“En ese abrazo no hubo un solo vecino. Lo sé porque hace casi un año que estoy en Moctezuma, un pueblo de 500 habitantes y los conozco a todos”, sostuvo el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), Heber Ríos. “Se organizaron para presionar al juez por el fallo que todavía no se efectivizó. El juez determinó que los reclamos son genuinos y legales y que la huelga era un derecho constitucional, les impidió despedir y ordenó reincorporar a los despedidos, en caso de no hacerlo los multa por incumplimiento, y deben pagarle $300 mil por mes a cada trabajador desvinculado”, agregó.
“El juez determinó que los reclamos son genuinos y legales”
“Es una empresa que factura 50 millones de pesos diarios, y no querían encuadrar a 24 trabajadores, para no pagarles lo que les correspondía“, recordó el referente en diálogo con Radio Gráfica, al tiempo que destacó que “el conflicto se politizó y junto con el Movimiento Empresarial Antibloqueos buscaron transformar una conflicto laboral en una causa penal”.
“Buscaron transformar una conflicto laboral en una causa penal”
Tras cuatro años de reclamos con inspecciones que constataron las irregularidades, los trabajadores decidieron ir a la huelga: “Lo que detonó la medida de fuerza fue que de 29 trabajadores, 24 compañeros estaban pidiendo la recategorización por las tareas que realizaban, y había 6 trabajadores que directamente aparecían como “personal fuera de convenio. Estaban en esa modalidad porque (la patronal) sacaba la cuenta de que si tenían 51 trabajadores dentro de la planta, correspondía que se incorpore otro representante sindical, y obviamente para ahorrarse en salarios”, explicó Ríos.
Por otra parte, señaló que “la erogación implicaba sólo $600 mil más, y estamos hablando de una empresa que factura $50 millones diarios. No era una cuestión inviable pagar lo que se reclamaba”.
Varios dirigentes aprovecharon el conflicto para buscar rédito político: “Intervinieron Macri, Vidal, Bullrich, y Florencia Arietto que participó activamente con el Movimiento Empresarial Anti bloqueos, que busca transformar causas laborales en conflictos penales. Lo que analizamos es que la finalización de este conflicto va a sembrar un antecedente importante en el caso de que salgan favorecidos judicialmente los empresarios. Con la politización buscan desmembrar las organizaciones sindicales e impedir que los trabajadores se organicen”, aseguró el sindicalista.
Por último, criticó la “inacción del Ministerio de Trabajo de la Nación”: “Proponemos que los compañeros del movimiento obrero que ocupan bancas tanto en Diputados como Senadores, avancen en un proyecto que le de herramientas el Ministerio para que cuando surjan estos conflictos sean más fáciles de resolver. A mí la experiencia que me quedó es que ante el incumplimiento del sector empresario, si bien no hubo voluntad política, tampoco estuvieron las herramientas para exigirles que regularicen, mas allá de las intimaciones y multas”.
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