El abogado y presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, habló en Radio Gráfica sobre la aplicación de la segmentación tarifaria y el costo de producción de la energía.
“Coincidimos con que hay que retirar los subsidios para aquellos que tienen una capacidad económica alta. Pero no estamos de acuerdo en la implementación, es a los empujones y con improvisación. Se corre el peligro de que muchas personas que necesitan el subsidio lo pierdan”, explicó el especialista, al tiempo que destacó que “entre el viernes (15/7) y domingo, hubo 500 mil inscriptos que parece una cifra grande, pero son 12 millones de declaraciones juradas que se calculan que se van a firmar, a este ritmo necesitaríamos 65 días para llegar a los 12 millones”.
“Se corre el peligro de que muchas personas que necesitan el subsidio lo pierdan”
En ese sentido, opinó que será necesario extender el plazo de inscripción: “Hubo un ida y vuelta sobre cuándo se empieza a aplicar el aumento, ahora dijeron que es a partir del 1 de septiembre. Nosotros pensamos que va a tener que ir más allá de fin de este mes la inscripción, a las asociaciones nos habían dicho que iba a durar un mes completo, después lo redujeron a 15 días, pero siguiendo los lineamientos del decreto que dice que va a ser gradual, pensamos que ese plazo debería ampliarse, porque a este ritmo no llegamos a todas las personas”.
Consultado sobre el porcentaje de población que dejará de percibir subsidios, explicó: “En un primer momento, se discutió en la audiencia pública el retiro de subsidios para el 10% más rico. El tema era como identificarlos, que no haya errores en sacarle el subsidio a alguien que lo merece. El cálculo se hizo partiendo de las tres canastas básicas y media como ingresos de un individuo. Pero con la firma del decreto, se puso $350 mil por el grupo familiar, lo que significa que, si vos consideras los ingresos familiares, por ejemplo de una pareja con un sueldo de $180 mil cada uno, es mucho más amplio y supera el 10%. Nuestra estimación es que va a abarcar entre el 20 y 25%, y llegará a sectores medios”.
Respecto del nuevo monto a pagar para quienes queden afuera de los subsidios, sostuvo: “La estimación que hicimos es en base a los números que se dijeron en la audiencia pública, el costo de la factura se multiplicará por 2 o 2.5. El que paga $4000 entre luz y gas pasará a pagar cerca de $10 mil”.
Boada, por otra parte remarcó la necesidad de investigar los costos de producción de las empresas que deciden cuál es el precio que deben pagar tanto el Estado como los ciudadanos: “Es lógico que el Estado no sostenga los subsidios de quienes tienen la capacidad económica para pagarlos, pero hay que ver ese fondo de subsidios a dónde va. Va para pagar precios inflados a las petroleras, gasíferas y generadoras de electricidad. Los estudios demostraron que los precios que pagamos del gas en boca de pozo y de generación eléctrica, son superiores a los precios internacionales, es decir que grandes empresas extranjeras hacen una diferencia y tienen ganancias más allá de lo razonable, y es probable que si discutiéramos adecuadamente cómo ponerles un límite a la voracidad de esas empresas, el Estado no tendría que poner esa cantidad de dinero que está poniendo”.
“Los estudios demostraron que los precios que pagamos del gas en boca de pozo y de generación eléctrica, son superiores a los precios internacionales”
“Además de discutir cómo se distribuyen los recursos del Estado, hay que discutir para qué se usan y porqué las empresas concentradas nos cobran precios superiores a los internacionales. Cada vez que nos llaman a audiencias no discutimos el precio del gas en boca de pozo, nunca vemos un análisis de costos de desarrollo de extracción de petróleo, lo único que se discute es el precio fijado por las empresas”, agregó.
Por último, criticó el rol de YPF: “Lamento decir esto, porque es una empresa nacional pero juega casi el mismo juego que las grandes corporaciones petroleras y gasíferas internacionales. En vez de cumplir con la finalidad de ley de expropiación, cumple para la generación de beneficios económicos para la empresa solamente”.
“Hace falta reflexionar sobre los objetivos de esa empresa, que también tienen que ver con la protección de la soberanía nacional y precios accesibles para todos los usuarios”, concluyó.
- Entrevista realizada por Mauro Cavallin en Abramos La Boca
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