Algunos medios aseguran que el gobierno nacional analiza suspender la Ley de Alquileres vigente, que tuvo un amplio respaldo social y legislativo, pero a su vez, fue fuertemente resistida por el mercado. Se especula con la posibilidad de que el ejecutivo derogue la norma para poner en funcionamiento la ley anterior por 180 días.
Radio Gráfica dialogó con el militante de Inquilinos Agrupados, Fernando Muñoz, sobre el panorama que abre para quienes alquilan en el país. “Massa buscó derogar la ley cuando era presidente de la Cámara de Diputados y ahora lo hace como ministro de Economía. Pero el eje no está ahí, sino en la política. Esta intención reiterada de liberar los alquileres es una pretensión de los grandes jugadores del negocio”, sostuvo.
“Esta intención reiterada de liberar los alquileres es una pretensión de los grandes jugadores del negocio”
Remarcó que “los desarrolladores inmobiliarios, la Cámara de la Construcción, los inversores extranjeros en lugares turísticos, y también del FMI” son quienes están presionando para terminar con la iniciativa: “Lo que se impulsa desde esas usinas es un modelo similar al uruguayo, donde el plazo y el tipo de moneda (ya sea el dólar, el peso uruguayo o el euro), lo pone el mercado. Lo que hizo el gobierno de Lacalle Pou, explicó Muñoz, “fue facilitar un descuento del 90% en ganancias a las constructoras de viviendas, lo que hacen de Uruguay un paraíso del negocio. Ese es el sentido que tiene este intento de decretar el fin de la ley y de que los plazos, precios y gastos complementarios e impuestos, lo fije el propietario sin ninguna ley”.
“Buscan un modelo similar al uruguayo, donde el plazo del contrato y el tipo de moneda (ya sea el dólar, peso uruguayo o euro) lo pone el mercado”
Destacó que “a pesar de todo lo mal que funciona todo en el país, en materia de regulación del alquiler de viviendas, con el plazo fijo de 3 años y su ajuste anual del precio, Argentina tiene la ley más avanzada. Otros países ni se imaginan una ley como la nuestra, por eso, el siguiente paso, si permitimos que esto ocurra, va a ser el desalojo express”.
Y agregó: “En nuestro país el desalojo es todo un trámite judicial, hay que demostrarlo en el juzgado y también el inquilino tiene derecho a la defensa, e incluso hay defensores gratuitos a nivel nacional que se presentan en defensa del interés del inquilino”. El desalojo express, explicó, también es parte del modelo uruguayo al que aspira copiar el sector inmobiliario.
“El siguiente paso, si permitimos que esto ocurra, va a ser el desalojo express”
Por otro lado, subrayó que producto de la presión inmobiliaria, y la poca voluntad política para ejecutar la norma, “el porcentaje de aplicación de la ley actualmente es muy bajo. No llega a la mitad de los contratos en un país donde el 23% de los hogares se alquilan”.
Si bien la coalición de gobierno tiene diferentes miradas en diversos temas, por el momento no se alzan voces que se opongan a Massa, lamentó Muñoz. “En diciembre de 2001 el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los tres referentes principales del FDT, planteó derogar la ley. Esa ya fue una señal clara de la pretensión de un sector del gobierno, por lo tanto es bastante lógico que en la medida en que no abran la boca los sectores (dentro del FDT) que dicen defender los intereses de los trabajadores, el sector inmobiliario siga insistiendo con que el gobierno los avala, que es lo que está pasando”.
Y continuó: “Massa puso otra vez la pelota bien arriba, dio una señal. El mensaje es ‘hagan lo que quieran que el Estado no se va a meter”. “Esto tiene que ver con plazos”, aclaró: “En septiembre vence el plazo para el intercambio de información que se acordó con EEUU sobre los depósitos argentinos en ese país, los capitales fugados que están allá. El ministro de Economía está apurado para decirle a los fugadores seriales que las reglas de juego son otras, y que pueden hacer lo que quieran”.
“El mensaje es ‘hagan lo que quieran que el Estado no se va a meter”
Por último, sostuvo que será decisión del presidente firmar un decreto que puede traerle un alto costo político, lo que puede resultar riesgoso en un año electoral: “El problema de Massa es que el que firma el decreto es el presidente. Pero Alberto es el mismo que a comienzos de la pandemia planteó y firmó un decreto estableciendo que se suspendían los desalojos, se prorrogaban los contratos y se postergaban los aumentos para el siguiente año”. “Vamos a ver si el Alberto Fernández se anima a firmar este decreto”, finalizó.
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