Por Fernando Gómez *
El 5 de junio, aproximadamente 1.200.000 compatriotas vieron acreditada en su cuenta del Banco Nación la suma de 22.700 pesos. Es la consecuencia de estar percibiendo el programa Potenciar Trabajo, el mal llamado “plan social”, el estigmatizado ingreso popular que está bajo el escrutinio de un sistema político, cuyos dirigentes podrían gastarse el ingreso mensual de una familia, en apenas dos cenas.
La inversión que significa para el Estado Nacional sostener los ingresos del millón doscientos mil compatriotas, se obtiene de manotear una calculadora y apretar los botones. 27.240 millones de pesos han significado la suma de las transferencias individuales. A plata de hoy, en un año, se transferirían 326.880 millones de pesos, o el equivalente a 1.485 millones de dólares al cambio ilegal.
Según la revista Forbes, Marco Galperín –el dueño de Mercado Libre que se radicó en Uruguay para gambetear impuestos en el país- tiene una fortuna declarada de 3.900 millones de dólares. Con la fortuna amasada en una empresa tecnológica que intermedia entre aquellos que producen en serio y aquellos que consumen en la vida real, Galperín podría financiar dos años y medio de ingresos populares para un millón de familias en la Argentina.
Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tiene amasada con su posición monopólica en el mercado del acero, una suma idéntica a la del intermediario tecnológico Galperín. Con la de Paolo, se podrían pagar dos años y medio más de ingresos populares.
Si al lote le sumas a Pérez Companc, Eurnekian, Constantini, Roemmers y Bulgheroni, entre todos ellos podrían pagar siete años más de programas sociales.
La fortuna de siete empresarios podría financiar los estigmatizados “planes sociales” por doce años para 1.200.000 personas. Pero lo que se pone en el centro de gravedad es la guita que cobran los pobres, la forma en que se organizan y el tiempo que ocupan en trabajar para que no se pierda la cultura del trabajo.
El relato no pretende dejar implícita la solución al problema, porque el diagnóstico es solo una exhibición grotesca de los niveles obscenos de desigualdad social y de la injusticia que produce el modelo de acumulación vigente, que las voces hegemónicas y críticas del sistema político, apenas discuten sobre cómo gerenciar.
Un tema recurrente
Una estructura económica dependiente de intereses foráneos, cuyo aparato productivo y desarrollo industrial está fuertemente hegemonizado por empresas multinacionales, y un sistema político que sólo convalida, gestiona, administra y mendiga el financiamiento de lo público a esa estructura económica, tiene en forma indudable problemas estructurales de generación de trabajo.
Por la incapacidad de discutir una agenda patriótica que ponga en el centro de gravedad la dependencia económica, el debilitamiento de la soberanía y el dolor social que atraviesa las entrañas de las mayorías populares, la recurrencia del debate que nada transforma, deposita su mirada sobre la miseria que se deposita en los bolsillos de las mayorías populares.
Es tan poco novedosa la solución y tan recurrente las respuestas equivocadas al problema del trabajo, que las palabras de Cristina en Avellaneda, apenas aportan sorpresa y efervescencia, sobre una urgencia por siempre postergada.
“Todos los que tengan esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan, que las empresas puedan incluir eso que reciben como parte de su salario. Eso facilita que se los pueda tomar, son cientos de miles de argentinos, que de esa manera les abrimos una puerta, porque los necesitamos.”
La frase es de Mauricio Macri, la expresó el 1 de mayo de 2017 en un acto el microestadio de Ferro, organizado por el Momo Venegas. Era el lanzamiento formal del “Programa Empalme”.
Entre citas a Perón, Macri sostuvo: “Queremos que todo el mundo pueda acceder a un trabajo. Nuestro desafío es crecer para que haya empleo para todos los argentinos, y los que lo tienen, al haber mayor demanda, mejoren el suyo, con lo cual entramos todos en un proceso superador”.
Luego llegó el turno de Alberto Fernández, una vez conocido el resultado de las PASO, y con algún focus group que indicaba la necesidad de poner el tema del trabajo en el centro de la agenda, sostuvo: “Lo que debemos hacer es ver cómo convertimos los planes sociales en empleo” y lanzó el programa “A Construir”, sosteniendo que el objetivo es “recurrir a alguien que tiene un plan social y pueda dar trabajo porque lo que nos importa es recuperar el trabajo no sostener el plan social”.
Sobre la certeza que los planes sociales se asignan a personas desocupadas, se lanzó una política pública que replica anuncios efectuados para trabajadoras y trabajadores rurales, de casas particulares (Programa Registradas) y ahora de la construcción.
En noviembre de 2021, hace apenas seis meses, desde otro rincón de la alianza gobernante, Sergio Massa presentó el proyecto “Un puente al empleo” y se comunicó que “los ejes de proyecto serán: pasar de los planes sociales a planes de empleo y el alivio económico para las pymes”.
El texto trae muy poquitas novedades sobre cómo se piensa implementar el programa, lo que trae en su segundo capítulo, escondido detrás de las buenas intenciones, es una profunda amnistía para todo patrón que tenga en negro a sus trabajadores. Una amnistía completa en términos de multas, sanciones y cargas económicas que pudieran implicar haber negreado trabajadores durante su existencia empresaria.
Los blanqueos laborales tampoco son novedosos en la dinámica política argentina. El gobierno de Carlos Menem las impuso junto a sus múltiples reformas laborales. Como toda política laboral que apunta a mejorar las condiciones del empresario para facilitar la contratación, lo que termina impactando positivamente en los balances de los empresarios, y muy negativamente, en el trabajo efectivo.
Quizás, sí, mejoren un poco las estadísticas. Pero ¿trabajo? El trabajo es otra cosa.
En definitiva, como parece suceder más habitualmente de lo que pudiera imaginarse, los anuncios no terminan teniendo un impacto cuantificable en la realidad. Incluso, en muchos aspectos, siquiera terminan de comprenderse por dónde vienen o cuánto es de efectivo lo que se habrá de implementar.
En Avellaneda, el pasado 20 de junio, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que “Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015 pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales” y reclamó luego que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas” exigiendo al Estado, del que ocupa la vicepresidencia, que recupere el monopolio de la gestión de los recursos.
Al día siguiente, junto a una foto que ilustraba la reunión con el intendente de la localidad de Pehuajó, Pablo Zurro, Cristina sostuvo que el jefe comunal “acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”.
El proyecto de Zurro es bastante primitivo, aunque no muy alejado de los programas que ya están en marcha en el Estado Nacional y aquel que articulara sin destino alguno el diputado Sergio Massa. Zurro apenas propone un ajuste sobre los existentes, y bastantes imprecisiones sobre una multiplicidad de aspectos, pero en su esencia, sostuvo que, sobre el ingreso del Potenciar Trabajo, se le asignen cuatro mil pesos más por compatriota y una obra social, para dirigir el trabajo por cuatro horas diarias.
Hace apenas unas semanas, Juan Grabois, de la UTEP y Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, ofrecieron una charla en la legislatura bonaerense para proponer una “Renta Básica Universal”, una fórmula acuñada en otras latitudes, como soluciones europeas para los problemas argentinos.
El problema
La versión hegemónica del capitalismo moderno ha intentado presentar como una verdad irrefutable que los modelos de acumulación económica son incapaces de satisfacer la demanda de trabajo existente en el conjunto de la sociedad hipertecnológica.
Aceptar esa premisa, implica lisa y llanamente, renunciar a la justicia social como anhelo de aquellos que seguimos mirando nuestro futuro a la luz de una revolución inconclusa muy reciente en nuestra historia. Sencillamente, porque la riqueza en nuestro país no se evapora, tan sólo se concentra en muy pocas manos.
Desde sus orígenes, los fundamentalistas de la concentración de riqueza, han montado un estigma sobre los programas de empleo, catalogándolos como planes sociales, con sentencias estigmatizadoras relacionando los ingresos como un financiamiento directo de la vagancia. Lo cierto, es que lo que diferencia un programa de empleo y un plan social, es la contraprestación que implica ser beneficiario del programa.
El enorme dilema de la Argentina, no es la necesidad de eliminar los planes sociales. El problema es cómo surge el trabajo.
A esta altura de la historia, uno debiera poder concluir en las filas del peronismo, que subsidiando a los empresarios, garantizándoles la impunidad por contratar ilegalmente, asegurándoles que paguen menos impuestos, que dolaricen cartera, que la fuguen o especulen con la riqueza que produce nuestro país, no debiera ser el camino adecuado para resolver el problema.
Está claro, además, por las estadísticas coyunturales, que más exportación, más producción y mayor riqueza evidenciada en los balances, no se traduce en más y mejor trabajo, mas bien lo contrario.
Que haya voces en la Argentina que sigan reclamando ventajas para los empresarios como dinámica para generar trabajo, no es una sorpresa. El dilema es lo hegemónico que está resultando el lenguaje en las certezas que expresa el peronismo a la hora de la gestión de gobierno.
Lo que no se discute entre tanto ruido
En nuestro país, un puñado de empresas multinacionales hegemonizan el comercio exterior de granos, la producción de hidrocarburos tiene una fuerte intervención de YPF, pero es tan hegemónica la dependencia económica que opera como punta de lanza de las corporaciones trasnacionales a la hora de autorizar los saldos exportables y reclamar los subsidios en dólares a la rentabilidad de las petroleras.
El monopolio del acero lo ostenta Techint, el del aluminio Madanes Quintanilla, la minería está en manos extranjeras y el desarrollo industrial está tan subordinado a las cadenas de suministro del extranjero que se necesita importar descomunalmente las partes para la obtención de un producto, cuando podrían integrarse cadenas nacionalmente a partir de la sustitución de importaciones.
Nos falta nuestra industria naval, una logística por vías férreas que dinamice la integración territorial de un federalismo al que le borraron aquella planificación estratégica que había diseñado Julio De Vido en tiempos de Néstor Kirchner.
Nos faltan millones de viviendas, y no es menor el déficit habitacional, para pensar una rápida herramienta de un Estado en manos del peronismo que piense en generar trabajo.
Construir viviendas, con una empresa pública asociada a cooperativas de trabajo, que tuviera el volumen suficiente para disciplinar los precios de los materiales, no sólo dinamiza el trabajo material y efectivo de miles de compatriotas que se volcarían a la construcción. También dinamizaría el mercado de materiales e insumos.
Permitiría, además, generar una planificación de la ocupación territorial, el diseño de horizontes de producción popular en cada nuevo barrio que se construya. Pensar la comunidad organizada, detrás de ese barrio y en el camino, diseñar una respuesta integral al déficit habitacional.
Soberanía, federalismo, trabajo y dignidad, no son ribetes antojadizos de un sueño distópico. Son certezas nacidas de una experiencia muy reciente en nuestra historia, con profundas raíces en la organización popular.
Milagro Sala fue protagonista ineludible de la construcción de miles y miles de viviendas que cimentaron comunidad, que fueron el preludio de centros de salud y educación en todos los niveles, que forjaron el desarrollo de fábricas que dinamizaban la economía y el mercado interno local.
Un modelo de producción popular sostenido por el trabajo y la vivienda. No es el producto elaborado en un programa enlatado del Banco Mundial, si no la repetición de una iniciativa que había nacido de la mano de Néstor Kirchner, quien tenía algo a favor en todo este asunto: Fe en el pueblo.
Pero claro, Milagro Sala sigue presa por razones políticas, en un país al que le falta trabajo ahí donde le sangra la soberanía. Donde los funcionarios se turnan por ofrecer en el extranjero las riquezas nacionales, pretendiendo –a lo sumo- inducir un derrame para ajustar las cuentas con un pueblo que lucha por ingresos de subsistencia. Donde los debates se encierran en una foto y la vocación de poder tiene la apuesta corta y mezquina de estar cerquita de lapicera que rellena una lista.
Un tiempo en el que se ocupan ravioles en un organigrama, apenas para llorar por los rincones que no se puede transformar nada. Donde se desprecia fuerza popular organizada, para llorar después que nunca alcanzan las relaciones de fuerza para cambiar nuestra historia.
Si Evita los viera, a todos y todas, ¡Mamita!, ahí sí, ¡Mamita!
(*) Director de InfoNativa y vicepresidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA)
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