneficio, el segundo buscando subsistir.
En España la cosa va por ese lado. En Barcelona y Madrid, por ejemplo, ambos sindicatos organizan sus protestas teniendo en cuenta quién es el propietario del edificio o “bloque”, como ellos le llaman. De esta manera, es más efectivo el planteo de una huelga de alquiler ante un mismo propietario o “casero”, que bien puede ser una persona o una entidad financiera.
La discusión comienza a trascender fronteras dentro del viejo continente cuando se profundiza en la problemática. ¿Qué hay detrás de los aumentos desmedidos de alquileres de vivienda? ¿Qué pasa que los aumentos en alquileres superan y multiplican las tasas de inflación de estos países? Debajo de lo que se ve, de lo más evidente, aparece la discusión sobre la renta del suelo urbano y cómo esta renta puede obtener más beneficios en un plazo más corto en el mercado del alquiler turístico o temporal.
Inquilinos de España, de distintas ciudades del Reino Unido y de otros países de la Europa continental, como Alemania, dan un salto cualitativo y comienzan a denunciar a grandes consorcios que especulan con el valor del suelo urbano; y estas denuncias son las que componen un escenario de encuentro internacional, en donde las diferencias locales se disuelven entre los problemas en común de inquilinos de un país y de otro.
La privatización de vivienda pública
En el caso de Alemania –uno de los grandes tenedores históricos de viviendas públicas–, el aterrizaje de los fondos buitres sucedió en el período posterior al 2001, cuando el Estado alemán decidió privatizar las viviendas, y en “paquete” se las ofreció a Fondos como Cerberus –del ex secretario del Tesoro de George Bush y administrado por José María Aznar en España– y Goldman Sachs, que emplea a varios funcionarios del Estado norteamericano y al mismísimo ex primer ministro de Italia, Romano Prodi.
Goldman y Blackstone no perdieron la oportunidad de comprar viviendas públicas de Madrid en 2013 –toda la vivienda pública del Plan Joven–, cuando Ana Botella –la alcaldesa del Partido Popular– se las ofreció a un precio tan vil que la condenará a pagar 3 millones de euros al Estado español en 2018.
Entonces, los principales locadores de España y Alemania son los grandes Fondos Buitres, que convirtieron la ilusión de la vivienda propia en un gran negocio inmobiliario de millones de inquilinos que van a parar y a pagar a sus oficinas. Si a esto le sumamos que Europa es el continente que concentra la mayor cantidad de turistas internacionales, el negocio se completa, se concentra y se globaliza.
El problema inquilino en Europa está asociado entonces a la regulación de alquileres (en Estados nacionales cada vez más asociados al negocio inmobiliario), las aplicaciones globales que promueven el alquiler turístico y la concentración de la tenencia de vivienda.
La renta turista contra los inquilinos residentes
Las organizaciones inquilinas en Europa, atravesadas en un primer momento por la cuestión del derecho a la vivienda, ven cómo se acercan ahora vecinos y vecinas propietarios pero no rentistas que se ven afectados por el nuevo uso de los inmuebles, como por ejemplo el Movimento Pela Habitaçao en Portugal, que recientemente dialogaron con la organización local Inquilinos Agrupados sobre los proyectos de regulación de Airbnb que cada una propuso en su ciudad.
En este movimiento que tiene lugar en Lisboa se agrupan distintas organizaciones, no sólo de inquilinos, sino también de propietarios habitantes de sus viviendas, que ven cómo los barrios dejan de ser para los vecinos y se tornan en un mercado a cielo abierto para los turistas. Ya no sólo se advierte por un proceso de gentrificación que desplaza a los vecinos y comercios de larga data, y coloca en su lugar nuevos vecinos –de clase social más alta– y nuevos comercios, volviendo más caro el barrio, sino que además se advierte de un proceso de turistificación que echa todos los vecinos por igual, sin discriminar su capacidad adquisitiva, y torna inviable la vida cotidiana entre la vida del turista.
Espacios como la International Union of Tenants (IUT) y las coaliciones por la vivienda que agrupan ONG, miembros de partidos políticos y/o organizaciones inquilinas, son espacios de convergencia para distintos sectores sociales que se reúnen a discutir en torno al derecho a la vivienda y al derecho a la ciudad, entendidos ambos como el derecho a disfrutar de ambos ámbitos, incluyendo que se garantice un acceso mayoritario a las mejores condiciones para estos derechos.
En el Imperio también se resiste
Estados Unidos, con sus Union of Tenants (sindicatos de inquilinos) repartidas entre sus Estados, también sufrió un acelerado proceso de suba de los alquileres y mayor inquilinización a partir de la crisis de las hipotecas “subprime”.
Con un recorrido similar al de nuestro país –década del 40–, el país del Norte también reguló fuertemente los alquileres hasta la década del 70.
Hoy, la discusión sobre el mercado y el Estado también sigue la lógica dominante: negar la vivienda como derecho y sumarla como una mercancía más; la renta como único derecho.
Atendiendo que Estados Unidos es uno de los países con mayor flujo turístico anual, la vivienda nueva suntuosa es especulativa (vacía, o destinada al turismo), y los inquilinos están destinados a viviendas que requieren inversión en mantenimiento.
Sin embargo, la regulación del alquiler es horizontal, se desparrama por muchísimas ciudades norteamericanas que contienen movimientos inquilinos activos y atentos a legislaciones locales.
Latinoamérica sometida al mercado
¿Qué pasa en el sur global? Latinoamérica reproduce en vivienda su condición de continente profundamente desigual. A opulentas ciudades capitales, colonizadas por capitales foráneos asociados a capitales locales, se contraponen pueblos hundidos en la miseria y la precarización del hábitat. Las metrópolis compiten en especulación y viviendas vacías, porque el excedente de capitales no detiene su voracidad y la tierra urbana se convirtió en un objeto de inversión y resguardo del excedente de ganancias.
Desde los 90 los Estados nacionales crearon instrumentos legales para favorecer el desembarco de capitales globales y nativos (narcotraficantes y empresarios sojeros y de materias primas en general, a la cabeza).
La preventa o el fideicomiso, sumados al ocultamiento de información por parte de los Estados, ayudan a construir el escenario que los organismos internacionales de crédito exigen para la región: desregulación en el alquiler de vivienda, rebaja de impuestos a los constructores, facilidades para el desalojo exprés y Estados promotores del crédito hipotecario y la construcción privada.
Pero Latinoamérica también es un continente de la informalidad, si por ésta entendemos aquellas relaciones de vivienda que se hacen de palabra, asumiendo que el derecho a la renta le pertenece a todo aquel que pueda ejercerlo, en la medida que es parte de la “solución habitacional” que promueve gran parte de la clase política que hace la vista gorda a las penurias de los trabajadores sometidos al alquiler en asentamientos o barrios populares.
Unir fuerzas con un programa común
Es fundamental construir un programa común de la vivienda a nivel regional. Así como el capital se globaliza, se concentra y presiona para obtener mayor seguridad y rentabilidad para su mercancía (la vivienda), los sectores populares de la región debemos construir un programa común, un decálogo de derechos para el acceso justo de la vivienda, que contemple:
– La administración estatal del parque de viviendas
– La regulación de la construcción privada
– El uso de la vivienda pública
– Política de precios del alquiler
– Rehabilitación y alquiler de viviendas en estado crítico
– Viviendas colectivas
– Control de alquileres e información pública
– Ajustar la renta a los ingresos populares
– Limitar la vivienda vacía
– Plan de construcción de viviendas públicas en alquiler por tiempo indeterminado
Desde Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional de la Argentina se está convocando a todos aquellos que quieran organizarse por el derecho a la vivienda para que la identidad inquilina tenga representatividad en la región. Con el ingreso de Inquilinos Agrupados a la IUT el pasado mes de junio, los inquilinos de Argentina están apostando a combatir el feroz avance desregulatorio encabezado por Javier Milei, y que todo el mercado inmobiliario regional mira relamiéndose. ¿Cuál es el panorama para Latinoamérica? La inminente organización de los inquilinos.
(*) Militantes de Inquilinos Agrupados
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