Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron que reclamarán a la Justicia la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Oeste. “Son contratos absolutamente distorsivos que le han generado un enorme daño económico al Estado nacional y fundamentalmente a los usuarios“, afirmó el presidente.
“Hubo una acción de lesividad, los contratos que se firmaron y autorizaron en 2018 fueron a través de dos decretos desventajosos (607 y 608) para el Estado nacional y los usuarios”, enfatizó Fernández en referencia a los contratos que beneficiaron a Autopistas del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste durante el gobierno de Mauricio Macri, y que mejoraron sensiblemente las condiciones para ambas empresas a cargo del Acceso Norte y Oeste, respectivamente. Vale recordar que la familia Macri era una de las principales accionistas de AUSOL, que llamativamente se desprendió de su parte en 2017.
“Si nosotros hubiéramos permitido que el contrato se aplicara tal como fue firmado, hoy un usuario que paga $100 de peaje en la Panamericana, debería pagar más de $1.800. Lo que no vamos a permitir es abusos”, justificó Alberto Fernández.
“Le pedimos a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías“, reclamó Fernández.
Dichos acuerdos fueron firmados entonces por el presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
“No puede haber funcionarios que estén de los dos lados del mostrador“, denunció Alberto Fernández sobre algo que los gremios del sector venían advirtiendo desde hace años en relación con los directivos de las empresas que pasaron a cumplir funciones en Vialidad Nacional durante el macrismo y luego volvieron a las empresas.
Gabriel Katopodis, como responsable del Ministerio de Obras Públicas, encargado de la querella judicial, detalló las razones por las cuales se pedirá la nulidad a partir de las conclusiones de una auditoría sobre los mismos, destacando la “nulidad absoluta“.
Tres puntos principales fueron los que indicó como lesivos: “Se estableció sin ningún parámetro ni base objetiva una deuda a favor de las empresas concesionarias de AUSOL de 540 millones de dólares y con GCO 272 millones de dólares”.
“La segunda cuestión es la dolarización de ese contrato, que estaba en pesos. En el contrato no hay ningún componente que determine que tenga que ser dolarizado. En tercer lugar se determina un ajuste del 8 por ciento anual con una rentabilidad extraordinaria”, amplió.
Katopodis explicó que el gobierno de Mauricio Macri decidió prorrogarle el contrato de concesión hasta 2030, pero que inicialmente era hasta 2020, como parte de pago de la deuda con las empresas.
“Es una deuda injustificada, una dolarización que no está fundamentada, al igual que la prórroga“, concluyó.
Discusión acerca de esta noticia