El juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la propuesta de Vicentín y ordenó la apertura del período de concurrencia. La nueva instancia abre la posibilidad de que acreedores, trabajadores, y otros interesados puedan quedarse con patrimonio de la firma, como cobro de la deuda.
La titular del Banco Nación, Silvina Batakis, ya había adelantado que la entidad trabaja en una oferta para que el Estado se haga cargo de la empresa. La funcionaria explicó que su equipo está analizando “técnicamente las posibilidades que tenemos” desde el Estado para controlar la firma. “Lo que no queremos es que la empresa se desguace, porque ha habido ofertas informales en ese sentido”, resaltó.
Subrayó que la idea “no sería (quedarse) con el 100 por ciento” de la compañía, pero que “el hecho de que esté la presencia del Estado” en el directorio “garantiza que la empresa siga en funcionamiento”.
El periodista de investigación y diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, en diálogo con Radio Gráfica sostuvo que el juez que siempre había fallado a favor de la empresa, esta vez “rechazó lo que más que una propuesta fue una provocación de Vicentín, ya que ofrecía pagar a los 1268 acreedores que tiene la causa en un plazo que va de 15 a 30 años y solo el 20% de la deuda, y además dejaba sin garantía de trabajo a la cuna de Vicentín que es el nodo norte de la provincia de Santa Fe, donde empezó la empresa en 1929 en Avellaneda, Reconquista”.
Y agregó: “En su resolución Lorenzini habla de la falta de garantía de trabajo, y justo ahí (Avellaneda, Santa Fe), en estos momentos, hay una movilización a favor de Vicentín”.
“No solo estafaron, sino que fugaron 791 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020, como quedó demostrado en la causa penal que inició el fiscal (Gerardo) Pollicita en Buenos Aires y que resolvió esto ya en julio de 2020”, explicó el diputado.
Pollicita había pedido la inhibición general de bienes del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga en la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos entregados durante el macrismo a la cerealera. La inhibición incluyó a 26 exfuncionarios, entre ellos el exvicepresidente del Banco Nacion Lucas Llach, y de autoridades de Vicentin.
En su reciente fallo, el juez Lorenzini consideró que la propuesta de Vicentin “surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”, y que el programa “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”.
En ese sentido, ordenó que se establezca el cronograma definitivo para el período de concurrencia. De esta manera, la empresa pierde la exclusividad para hacer propuestas de pago a sus acreedores y abre la posibilidad de que nuevos interesados presentes ofertas de pago superadoras.
“A partir de este proceso de salvataje es fundamental que se meta el Banco Nación que es el principal acreedor estatal con 340 millones de dólares que le deben, así que puede pasar que sin poner un solo peso se quede con la mayoría accionaria y así empecemos la construcción de una empresa mixta donde con la visión estratégica del Estado Nacional se metan cooperativas, sindicatos, empresas vinculadas a la producción agroalimentaria de todo el país”, sostuvo del Frade. Y concluyó: “Necesitamos que el gobierno nacional se despierte y se meta también junto al gobierno provincial”.
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