Por Úrsula Asta*
Uruguay arrastra un déficit hídrico desde hace años. Además está cursando la peor sequía en los últimos 70. Desde mayo, casi dos millones de personas (de una población de 3.4 millones) se han visto en la obligación de consumir agua salada de la canilla o comprar agua embotellada. Las consecuencias, entre otras cosas, llegan también a los sectores de producción.
“Hace por lo menos tres años hay una crisis hídrica que se da porque no llueve la cantidad necesaria. El embalse de donde se toma el agua dulce y distribuye en la zona metropolitana se está agotando. Hace años se sabe que dependemos de una sola toma de agua dulce para toda esta zona y hubo alertas por lo menos desde el 2010. Pero la verdad es que no se hizo mucho más que alertar que algún día podía suceder”, explicó a Radio Gráfica el periodista Mateo Grille, director de Caras y Caretas.
Particularmente en la zona metropolitana (Montevideo, Canelones), donde viven dos tercios de la población, ya no hay agua potable. Esto sucede debido a la escasez de agua en los dos embalses del río Santa Lucía, que abastece al 60 por ciento de la población.
“En el gobierno de Tabaré Vázquez se proyectó y se aceptó que se iba a hacer una represa y se financió, incluso hubo una autorización de préstamo. Pero cuando se cambió el gobierno a Lacalle Pou, esto fue desechado”, sumó Grille.
La desición del gobierno actual, cuando asumió en 2020, sumada a la dramática situación de que Uruguay ya no cuenta con reservas de agua dulce, implicó que las autoridades nacionales aprueben el uso de agua con una salinidad mayor, que se extrae de una zona del Santa Lucía cercana al Río de la Plata. Una “mezcla” de la poca agua dulce restante con agua salada.
Además se elevaron los niveles de sodio y cloro permitidos. La consecuencia es que ahora el agua que sale de la canilla es salada y su consumo se volvió nocivo para la salud de la población.
“No se hizo nada, supuestamente para ahorrar dinero, porque había déficit fiscal, y ahora se triplicaron los niveles permitidos de sodio y cloro, por lo cual el agua ya no es potable. Uno puede tomarla en el uso de su -llamémosle- libertad, pero los médicos dicen que lo mejor es no tomar ese agua, mucho menos quienes tienen enfermedades crónicas”, apuntó el periodista, que también es corresponsal de Telesur y CGTN de China.
Si bien existen algunos planes de contingencia -como el desarrollado desde la intendencia de Montevideo, que comenzó un plan para distribuir bidones de agua a policlínicas municipales y a madres con niños en edad lactante o embarazadas; o un plan similar que tiene el gobierno de Canelones, que reparte una cuota de agua embotellada a sectores más vulnerables; así como el gobierno nacional, que otorga también agua embotellada a algunos grupos-, todo el resto de la población debe comprar agua.
“El gobierno dice que tiene un plan, pero al desecharse el proyecto de la represa que hubiera estado lista hoy, el Estado va por otra vía, que es hacer una planta en otro lugar que toma agua del Río de La Plata, pero ya no con fondos públicos sino con fondos privados. Se multiplicó el costo de este proyecto que ahora pasa a costar 800 millones de dólares, no 250, y que tiene por objeto potabilizar el agua y enviársela a la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE) y que esta empresa la distribuya”, detalló Grille.
Aunque el agua en Uruguay es un bien del Estado y no puede ser privatizada, esta idea introduce un proyecto privado que multiplica por cuatro una inversión inicial y habilita el negocio sobre este recurso.
A finales de mayo, se realizó una gran marcha en defensa del agua. Organizaciones sociales se desplegaron por la avenida 18 de Julio de Montevideo, la capital de Uruguay, en una protesta que reclamó ante las respuestas gubernamentales por la crisis hídrica y en defensa del derecho al agua.
La central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) señaló que el Gobierno quiere hacer creer al pueblo que la crisis se debe a la sequía por falta de lluvia, pero que, en realidad, las distribuidoras están mal administradas y reclamaron que hay mil puestos de trabajo menos en la empresa pública OSE, que es la responsable del abastecimiento de agua potable a nivel nacional.
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