Claudio Daniel Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores habló con Radio Gráfica sobre los servicios, el aumento de tarifas y la segmentación según nivel socioeconómico.
Por un lado, señaló que “la segmentación de subsidios tiene cierta pincelada de justicia en el sentido en que pensamos que los servicios públicos, de energía, comunicación, aguas y cloacas, son derechos humanos básicos y las tarifas se tienen que adaptar a las condiciones socioeconómicas de quien las paga y no al precio. Esta fue una discusión que se dio mucho en las audiencias públicas del macrismo que ellos decían que el valor era el mismo para todos, el que tiene plata que lo pague y el que no, que no lo use. Nosotros no estamos de acuerdo con ese concepto entonces pensamos que la segmentación es buena. Es decir, que los subsidios se dirijan a los sectores necesitados”.
Pero por otro lado, sostuvo que “hay que determinar cuál es la situación socioeconómica de cada habitante para ver a qué sector pertenece entre estas tres grandes categorías de ingresos altos, medios y bajos. También creemos que la instrumentación y las herramientas que se han puesto en marcha hasta ahora son deficientes”.
Y explicó: “Hubo ciertos cambios, por ejemplo, el registro iba a ser una excepción y ahora pasó a ser la regla. Antes solo iban a tener que anotarse aquellos que tuvieran alguna situación particular que generara una mala compresión del sector que le tocara, y ahora es regla general. Esto pasó porque en la audiencia pública siempre se discutió en base a que la línea de corte de ingreso para el grupo 10% que dice el Estado (que no serán subsidiados), eran tres canastas básicas y media por el individuo que solicitaba el subsidio. Pero cuando sale el DNU no está considerado por individuo sino por familia. Por el núcleo que vive en la propiedad donde llega el servicio público”.
“La instrumentación y las herramientas para la segmentación que se han puesto en marcha hasta ahora, son deficientes”
Ese criterio, aclaró, “trae dos consecuencias: que el valor de 3,5 canastas consideradas individualmente abarcaba al 10% de la población, pero es muy distinto si pensamos 3,5 canastas para un grupo familiar, porque abarca mucha más parte de la población. O sea, quienes ganaban $160 mil y no estaba incluido en el grupo al que le sacaban el subsidio, ahora, si en la misma propiedad vive su esposa que gana un sueldo similar por ejemplo, sí está incluido. Es decir, que entra mucha más gente.
“El valor de 3,5 canastas consideradas individualmente abarcaba al 10%, pero es muy distinto si pensamos 3,5 canastas para un grupo familiar, porque abarca mucha más parte de la población”
Según los anuncios oficiales, sólo el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios. Esa franja de usuarios está comprendida por aquellos que reúna al menos uno de los siguientes requisitos:
- Ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT). Actualmente, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se encuentra en $95.260, según los datos del Índice. De acuerdo a los criterios informados, las familias que perciban más de $333.410 dejarán de tener sus consumos subsidiados.
- Ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años.
- De tres o más inmuebles.
- Tener uno o más aeronaves o embarcaciones de lujo y/o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
Boada además criticó la falta de información sobre la instrumentación de los registros para determinar la segmentación: “Como nadie tiene la información de quien vive en cada casa, quien está detrás de cada medidor, todos vamos a tener que hacer una declaración jurada diciendo como está formado nuestro grupo familiar. Es de muy difícil implementación la segmentación. Ayer hubo una resolución pero en ningún momento se dijo cómo va a ser la declaración jurada, como vamos a tener que completarlo”.
Y por último, subrayó que “la declaración jurada tiene que estar operativa antes de que empiecen aplicar los aumentos, la supresión de subsidios es en julio. Estamos terminando junio y todavía no sabemos nada. Y el segundo punto es que la declaración jurada debe ser de aplicación automática, después el Estado podrá revisar si no hay datos falsos, pero eso es posterior porque si se espera que el Estado revise todo, van a suprimir subsidios y recién incorporar cuando termine la revisión, cuando sabemos que no va a ser sencilla esa revisión de 9 millones de personas”.
- Entrevista realizada por Lucas Molinari y Leila Bitar en Punto de Partida
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